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La Corte de Apelaciones de Nueva York determinó hoy que Argentina podrá apelar la orden del juez Thomas Griesa, que le prohibió al Citibank el procesamiento de los pagos de bonos del canje de deuda emitidos bajo legislación nacional. Hoy se conoció que dicho tribunal rechazó un argumento de los fondos buitre, que habían solicitado descartar la apelación argentina, luego de la orden del juez Griesa librada en marzo último. El pasado 12 de marzo, Griesa denegó al Citibank su pedido de liberación definitiva del pago de bonos soberanos emitidos bajo ley argentina, en el marco del litigio que el país enfrenta con los fondos buitre.

"Si el Citibank procesa pagos de bonos reestructurados, viola la orden emitida por esta corte", sostuvo por entonces el magistrado, al referirse a la orden emitida bajo la figura de "pari passu" tomada el 23 de febrero de 2012, que impide a la Argentina realizar pagos a los acreedores del canje si no abona primero la sentencia a los fondos buitre, y que está vigente a partir de junio de 2014, cuando la Corte Suprema de EEUU rechazó el tratamiento del caso.

El consecuencia, el fallo de marzo de 2015 bloqueó los pagos de bonos de legislación nacional y los puso a la par de la restricción que sufrían los de legislación internacional, ya que hasta el momento el juez habilitaba "por única vez" los mismos, en la víspera de cada vencimiento. De esta forma, el Gobierno argentino quedó habilitado a apelar formalmente ante la Corte de Apelaciones la prohibición de Griesa.

La opinión de Griesa, según su orden librada en marzo último, es que el fallo de febrero de 2012 no habla en términos de "endeudamiento externo". Por eso, consideró que la participación del Citibank en la realización de pagos sobre bonos reestructurados “está prohibida”.

Esta orden generó que el Citibank y los fondos buitre buscaran alcanzar un acuerdo, donde la entidad se comprometía a irse del negocio de custodia de bonos de la Argentina, si se le daba un tiempo, esto es, la posibilidad de realizar dos pagos más a los acreedores de bonos locales que cobraban a través del Citibank. Concretamente, el banco acordó y luego anunció su decisión de retirarse del negocio de custodio de títulos en la Argentina.

Lo que el Citibank también acordó pero omitió explicar en un principio a los medios, es que renunció a su derecho de apelar el exceso de jurisdicción de la orden de Griesa que pretende interrumpir la cadena de pagos de los bonos regidos por ley argentina. A cambio, el fondo NML y el resto de los demandantes le permitirían realizar los pagos de marzo y de junio.

Este acuerdo fue refrendado por Griesa el 20 de marzo (pero se hizo público recién el lunes 23 de marzo) y posteriormente fue considerado ilegal por las justicia argentina.

El pasado 18 de mayo, la justicia argentina determinó a través de una medida cautelar, a raíz de una causa iniciada por el Poder Ejecutivo, que el Citibank se encuentra inhabilitado para abandonar la custodia de los bonos argentinos del canje, a la vez que suspendió la aplicación del acuerdo que firmó recientemente la entidad bancaria con los fondos buitre.

Previamente, el gobierno argentino intervino, a través de la Comisión Nacional de Valores, y sostuvo que el acuerdo del Citibank y los fondos buitre, "además de ser violatorio del orden público argentino al interferir en la regulación de su deuda pública, debió ser ejecutado por Citibank en la República Argentina, requisito que fue omitido aún cuando así lo exige la normativa vigente", según sostiene el texto oficial.

En consecuencia, la CNV procedió a quitarle al Citibank la licencia para operar bonos en la Argentina y el Banco Central sancionó al titular de la filial bancaria en Argentina, Juan Ribisich, con la remoción de cargo, debido a que el directivo "desconoció el marco legal vigente en el país respecto a las normas sobre reestructuración soberana".

Télam/RA