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El juicio por los crímenes de La Cacha, cuya sentencia se conoció en diciembre del año pasado, sigue provocando recursos y presentaciones en el interior de la justicia federal platense. Los fiscales, Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira, de la unidad que interviene en crímenes de terrorismo de estado en La Plata, presentaron un escrito la semana pasada –que trascendió recién hoy a través del sitio de la Procuración, Fiscales-, en el que apelan ante la Cámara de Casación Penal el grado de participación de Claudio Grande y Ricardo Espinoza, dos agentes civiles de inteligencia que actuaron en La Cacha.

Pidieron, además, que se les aumente el tiempo de cárcel de 13 a 25 años. “Cuando la fiscalía pidió la ampliación de la acusación (por los homicidios de Laura Estela Carlotto y Olga Noemí Casado), el Tribunal tomó la figura de secuestro seguido de muerte, y los calificó como partícipes secundarios. La fiscalía estuvo de acuerdo con esa participación pero sólo para la muerte, no para el secuestro y las torturas, para los que los consideramos autores”, explicó Schapiro a esta agencia. Con esa calificación la pena de Grande y Espinoza podría estirarse a 25 años.

Hace un mes,  el abogado Juan José Losino -defensor  de Grande- pidió la recusación de Schapiro y de dos secretarias del juzgado federal de instrucción 1, que hoy dirige Laureano Durán.

En 1977, Grande y Espinoza revistaban como Personal Civil de Inteligencia (PCI) en el Destacamento 101 del Ejército, que tenía su sede en el centro de La Plata y fue el organismo de espionaje de la subzona militar 11, con epicentro en la capital bonaerense. El centro clandestino La Cacha era una casona en las afueras de la ciudad, en la localidad de Lisandro Olmos, que "fue operado directamente por el Destacamento 101”, aunque también actuaron represores de la Marina, el Ejército y el Servicio Penitenciario bonaerense. El 19 de diciembre pasado, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata los consideró partícipes secundarios de las privaciones ilegales de la libertad y las torturas, en concurso ideal.

Cuando terminó el juicio, el abogado Juan José Losino –quien durante el juicio oral mantuvo un duelo particular con el presidente del Tribunal, Carlos Rozanski-, siguió enfrascado en el expediente. En sus presentaciones posteriores, como lo había hecho repetidamente durante las audiencias orales, planteó que Grande no era el Pablo de las guardias con el que lo asociaban algunos sobrevivientes en los reconocimientos fotográficos. Y aportó prueba para convencer que el verdadero Pablo otro ex agente del Destacamento 101 en cuyo legajo figuraba ese apodo, de nombre Estanislao Chiara Vieyra, que terminó detenido.

El 4 de marzo pidió el apartamiento de Schapiro por “severas irregularidades, desidia o comisión de delitos”, y de las secretarias judiciales Ana Cotter y Sandra Mañanes, estas últimas por haber permitido que se muestren fotos de los imputados por fuera del expediente.

Los fiscales Juan Martín Nogueira y Sergio Mola respondieron al escrito pidiendo su desestimación y el rechazo in límine (inmediato) de la recusación contra el fiscal y las empleadas del juzgado federal 1. “El escrito de Losino era un menjunje en el que, por ejemplo, decía que no se había impulsado la acción investigativa contra imputados que estaban muertos, o en una época donde todavía no era fiscal”, dijeron fuentes de la investigación. Ahora es el juez federal Laureano Durán quien tendrá la última palabra. Mientras que la Casación deberá resolver si son los 13 años o el doble los que los espías de La Cacha deberán pasar tras las rejas.

LB/LC