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La textil que fabrica las medias Elemento para Cheeky, Mistral, Grisino y Billabong tiene jornadas laborales de 12 horas. Sus casi doscientos empleados trabajan 72 horas por semana en la planta de Pompeya, bien por encima de las 48 que establece el convenio. Nunca se pagaron las horas extras, ni se autorizaron salidas para ir al médico y mucho menos para asistir a los actos escolares de los hijos.

Esa forma de trabajo tuvo un punto de quiebre: una supervisora se roció con combustible y se prendió fuego en medio en medio del taller. Estaba desbordada por la presión. Sobre esa tragedia nació la convocatoria a elección de delegados gremiales pero la empresa despidió a los dos candidatos y allí empezó una nueva pelea. María Ugarte y Eduardo Toro denunciaron los despidos como parte de una persecución sindical. La Justicia Laboral les otorgó un amparo que fue apelado por la empresa pero confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Ahora esperan la notificación formal a la empresa para, en los próximos días, intentar reingresar a sus puestos de trabajo.

“Hasta ahora la empresa no nos dejó reingresar. Desde que nos echaron volvimos tres veces: una vez después de que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, otra con un oficial de justicia cuando el juzgado nos concedió el amparo y otra con el sindicato. En todas pasó lo mismo, nos atendieron por una ventanita y nos dijeron que no nos iban a dejar entrar”, cuenta Eduardo Toro a Infojus Noticias. Durante cuatro años trabajó en la planta de Pompeya como obrero de Tejeduría. Allí fue durante cuarenta y ocho meses, de lunes a viernes, de 7 a 19, y los sábados de 7 a 13, y vio como la empresa creció y tomó más empleados al calor de la política de control de importaciones de la administración central, que puso freno a las medias llegadas de Asia a precio de remate.

Punto de quiebre

El cambio en las empresas Sarang Tongsang SRL y Crear Textil S.A, ambas socias en la producción de medias bajo el nombre de fantasía “Elemento”, terminó de cristalizarse el 29 de julio del 2013. Fue cuando la encargada de fábrica, Marina Bobarín, discutió con los directivos de la oficina de Recursos Humanos, que le reclamaban elevar los niveles de producción. Salió y, desbordada por la presión, se roció con alcohol y se prendió fuego. Ese día, los trabajadores volvieron a reunirse y a hablar sobre lo de siempre: las malísimas condiciones de trabajo y decidieron organizarse. Unos días después, los dos candidatos a delegados, Toro y María Ugarte, fueron cesanteados. 

Ugarte es una inmigrante boliviana trabajó diez horas y media por día de lunes a viernes, y los sábados cinco horas, durante 16 años. “Nosotros en carne propia sufrimos bastante. En todo este tiempo yo tuve un embarazo y el día que me puse mal en el rebajo avisé a mi empleador. A las 9 de la mañana le dije que me sentía mal pero el empleador me dijo que aguante hasta mediodía. Traté de aguantar pero me desangré y tuve ese día el aborto. Sólo así, cuando me estaba desangrando, me dieron permiso y me fui al hospital pero era tarde. Yo aguanté porque soy la que lleva el pan del día a mi casa”, contó Ugarte en una conferencia de prensa, poco después de que el Juzgado Nacional delTrabajo número 30 ordenara una medida cautelar para reinstalarlos en sus puestos mientras se resolvía la demanda por “persecución gremial”.

La respuesta de la empresa, que fue fundada en 1990 y también produce para una línea textil del supermercado Coto, no debería sorprender porque las violaciones de la legislación laboral no comenzaron el año pasado: “jamás contó con representación gremial en su establecimiento, pese al descuento de la cuota sindical del 2 por ciento practicada a los empleados registrados”, indicó el abogado en la demanda. Esa precisión cobra otro sentido al agregar que la mayoría de sus empleados estuvo en la “total informalidad” hasta 2004, cuando se produjeron inspecciones del Ministerio de Trabajo y decidieron llevar adelante una regularización” de su empleados, según detalló la demanda.

Violación de las leyes

En la presentación que realizaron con el patrocinio del abogado Matías Aufieri, Ugarte y Toro explicaron sobre qué base social se realiza la violación de las distintas leyes laborales: una mayoría abrumadora de los empleados textiles, son inmigrantes bolivianos, peruanos, y paraguayos, y dentro de ellos mayoría de mujeres. “Sobre estas dos condiciones, que implican un evidente y particular abuso patronal en las relaciones laborales (mayor aún que la debilidad que caracteriza a la parte obrera en cualquier vínculo laboral), se asientan las peores condiciones de superexplotación de las que se beneficia buena parte de los empleadores del rubro textil”, subrayó Aufieri, abogado del Centrode Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), que junto al Centro de Estudios Legales y Sociales y el Area de Economía y Tecnología de Flacso acompaña a los obreros.

Los datos del mercado parecen confirmar el planteo de la acusación porque durante la última década, la industria textil logró creció 160 por ciento entre 2002 y 2012, según datos del Ministerio de Trabajo y el Fundación ProTejer. Además, ProTejer precisó que en ese período las 15.000 firmas del sector lograron un valor bruto de producción cercano a los 4200 millones de dólares para el 2012. Se trata de un sector de la economía que pese a haber logrado ese desarrollo mantiene una informalidad en torno al 70 por ciento, según detallaron los investigadores del Conicet Esteban Ferreira y Martín Schorr en “La industria textil y de indumentaria en la Argentina. Informalidad y tensiones estructurales en la posconvertibilidad”.

Pero esta mejorar en la situación económico-financiera del sector cobra otra dimensión si se observa el desarrollo en particular del sector mediero: hay doce empresas medianas (con unos 200 empleados cada una) operando en la Argentina. Todas ellas cuentan con protección comercial y tienen tal desarrollo que conformaron una cámara sectorial propia: Cámara de Fabricantes de Medias y Afines (CAFAMA).

Los despidos se produjeron en septiembre y en noviembre la Justicia laboral de primera instancia ordenó la reincorportación. La empresa impidió el ingreso pese a que fueron acompañados por un oficial de justicia y apeló la resolución. El 24 de abril pasado, la Cámara de Apelaciones rechazó el planteo de la empresa textil y confirmó que Toro y Ugarte debían volver a sus puestos de trabajo y que debían realizarse las elecciones gremiales, de las que deberá participar la Asociación Obrera Textil (AOT). “Ya se libraron las cédulas de notificación y en cuanto esté la notificación formal a Elemento, Toro y Ugarte se presentarán a trabajar, tal cual ordenó la Justicia”, dijo su abogado.