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En medio de la investigación por la misteriosa muerte de su ex marido -en la que representa la querella de sus hijas- la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado deberá decidir en estos días si eleva a juicio un expediente sensible que tiene en su escritorio: la red de espionaje paralelo montada por Juan Bautista "Tata" Yofre, ex jefe de la SIDE durante el gobierno de Carlos Menem, con la participación activa de periodistas, empresarios de medios, ex militares y agentes de los servicios de inteligencia. “Le corrió traslado a las defensas, y luego deberá fijar la fecha de juicio oral”, dijo a Infojus Noticias una fuente de la investigación.

Un día antes de la Navidad pasada, el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, pidió la elevación a juicio de la investigación en la que consideró probado cómo operaba la red de Yofre: entre agosto de 2006 y junio de 2008, habían vulnerado las casillas de correo electrónico de funcionarios de primera línea, dirigentes sociales y hasta personajes de la farándula, copiaban cientos de mails y comerciaban la información.

Domínguez determinó que la asociación ilícita tenía al menos ocho miembros, y cumplían dos funciones distintas en el circuito del tráfico de información. Yofre, junto al director del portal “Seprin”, Héctor Alderete y los ex agentes de la SIDE Iván Velázquez -actualmente prófugo- y Pablo Alfredo Carpintero, se dedicaban a la “búsqueda, sustracción, revelación y comercialización ilegal de datos, archivos e información”. En buen romance, eran quienes “pinchaban” sin orden judicial las cuentas de mails. Los espías no se andaban con chiquitas: entre los políticos observados estaban Cristina Fernández, Néstor Kirchner, Daniel Scioli, Alberto Fernández, Nilda Garré, Hermes Binner, Jorge Taiana, Héctor Timerman y hasta los secretarios privados de la pareja presidencial. Entre las celebridades del espectáculo se contaban Susana Giménez y Gerardo Sofovich.

Con la información reunida, entraban en escena la segunda tanda de los miembros de la asociación ilícita: la acusación fiscal los llamó los “clientes”. El fiscal Domínguez consideró que formaban parte de la organización porque utilizaban los sobres que proveía el ex SIDE “con conocimiento del origen ilícito de la información”. Les imputó el delito de encubrimiento agravado, pero en distintas cantidades: 29 en el caso de García; 18 en el de Ick; 14 en el de Reimundes; siete en el de Pagni y cinco en el de Mainhard.

“Los 'clientes' captados por el ex secretario de Inteligencia tenían una cuenta de correo asignada, desde donde bajaban la información. Una vez utilizada, debían borrar el contenido. Este método de comunicación, al no realizarse de manera convencional, permitía mantener la dirección de IP oculta, y, por ende, se evitaba su difusión”, explicó el fiscal en el requerimiento.

Extrañamente, la investigación nació de una sospecha de la propia Secretaría de Inteligencia. Domínguez y Arroyo Salgado investigaron metódicamente durante dos años –incluyendo interceptación de correos electrónicos y escuchas telefónicas sobre los imputados-, y en junio de 2008 la jueza ordenó allanamientos simultáneos en las casas de los imputados. En esos operativos, secuestró “material informático y documentación relacionada con las hipótesis que se manejaban en el proceso judicial”, informó entonces el sitio Fiscales.gob.ar En la casa de Alderete, por ejemplo, encontraron un maletín oculto entre el elástico

Por estos días, Carlos Pagni, asesor político de instituciones y empresas del país y el exterior, opina desde las páginas del diario de los Mitre sobre la muerte de su ex marido. En una columna titulada "Más cerca de tocar fondo", escrita dos días después de la muerte del fiscal, el editorialista concluía: “La desaparición del fiscal condensa el desprestigio de la embestida oficialista sobre el Poder Judicial y el descalabro de los organismos de inteligencia. Dos fenómenos cuyo efecto sobre la sociedad es conocido: producen desasosiego”.

Yofre, por su parte, días atrás dijo que marchará el 18F. Y pidió que no se olviden de los "militares condenados en cárceles comunes", en referencia a los genocidas detenidos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. "Veo en las redes sociales que la gente pregunta si hay que ir a la marcha. Creo que 'todos somos iguales pero algunos somos más iguales que otros'", afirmó Yofre, y ratificó que concurrirá a la manifestación convocada por un sector del Poder Judicial al cumplirse un mes de la muerte de Nisman.