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La Cámara Civil y Comercial Federal será la encargada de resolver si el reciente fallo de la Justicia que dejó sin efecto una cautelar que favorecía a la Sociedad Rural en la causa por la venta del predio, resulta válido. La entidad ganadera apeló el fallo y la causa llegó a la Cámara. El martes pasado la Corte Suprema cerró el camino para que la causa pase a la Justicia Contencioso Administrativo Federal.

La semana pasada se conoció la noticia de que la justicia Civil y Comercial Federal levantó la medida cautelar que beneficiaba a la Sociedad Rural Argentina y que suspendió el decreto de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que declaró nulo un decreto firmado por el ex presidente Carlos Menem donde se aprobaba la venta del predio a precio vil.

Esta sentencia, firmada el 1 de junio por el juez Civil y Comercial Federal N° 8 Ivan Garbarino, fue apelada al otro día y el propio magistrado concedió el recurso y envió la causa a la Cámara en lo Civil y Comercial Federal pero con un detalle: el recurso fue concedido “con efecto suspensivo”. Esto es que la decisión del propio Garbarino quedó en “suspenso” hasta tanto la Cámara no se expida sobre el recurso presentado. Es decir: la medida cautelar que favorece a la entidad agropecuaria volvió a estar vigente.

Garbarino señaló que la medida cautelar concedida a principios de 2013 “había excedido con creces los límites temporales” fijados por ley y, a su vez, tuvo en cuenta la causa penal sobre la venta del predio donde juez federal Sergio Torres consideró que hubo “una ejecución de un plan previamente trazado y acordado entre los intervinientes” para la venta del predio y agregó que a la venta se le dio un viso de legalidad y de legitimidad para “brindar a la actividad un andamiaje que, a simple vista, fuera aparentemente incuestionable”. 

No cambia de fuero

A esto se suma que una sentencia del 2 de junio pasado firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon y Juan Maqueda rechaza un recurso de queja que presentó el Estado contra esa medida cautelar porque “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”. El máximo tribunal cerró así el último intento mediante un recurso presentado por los abogados de la Jefatura de Gabinete para que la causa pase a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, el fuero que en líneas generales es en donde se resuelven las demandas contra el Estado Nacional.

Esta causa ahora está en manos de la sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal, integrada por los jueces Ricardo Guarinoni y Alfredo Gusman; y hasta que estos resuelvan la medida cautelar a favor de la Sociedad Rural sigue vigente.

Las doce hectáreas del predio ferial de Palermo pertenecían al Parque Tres de Febrero, que hasta 1852 habían sido tierras de Juan Manuel de Rosas. En agosto de 1875 el predio fue cedido a la Sociedad Rural, y en diciembre de 1880 el gobierno de la provincia de Buenos Aires entregó los terrenos al gobierno nacional tras la firma de un acuerdo. Desde 1905, el Congreso nacional prorrogó periódicamente el usufructo del predio a la SRA, pero siguió siendo un bien de dominio público. Para enajenarlo, hacía falta otra ley del Congreso.

En febrero de 1990 un decreto firmado por los ministros de Economía y de Obras y Servicios Públicos, Antonio Erman González y José Dromi prorrogaba por 35 años el usufructo del predio a favor de la SRA. Así, el Estado continuaba el acuerdo tácito desarrollado desde 1905, pero sin que pasara por el Congreso. En una nota que pertenece al expediente administrativo 25.587/88 hay una nota del 14 de noviembre de 1991 en la que la SRA deja clara su intención de comprar el predio.

Cuatro días después, la Comisión de Venta de Inmuebles pidió la tasación a los bancos Ciudad e Hipotecario, que coincidieron en la cifra de 30 millones de dólares en dos dictámenes coincidentes y con la misma fecha. El 20 de diciembre, mediante el decreto 2699/91, se firmó el boleto de compraventa. El Tribunal de Cuentas de la Nación y el contador fiscal impugnaron la operación, lo que encarna una prueba clave para probar si existió una defraudación al Estado.

El juicio penal

Los 30 millones pagados se contradecían con una tasación oficial previa de 943 millones que contemplaba los usos comerciales posibles. La última tasación fue de la Corte Suprema de Justicia, que en 2006 determinó que el valor del terreno alcanzaba los 131 millones de dólares. La causa penal está en vías de juicio oral.

Doce personas serán juzgadas por el Tribunal Oral Federal N° 2. Entre ellos se encuentra el ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo. También serán juzgados Gastón Ramón Figueroa  Alcorta, quien era director de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales; el entonces presidente de la Sociedad Rural Argentina, Eduardo De Zavalía y su secretario Juan Ravagnan; el colega de Figueroa Alcorta en la Comisión, Matías Lucas Ordoñez; los empleados del área de préstamos del Banco Ciudad de Buenos Aires, Juan Manuel Insúa, Raúl Angelini y Ricardo Schapiro, y los miembros de la División Tasaciones del Banco Hipotecario Nacional, Jorge Frost, Carlos Ratto y Daniel Ivakhoff.

GA/RA