Infojus Noticias

A mediados de 1993, el presidente Carlos Menem fue recibido con honores en la 107 edición de la Exposición Rural de Palermo. El símbolo del poderío económico de la oligarquía agroganadera estaba en su esplendor. Ese año se había creado la unión transitoria de empresas para la explotación del lugar con la empresa norteamericana Ogden. Para esa fecha también el Banco Provincia había otorgado en tiempo record un crédito por 106 millones de pesos antes de completarse los informes técnicos. Dos años antes,Menem había firmado el decreto que permitió la venta del predio ferial a la Sociedad Rural Argentina (SRA), al que las corporaciones agropecuarias calificaron como una reivindicación histórica. Con la excusa de que se trataba de una asociación sin fines de lucro, la entidad pagó 30 millones de dólares por un terreno de 12 hectáreas que, según los peritos que lo tasaron, valía más de cien. Además de Menem, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y el entonces presidente de la SRA, Eduardo de Zavalía, hay otros nueve imputados que irán a juicio oral por el delito de peculado, que tiene una pena de entre dos y diez años de prisión.

La causa había sido declarada prescripta por la Cámara Nacional de Casación Penal, pero en el 2012 la Sala II de la Cámara Federal rechazó el planteo realizado por los acusados y ratificó la continuidad de la investigación en manos del juez federal Sergio Torres. Además, desestimó el sobreseimiento de Menem y ordenó su procesamiento. La decisión de la Cámara Federal  se basó en un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió que la causa no estaba prescripta.

En paralelo, se abrió una causa por "malversación de caudales públicos" a cargo del juez de instrucción en lo criminal porteño, Ricardo Farías. En septiembre de 2014, el magistrado procesó y embargó a los ex directivos Enrique Crotto y Raúl Etchebehere de la Sociedad Rural y al ex directivo de Banco Provincia por el crédito de 1993, cuyo fin era la construcción de un megacomplejo que nunca se hizo. Ahora, el fallo deberá ser confirmado por la Cámara en lo Criminal.

A mediados de noviembre de 1991, la Sociedad Rural hizo saber su interés en la compra del predio, que había usado desde 1905, y solicitó varias tasaciones. El cuestionamiento del juez es que estas tasaciones se consideraron como un terreno baldío y con un Código de Planeamiento Urbano desactualizado. “No solo se acordó un precio desconectado de la realidad de mercado, sino basada en parámetros inexactos o erróneos que sirvieron para conferir de maquillaje legal a las exigencias del proceso administrativo de venta”, dijo el juez en su escrito.  

Otro de los ejes de la imputación tiene que ver con cómo se hizo el proceso de venta. En su elevamiento a juicio –al que accedió Infojus Noticias- el juez Torres se preguntó por qué si desde 1907 fue siempre el Parlamento el que adoptó las decisiones concernientes al destino del inmueble, “de repente y cuando debía efectuarse una decisión vinculada con la “fijación del régimen definitivo del predio (que no necesariamente podía implicar una enajenación), el Congreso queda completamente ajeno y apartado de la noticia y de la negociación”.

El precio de la operación se pautó en un pago inicial de diez millones de pesos, cuyo vencimiento fue en marzo de 1994. Y se acordó que los veinte millones restantes se pagarían en diez cuotas de dos millones de pesos, a pagarse una por año. El pago final debería haber sido en 2004, pero las últimas tres cuotas nunca se terminaron de pagar. A pedido de la Justicia, la última tasación judicialseñaló que el predio ferial tiene hoy un valor mínimo de casi 132 millones dólares. Según inmobiliarias de la zona consultadas por Infojus Noticias, el valor real es mucho mayor a esa cifra.

Algunos de los funcionarios procesados reconocieron haber tenido contacto con directivos y autoridades de la SRA. En las indagatorias manifestaron que en ningún caso estos encuentros fueron con el objetivo de llegar a un acuerdo en cuanto al precio y a las condiciones de venta del predio. Sin embargo, el juez consideró que hubo “una ejecución de un plan previamente trazado y acordado entre los intervinientes”. Torres agregó que a la venta se le dio un viso de legalidad y de legitimidad para “brindar a la actividad un andamiaje que, a simple vista, fuera aparentemente incuestionable”.  

Y para el funcionamiento de ese plan, según el juez, fueron necesarias las intervenciones de cada uno de los imputados. Desde la firma de De Zavalía y el secretario Juan Ravagnan, como representantes de la SRA. Los pedidos de informes de valor solicitados por Gastón Ramón Figueroa Alcorta, como director de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales. Las valuaciones presentadas por los integrantes del área de préstamos del Banco Ciudad de Buenos Aires, Juan Manuel Insúa, Raúl Angelini y Ricardo Schapiro, y los miembros de la División Tasaciones del Banco Hipotecario Nacional, Jorge Frost, Carlos Ratto y Daniel Ivakhoff. Para Torres, todos estos empleados no podían desconocer el destino que iba a tener el predio.

También fue fundamental el dictamen para la venta de Gastón Ramón Figueroa Alcorta y de Matías Lucas Ordóñez, como autoridades de la Comisión Venta de Inmuebles Estatales y la posterior firma del boleto de compraventa por parte de Cavallo, entonces ministro de Economía.

La puerta comercial del predio

En 1993, la SRA hizo un consorcio con el Banco República y con el banquero Raúl Moneta, que tuvo a su cargo la organización de distintos eventos. La UTE se llevó adelante con Ogden Argentina, una filial de Ogden Entertainment, del paraíso fiscal de Delaware, en Estados Unidos. En 1995, esta UTE consiguió el usufructo por 30 años con el compromiso de construir un shopping con cines, restaurantes y un gran centro de entretenimiento, publicó Horacio Verbitsky en el diario Página/12. Tres años después, Ogden Rural consiguió un crédito por 106 millones del Banco Provincia, con la única garantía de la recaudación del proyecto y los derechos del usufructo sobre el terreno.

Para ese entonces, las denuncias por el uso irregular del predio se multiplicaron. Pedro Kesselman, de la Asociación Vecinos de Plaza Italia, le dijo a Infojus Noticias que impulsó varias denuncias por el uso indebido del lugar, pero que fueron desestimadas por los fueros contenciosos administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. “Estuvo mal vendido. Es una barbaridad la explotación comercial que se hizo durante todos estos años. No se puede hacer, porque el tipo de zonificación no lo permite”, dijo Kesselman.

Las denuncias de distintas organizaciones consiguieron frenar las obras y en consecuencia los negocios millonarios. Entonces, Ogden Corporation abrió convocatoria de acreedores y los empresarios Alejandro Shaw y Francisco De Narváez se quedaron con el predio mediante distintas configuraciones de sociedades como Boulevard Norte S.A y Shaw Capital S.A. “Representaban capital argentino y eran personas físicas, caras visibles”, argumentó Hugo Biolcati durante la asamblea de la Sociedad Rural, en 2003. Además, De Narváez se hizo cargo de pagar la deuda con el órgano estatal que administra los bienes del Estado (el Onabe). Mientras tanto, la Rural logró renegociar su parte de la deuda con el Banco Provincia.  

-La Rural se va a quedar con las responsabilidades y el que negocia con nosotros, con las utilidades -le dijo el ex presidente de la Rural Zavalía a Luciano Miguens, entonces titular de la entidad.

-No te voy a contestar. Cuando vos fuiste presidente, Palermo era un baldío -le respondió Miguens.

El predio está zonificado como UP, lo que significa Distrito Urbanización Parque. Son áreas destinadas a espacios verdes y parquización de uso público. El cambio de zonificación quiso llevarlo adelante De Narváez. Lo intentó dos veces, pero no consiguió la mayoría en la Legislatura porteña. En el mismo sentido se pronunciaron los jueces Roberto Gallardo y Elena Liberatori.

En 2012, De Narváez vendió sus acciones. El paquete accionario que maneja el predio quedó conformado por un 50% de la Sociedad Rural Argentina; 25% de Fénix Entertainment Group, dedicada a espectáculos y entretenimientos, y 25% de APSA, una firma del Grupo IRSA, dueña de varios shoppings como Alto Palermo, Alcorta, Patio Bullrich, entre otros.

Con los nuevos dueños, La Rural se presenta como el principal centro de ferias y exposiciones del país con 45 mil metros cubiertos, 10 mil metros cubiertos descubiertos y estacionamiento para más de mil vehículos. Atrae a millones de visitantes que recorren las instalaciones en busca de esparcimiento, entretenimiento, actividades culturales o nuevos negocios. Y sigue siendo, como siempre, la sede de la exposición rural que organiza la SRA.

La pelea por la recuperación

El mismo año que De Narváez se deshizo del predio y cuando se cumplieron 21 años de la venta, la presidenta Cristina Kirchner firmó un decreto para estatizar el predio ferial. El Gobierno argumentó que hubo “sustracción al patrimonio nacional” y que no hubo remate, ni licitación previa. Como respuesta, la SRA hizo otro lockout patronal convocado desde la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias. Además, presentó una cautelar en la Justicia. Acompañaron la protesta la Confederación Rurales Argentinas (CRA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y la Federación Agraria Argentina. Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena respaldaron la medida presidencial: “Sabemos que la propiedad de la misma pasó a manos de la Sociedad Rural bajo mecanismos de corrupción y presión, como tantas de las propiedades rurales que hoy están manos de las firmas y familias que componen la Mesa de Enlace".

Una semana después de la presentación de la cautelar, la jueza en lo Civil y Comercial Federal, Silvina Bracamonte, falló que hasta tanto no se resolviera el juicio referido a la situación de predio ferial, no podía hacerse lugar a la medida cautelar. La SRA apeló la decisión de Bracamonte y el 4 de enero de 2013, un fallo de la Cámara Federal Civil y Comercial – con votos de Graciela Medina, Ricardo Guarignoni y Francisco de las Carreras- le dio la razón a los empresarios ganaderos.

Por otro lado y a partir de la continuación de la investigación de la venta del predio a cargo del juez Torres, se abrió una nueva causa en el fuero civil. La querella a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) pide el embargo preventivo del predio, pero hasta ahora no hubo avances en el expediente. El organismo, además, pide que se anule el decreto que sefirmó el 20 de diciembre de 1991, exactamente diez años antes de los cacerolazos con la consigna “que se vayan todos” y la renuncia del presidente Fernando De la Rúa. También de los saqueos y los más de treinta muertos. Pero eso ya es otra historia.