La Corte reabrió la causa contra Menem por la venta de La Rural
El máximo tribunal hizo lugar a un recurso de queja planteado por el fiscal general que había sido mantenido por la Procuración General. Los jueces revocaron la extinción de la causa dictada por la Cámara Federal de Casación Penal.
Majo Malvares
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon de Nolasco, Enrique Petracchi, Carlos Fayt, Juan Maqueda y Eugenio Zaffaroni, hicieron lugar a un recurso de queja presentado por el fiscal General ante la Cámara de Casación, Ricardo Wechsler. El máximo tribunal revocó una sentencia de la sala III de la Cámara de Casación Penal que había declarado extinguida la causa contra el ex presidente Carlos Menem por “violación a la garantía del plazo razonable de juzgamiento” del ex presidente y lo sobreseyó por la venta supuestamente fraudulenta del predio de Palermo a la Sociedad Rural en 1991.
El máximo tribunal del país hizo suyos los argumentos del dictamen realizado por el procurador fiscal ante la Corte, Eduardo Casal, que a su vez se valió de los argumentos de Wechsler. Éste explicaba que “la naturaleza de la particular maniobra investigada” produjo que fueran “necesarias diversas medidas que lógica y justificadamente, hicieron más lento el proceso”.
Esos argumentos también explican que el hecho de que Menen no hubiera sido detenido en ningún momento del proceso es un dato a tener en cuenta “a fin de evaluar si se ha afectado la garantía de un juicio en un plazo razonable”. “Pese a lo prolongado de la investigación, su duración en modo alguno resulta irrazonable”, concluye Weschler.
La Corte Suprema, en el fallo dictado el pasado martes, revocó la sentencia de Casación y envió el expediente al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento “con arreglo al presente”, es decir que la causa no está prescripta.
Menem está investigado en la causa por haber participado como presidente de la Nación de la venta a la Sociedad Rural Argentina (SRA) el predio ferial de Palermo. La venta se oficializó por medio del Decreto número 2699 y cuyo boleto de compra venta fue firmado por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, y en representación de la SRA Eduardo de Zavalía y Juan Ravagnan.
Peritos de los bancos Ciudad de Buenos Aires e Hipotecario concluyeron que el precio base era de más de 131 millones de pesos pero la venta se realizó por 30 millones.
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