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La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó hoy los sobreseimientos de funcionarios menemistas implicados en la causa Thales Spectrum TSA). La Cámara de Casación Penal había sobreseído a los ex funcionarios y empresarios investigados por presuntas irregularidades en la concesión del espectro radioeléctrico. El máximo tribunal del país hizo lugar a los recursos extraordinarios presentados por el fiscal general de la Cámara de Casación Penal, Ricardo Weschler, y al apoderado de la querellante Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, la Corte revocó este martes el fallo de la sala la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Aquella sentencia fue considerada por la Corte como arbitraria y por eso revocó los sobreseimientos de Germán Kammerath (ex secretario de Comunicaciones de Menem), Alejandro Cima, Roberto Catalán, Roberto Uanini, Alberto Gabrielli, Matías Bordieu, Patricio Feune de Colombi, Luis Alberto Romero, Hugo Jorge Zothner, Pablo Francisco Arancedo, Juan Carlos Cassagne y Jorge Justo Neuss.

Los contratos con la empresa Thales Spectrum se rescindieron en 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner. Fue una de las primeras decisiones de su gobierno. Se tomó después de que se conociera un informe de la Auditoría General de la Nación, que hacía referencia a un millonario perjuicio al Estado. Los funcionarios y empresarios fueron imputados por una defraudación al Estado Nacional de 320 millones de pesos.

Todo había empezado durante el gobierno de Menem, que privatizó el espacio radioléctrico del país. En 1998 se firmó el decreto y adjudicó la licitación a la francesa Thales Spectrum. Las presuntas defraudaciones le habrían dado a esa empresa una rentabilidad neta superior al 150%.

La Corte Suprema hizo suyos los argumentos del procurador fiscal ante el máximo tribunal, Ricardo Casal, que en su dictamen de más de 100 páginas había opinado que correspondía hacer lugar a los recursos extraordinarios presentados. Casal consideró que el fallo de Casación Penal, firmado en 2011, significó “el apartamiento del deber que tienen los magistrados de extremar la averiguación de los hechos cuando ellos aparecen corno decisivos o siquiera importantes para la justa decisión de la causa”. Los imputados, entre ex funcionarios y empresarios, habían sido procesados sin prisión preventiva por su participación en el delito de fraude a la administración pública por haber obligado abusivamente al Estado a favor de la concesionaria Thales Spectrum de Argentina, al haber dictado un marco normativo que le era favorable a incumplir. En aquel momento se habían dispuesto embargos millonarios sobre sus bienes (embargos que iban de 5 a 200 millones de pesos). La Sala II de la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento pero luego de las apelaciones de las defensas la Cámara Federal de Casación Penal, con el voto de los jueces subrogantes Augusto Díaz Ojeda y Mariano González Palazzo, revocó el fallo. El juez Gustavo Hornos fue el único que en aquella ocasión se pronunció en disidencia.Esta situación s erevirtió hoy, con la decisión de la Corte Suprema.