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La Corte Suprema de Justicia confirmó la destitución del ex camarista mendocino, Luis Francisco Miret. El máximo tribunal le rechazó un recurso de queja presentado contra la decisión del Jurado de Enjuiciamiento que en marzo del 2011 lo había destituido de su cargo de juez por “mal desempeño en sus funciones”. Miret omitió investigar y denunciar torturas y vejaciones a personas detenidas durante 1975.

En agosto de 1975, Luis Francisco Miret se desempeñaba como juez federal subrogante de Mendoza. En el marco de un expediente donde se investigaba un presunto contrabando, ordenó allanamientos en la ciudad de Guaymallén. Unas once personas fueron detenidas –entre ellas una menor-. Según las actas labradas por los policías, allí se habían secuestrado “distintas armas de fuego", "diarios y panfletos de corte extremista” y “material político sindical”. Todos fueron llevados al Departamento de Informaciones (D2) de la policía mendocina por violación a la “Ley de Seguridad Nacional”.

León Eduardo Glogowski era uno de los detenidos en 1975. Durante su cautiverio fue torturado por la policía provincial. En septiembre de ese mismo año, y tras un informe de la policía que sostenía que todos “pertenecerían a una línea política de tendencia socialista troskysta”, fue indagado sin testigos por el entonces juez Miret. La víctima denunció “el mal trato recibido en la policía consistente en falta de alimento en los primeros días… tenerlo vendado y no sacarlo del calabozo para hacer sus necesidades y amenazarlos con un arma para que comieran vendados”. También denunció que en un calabozo contiguo, su novia de 17 años, “a gritos reclamaba que no la ultrajaran”. También le dijo a MIret "que cuando me golpeaban me trataban de judío", contó Glogowski durante el juicio que destituyó a Miret. El entonces magistrado mendocino le contestó: “¡y también con ese apellido!...”

Por hechos como este, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó a Luis Francisco Miret como camarista mendocino. El exjuez tenía conocimiento de los "delitos cometidos contra varios de los detenidos a su disposición a manos de integrantes de un grupo de tareas de la Policía mendocina", sostuvo el tribunal. “Debió haber actuado conforme lo establecía la legislación vigente, disponiendo los mecanismos correspondientes para proceder a la investigación de tales actos delictivos e identificar a los responsables de las vejaciones, torturas y robos de los que tuvo conocimiento y que, sin embargo, omitió toda diligencia procesal en ese aspecto", concluyeron.

Miret llevó el caso a la Corte Suprema mediante un recurso de queja ya que consideraba que el jury había “transgredido su derecho de defensa en juicio” y había desconocido los efectos de la renuncia que presentó. En 2010 Miret había intentado eludir el jury de enjuiciamiento presentando su renuncia. La maniobra fue frustrada ya que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no se la aceptó.

Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Maqueda desestimaron la queja presentada por el ex magistrado y confirmaron su destitución como juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Allí sostuvo que “la decisión del jurado de considerar como causal de destitución una conducta cumplida por el magistrado hace treinta y cinco años, es… inmune a la revisión judicial”. Sobre la maniobra de la renuncia que había intentado Miret para zafar del juicio político, la Corte explicó que “la facultad del Poder Ejecutivo de aceptar o rechazar la renuncia de un magistrado sometido al procedimiento del juicio político integra el ámbito de cuestiones políticas no justiciables”. “La renuncia de un magistrado, por su sola presentación, no puede, en forma automática, excluirlo del procedimiento político de remoción”, explicaron en la sentencia.

Miret fue “imputado por un cargo definido en base a una conducta descripta con precisión”; “tuvo las oportunidades procesales para ejercer su defensa mediante descargo, ofrecimiento de prueba y control de la producida por la acusación”; “su conducta fue evaluada con arreglo a los recaudos legalmente contemplados” y “fue destituido por el órgano en cuyas manos la Constitución Nacional depositó la atribución”, dijeron los magistrados que confirmaron su destitución.