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La AFIP denunció a la imprenta, de capitales estadounidenses,  Donnelley por infracción a la ley 26733 de Antiterrorismo y ahora el juez Daniel Rafecas deberá dar vista a la fiscalía para que determine si corresponde impulsar la investigación y ordenar medidas de prueba.

El juzgado deberá ahora dar vista a la fiscalía, a cargo de Patricio Evers, para que elabore un dictamen que de impulso a la investigación si considera que hay posible delito y pida medidas de prueba al magistrado.

El artículo 309 establece que "será reprimido con prisión de uno a cuatro años, multa de dos a ocho veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente".

"En igual pena incurrirá quien captare ahorros del público en el mercado de valores o prestare servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables, cuando no contare con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente", continúa el texto de la norma.

Concluye que "el monto mínimo de la pena se elevará a dos años cuando se hubieran utilizado publicaciones periodísticas, transmisiones radiales o de televisión, Internet, proyecciones cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas, circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de difusión masiva".

La presentación de la denuncia fue anunciada anoche por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.