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El titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, en representación de los bloques oficialistas del Congreso Nacional, cuestionó hoy las medidas cautelares que "paralizan las decisiones en el marco de la Constitución Argentina". "Ningún otro poder puede inmiscuirse en el desenvolvimiento de lo que es propio del Ministerio Público", afirmó Domínguez, durante una conferencia de prensa en el Parlamento, junto a los principales referentes legislativos del Frente para la Victoria. De esta forma, el oficialismo salió a rechazar la medida precautelar a través de la cual se suspendió la designación de fiscales dispuesta por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Garbó.

Domínguez dijo que “este Congreso votó un Código y por lo tanto la creación de cargos tanto para fiscales como para defensores, con el objetivo de cumplir y acelerar con los tiempos de investigación. Pero una vez más, una cautelar lo frena”.

El jefe del bloque de Senadores del Frente para la Victoria (FpV), Miguel Ángel Pichetto, aseguró hoy que Gils Carbó, "hizo uso de facultades propias" al cargo que ocupa en la designación de 16 fiscales generales, necesarios para la "resolución del delito organizado".

Pichetto dijo que los fiscales designados tienen con una vasta trayectoria en el Ministerio Público Fiscal, que fueron nombrados después de pasar todas las votaciones necesarias y las pruebas que un cargo como tal merece. También recordó que la medida cautelar que paralizó esos nombramientos había sido rechazada por la jueza natural (en licencia) Rodríguez Bidal el 30 de noviembre pasado.

La conferencia fue en el tercer piso de la Cámara de Diputados. En época de vacaciones, fuera de la sala donde se hizo el encuentro entre periodistas y diputados, los pasillos estaban vacíos. Mientras que algunos críticos hablan de una designación a ojo, basta revisar los currículums de los 16 fiscales para que eso quede desmentido.

El titular del bloque del FpV subrayó que la medida precautelar –como la que suspendió la designación de fiscales- "afecta la República y afecta el principio de división poder y el rol del Congreso". Además, Pichetto resaltó que se trata de "la defensa de la ley como principio de voluntad popular, que no puede ser violada por un acto solitario de un juez".

La diputada nacional Graciela Giannettasio, por su parte, enfatizó que la designación de fiscales “no lo puede judicializar otro poder del Estado”, al asegurar que el oficialismo no defiende a Gils Carbó, sino a “las normas” dictadas por el Congreso. “Uno de los jueces, el que hizo lugar al amparo (Lavié Pico), decía que si bien no conocía concretamente el tema tomaba la necesidad de tener una ley de implementación”, dijo Giannettasio, que expresó que la norma establece “expresamente que es para el Código Procesal, que es el primer anexo, el segundo anexo es la creación concreta de los cargos en cada una de las jurisdicciones de los fiscales y de los defensores”.

Lo que dice la Constitución

A través de un comunicado de prensa, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Diana Conti (FPV), afirmó que “el Congreso Nacional, dentro de sus facultades constitucionales específicas (artículos 75 incisos 20 y 32 y el artículo 120, Constitución Nacional) ha creado por ley 27.063 nuevos cargos dentro del Ministerio Público de la Nación”.

 “Su creación fue de absoluta necesidad y razonabilidad no sólo para la cercana aplicación de un nuevo procedimiento penal, sino para la mejor eficacia de la actuación de los fiscales y la defensa publica en la actualidad. Así se fundamentó en el debate legislativo”, destacó la diputada en el comunicado, donde aseguró que Alejandra Gils Carbó “consustanciada con esa necesidad, prontamente llenó los cargos con total legitimidad y legalidad”.

Conti afirmó además que “son facultades propias del Congreso para crear cargos judiciales y del Ministerio Público, las que se intentan impedir sin fundamento legal alguno y en defensa de intereses corporativos espurios”.

Domínguez había señalado el fin de semana que “esta decisión judicial desprecia la soberanía popular que representa el Congreso argentino” y aseguró que la "ley número 27.063 Anexo I, claramente expresa y ordena designar fiscales para que pueda operar el código procesal penal, es deber y derecho de la Procuración General de la Nación hacerlo y no todo lo contrario”.

Fiscales con Gils Carbó

Unos 80 fiscales y funcionarios judiciales manifestaron su apoyo a las designaciones que realizó la Gils Carbó para cubrir los puestos creados a partir del nuevo Código Procesal Penal. En un comunicado, calificaron las críticas contra la procuradora como “una campaña de criminalización” que “revelan la indolencia de quienes optan por defender espacios de poder individual en lugar de brindar respuestas a la población”.

Los fiscales y funcionarios judiciales señalaron que la decisión de la procuradora general de la Nación “cumple la exigencia de cubrir vacantes para impulsar la acción pública ante la comisión de delitos con el fin de acusar a los responsables en nombre de toda la sociedad”. La solicitada, publicada en los principales diarios nacionales, apunta a “responder a las expresiones que se han hecho públicas recientemente a través de distintos comunicados difundidos por grupos que se arrogan una representación plural, cuando sólo enuncian intereses particulares de algunos de sus miembros”.