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Los fiscales de Bahía Blanca Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia requirieron hoy la detención y la convocatoria a prestar declaración indagatoria de 70 ex miembros de fuerzas armadas y de seguridad por delitos sexuales cometidos contra 52 mujeres que estuvieron cautivas durante la última dictadura, en el marco de la causa en la que se investigan crímenes de lesa humanidad en el ámbito del Cuerpo V del Ejército.

La presentación de los fiscales fue formulada ante el juez federal Santiago Martínez y tiene por objeto "todas las víctimas mujeres que ya han sido requeridas porque la hipótesis de este requerimiento es que la totalidad de ellas han sido víctimas de violencia sexual". "Sostenemos un concepto amplio de violencia sexual que no se reduce a las violaciones o abusos, sino que el hecho de ser mujer en un Centro Clandestino de Detención y Tortura implicó ser víctima de violencia sexual, por la exposición a la desnudez, los insultos, el ir al baño con un hombre mirando, la higiene personal, lo que implicaba menstruar ahí", precisaron Palazzani y Nebbia en su presentación.

La presentación de los fiscales, de casi 100 carillas, recopila las pruebas obtenidas en la instrucción de las causas judiciales y en los debates orales desarrollados en la ciudad, uno de los cuales culminará la próxima semana. En ese sentido, Nebbia y Palazzani insistieron en que la cantidad de testimonios recabados demuestran la práctica sistemática de aquellos delitos y que, por lo tanto, no es necesario producir más elementos probatorios, salvo en los casos de víctimas que quieran y puedan declarar una vez más al respecto.

Los integrantes de la Unidad Fiscal de Bahía Blanca indicaron que gracias al avance de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad "hoy es indiscutible que los abusos sexuales fueron una de las facetas del fenómeno criminal" del terrorismo de Estado. Sin embargo, remarcaron que "los delitos sexuales perpetrados entonces todavía no han sido tratados en los procesos judiciales –al menos en nuestra jurisdicción– de un modo acorde con la verdadera dimensión que han tenido". En esa línea, los fiscales aventuraron dos razones que causaron esa ausencia: "las gravísimas consecuencias, tanto individuales como sociales y culturales, que estos tipos de delitos tienen para las víctimas que lo sufren" y "la profunda cultura machista, sin una perspectiva de género que la práctica judicial tiene".

Los fiscales diferenciaron en su presentación los delitos sexuales de los tormentos aplicados en los centros clandestinos de detención -cuya tipificación en el Código Penal protege bienes jurídicos distintos- y luego realizaron un pormenorizado recorrido por la jurisprudencia y doctrina internacional. Pusieron también de relieve la última condena por delitos sexuales dictada en Santa Fe a los jerarcas imputados por los crímenes en la localidad de Reconquista y los antecedentes previos de Mar del Plata (caso Molina) y también de Santa Fe (causa Barcos).

Violencia de género

Los fiscales aseguraron que "la violencia sexual durante el terrorismo de Estado fue violencia de género hacia las mujeres". Y remarcaron que esa práctica "no fue azarosa" . "Lejos de ser casos aislados, la violencia con connotación sexual fue generalizada y formó parte del plan general de aniquilamiento y degradación de la subjetividad de las personas. Fue otro de los métodos de dominación y destrucción masiva de personas", puntualizaron Nebbia y Palazzani.

En ese sentido, puntualizaron que los delitos sexuales, al igual que "el encapuchamiento o la aplicación de tormentos físicos" tuvieron la finalidad de "someter al individuo, dar un mensaje, marcar sobre el cuerpo y la psiquis del enemigo". Citaron, al respecto, un reglamento militar secreto: "El personal femenino podrá resultar tanto o más peligroso que el masculino, por ello en ningún momento deberá descuidarse su vigilancia", indica el documento castrense.

Los fiscales analizaron este precedente y otras construcciones realizadas por imputados en sus declaraciones ante diferentes tribunales y llegaron a la conclusión de que había en los represores "una doble calificación negativa sobre las mujeres. Por militante y por mujer". "La violencia sexual no se ejerció –en exclusividad– para satisfacer deseos genitales, sino que existe ahí, en esos actos, una manifestación de poder sobre el cuerpo de las víctimas", razonaron los representantes del Ministerio Público.

Al analizar cada una de las pruebas que sostienen esta acusación, los fiscales citaron el testimonio de una víctima, que revela "el terrorismo sexual que sufrió durante su cautiverio". Dijo la víctima: "Me llevan a un lugar, en el que sentí que me violaron. Con el cuerpo atado, me aplicaban picana. Tenía vergüenza por mi desnudez. Tenía mucha vergüenza, tenía miedo de que me violen, más que a que me maten". La misma mujer también relató las terribles consecuencias que esta experiencia tuvo en su vida posterior: "No quedaba embarazada, tenía miedo. Eduqué a mis hijas con pánico, mambos con respecto a la virginidad. Controlaba a mis hijas. Tenía miedo que desaparezcan. Vivo cada relación íntima como la primera. Me escape de tres ginecólogos. Vienen con la picana y tengo miedo. No es una picana dijo uno, es un espéculo, me derivo a un psicólogo".