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Carolina Varsky fue designada ayer coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Varsky trabajó diez años en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado y como parte de ese equipo jurídico fue abogada querellante en los juicios de casos como la Masacre de Trelew y la causa ESMA. Varsky también fue abogada de la familia de Mariano Ferreyra en el juicio por su asesinato.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad está a cargo del fiscal Jorge Auat. Su tarea principal es asistir el trabajo de las fiscalías de todo el país que intervienen en los procesos penales a militares y civiles responsables del terrorismo de Estado. Su principal función es que no haya obstáculos para la realización de los juicios.

En conversación con Infojus Noticias, Varsky adelantó las líneas de trabajo que promoverá desde la Coordinación que acaba de asumir. Por un lado se profundizará la investigación sobre los responsables civiles en causas en las que se investigan desapariciones, torturas y asesinatos en empresas como es el caso de la automotriz Ford y el Ingenio Ledesma.

“Esta Procuraduría es una expresión del firme compromiso en el avance del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad”, dice Varsky. "Y en esa tarea, el seguimiento de los casos es fundamental. Para esto vamos a implementar nuevas herramientas tecnológicas para la consulta de las causas e investigaciones, a crear una base a la que tengan acceso todos los fiscales de las distintas jurisdicciones para saber exactamente lo que se está juzgando, las víctimas y los testimonios que están en cada causa para poder incorporarlos a otros juicios. Esta es un línea muy importante que tiene que ver con la posibilidad de sistematizar la información y generar un registro histórico jurídico, con informes, estadísticas, cantidad de condenas y de procesos, imputados, prófugos en todas las jurisdicciones”, detalló la coordinadora de la Procuraduría.

Varsky también adelantó una línea que será fundamental en su nuevo rol. “Se viene trabajando en el enjuiciamiento en los casos de abusos sexuales durante la dictadura. Hay una resolución de la Procuradora Gils Carbó pero se nota que la actividad judicial en esta materia resulta deficitaria. Hay muy pocas condenas por delitos sexuales durante la dictadura y la intención es fortalecer el trabajo fiscal para solucionar las demorar e impulsar esos juicios”.

En noviembre de 2012, Gils Carbó instruyó a los fiscales para que investiguen los casos de abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado. La resolución pedía que los fiscales tuvieran en cuenta un documento elaborado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, el antecedente de la Procuraduría cuya coordinación asumió Varsky.

La unidad fiscal había señalado “el tratamiento judicial deficitario que reciben los delitos contra la libertad sexual cometidos durante el terrorismo de Estado en nuestro país”. Gils Carbó sostuvo en ese momento que esa falencia "es una de las circunstancias que explican el hecho de que el proceso general de juzgamiento de los crímenes contra la humanidad no refleje aún en toda su dimensión la faceta del terrorismo de Estado vinculada con los abusos sexuales".

Simultáneamente, la Procuraduría asumirá como nueva función reforzar el vínculo con los distintos actores de la sociedad civil y del Estado para que se puedan tratar inquietudes, propuestas y dar discusiones en todas las jurisdicciones del país con la participación de movimientos y organismos de derechos humanos y organizaciones relacionadas con la temática. “La intención es que pueda haber un mayor control social del trabajo judicial”, remarcó Varsky.