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La foto de Jorge Demetrio Cárdenas desangrándose en las escalinatas del Congreso, la madrugada del 20 de diciembre de 2001, había recorrido el mundo. Como tantos otros, Cárdenas sintió que era urgente salir de la comodidad del living de casa a protestar. Trataron de frenarlo porque la represión ya estaba en las imágenes de la televisión pero él dijo que era un trabajador al que también estaban robando, que había que ir para echarlos a todos. Entró al hospital Ramos Mejía con un balazo en la pierna y otro que le había perforado la arteria femoral. Salió con vida pero murió siete meses después. Hoy a mediodía sus hijos Juan Manuel, Verónica y Martín volvieron al Congreso para recordarlo y pedir justicia, con las remeras con esa foto y algunas Abuelas de Plaza de Mayo. Horas antes habían golpeado una vez más los despachos de los tribunales federales de Retiro en busca de respuestas, porque la justicia ya había considerado que su muerte no tuvo que ver con los tiros policiales y ellos piensan lo contrario.

Cárdenas tenía 52 años, era martillero público, llegó a ser delegado municipal en Libertad, partido de Merlo. Lo recuerdan como una persona solidaria que se había ganado el aprecio de sus vecinos. Le gustaba Sandro y Luis Miguel, aunque también Los Redonditos de Ricota. Y ya había tenido su propia batalla personal. En abril de 1994 en una emboscada que La 12 de Boca --entonces liderada por El Abuelo-- le hizo a hinchas de River mataron a su sobrino, Walter Vallejos, junto a otro chico, Ángel Delgado.  Cárdenas juró que iba a hacer justicia y siempre contaba con orgullo que había logrado la condena a 13 años por asociación ilícita del fallecido José Barritta. Verónica recuerda que su papá movió cielo y tierra por esa causa, y que así les dio “un ejemplo de vida”.

Los hijos Cárdenas organizaron el homenaje porque sienten que se impuso “la impunidad”, pero dicen que “a pesar de todo el dolor que nos mueve esta fecha no vamos a bajar los brazos, tenemos la esperanza de que el policía que le disparó a mi papá vaya preso, las balas no cayeron del cielo, los que tiraron están identificados”, explica Verónica a Infojus Noticias. “Es cierto, identificamos cinco nombres en los videos, están en el expediente de Comodoro Py”, agrega Juan Manuel Cárdenas. De hecho, durante la etapa de instrucción la fiscalía de Luis Comparatore y Patricio Evers había determinado que a las 3.30 de la madrugada del 20 un pequeño grupo de manifestantes acorraló a varios policías contra las puertas del Congreso, y les tiraban con lo que tenían a mano. La respuesta fueron las balas. Los fiscales solicitaron el procesamiento de Daniel Orgeira, Pablo Sánchez, Marcelo Martínez, Enrique Sánchez y Marcelo Britez porque aquel día en el ingreso principal del Congreso sobre la avenida Entre Ríos "utilizaron sus armas de fuego reglamentarias formulando disparos contra las personas que estaban en las escalinatas, entre quienes estaba Cárdenas".

 Comparatore y Evers explicaron que "se infiere que pudieron haber efectuado otros medios menos violentos para disuadir a los manifestantes, que no sea empleando armas de fuego, máxime cuando se encontraban en la cima de dichas escaleras y los manifestantes sobre los escalones, sin considerar además que los policías poseen tonfas para persuadir cuestiones como la presentada en la ocasión".

Aunque admiten que Cárdenas, Sebastian Palazuelo Cabrera y Marcos Real agredieron con "elementos contundentes", insistieron en que cada uno de los policías "ha querido lesionar al disparar sus armas, teniendo en cuenta la posición de cada uno de los que disparaba, y la irracionalidad y desproporción con que el personal policial" los repelió. Sin embargo, la jueza federal María Servini de Cubría ordenó la exhumación de cadáver de Cárdenas, dijo no haber encontrado ningún proyectil de bala y determinó que murió “porque era un hombre enfermo de diabetes”. Su hija replica esa versión. “Mi papá no era diabético sino asmático, y la bala que le sacaron en el hospital nunca apareció”, dice.

A Juan Manuel y sus hermanos les informaron hoy que el caso seguía abierto. La fiscalía federal 5 investiga las responsabilidades directas de los policías en las heridas que sufrió Cárdenas. Pero no integra la lista de 116 lesionados por los cuales serán juzgados los autores intelectuales y materiales de la masacre de 2001 (dos funcionarios de la Alianza, tres jefes policiales y varios de sus subordinados) en el proceso oral y público que comienza el 24 de febrero, y que contiene siete expedientes que ya estaban en condiciones de ser elevados a esa instancia. Esto es así porque el Tribunal Oral Federal 6 hizo un recorte de los hechos a partir de la orden de reprimir que dio el gobierno de Fernando de la Rúa a las 9 de la mañana, con la intención de “despejar la plaza” para poder llegar a la Casa Rosada.

Los hechos anteriores sólo serán mencionados como antecedente de lo que vino luego. Sin embargo, el nombre Cárdenas  surgirá en las audiencias como un antecedente fundamental. En junio de 2002, los jueces de la Cámara Federal Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani habían tomado como referencia “el suceso en que resultó herido de bala de plomo Jorge Demetrio Cárdenas” cuando pidieron la indagatoria a De la Rúa por homicidio culposo. Consideraron que el ex presidente debió haber tomado conciencia de la dimensión de la represión que había desatado con su orden de desalojar la Plaza de Mayo, como requisito para negociar con la oposición. “A partir de dicha circunstancia debió haber cesado la confianza de los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo en la policía, en lo atinente a la contención de las manifestaciones”, escribieron. Fiel a su estilo, De la Rúa estaba mirando otro canal e ignoró este “aviso elocuente”.