Infojus Noticias

Jeremías Leiva tenía 9 nueve años cuando murió, el 16 de diciembre de 2011, por una enfermedad bronquial. Vivía con su hermano Patricio en la Asociación Civil Servicio de Justicia para la Equidad Social (SERES), un lugar que nació en el barrio porteño de Barracas con habilitación falsa. Por la muerte del nene intervino la Defensoría del Pueblo de Barracas- La Boca y destapó el caso de la habilitación trucha. El expediente llegó a la Justicia y se descubrió que la asociación recibía subsidios del gobierno porteño. El dinero en vez de destinarse para beneficio de los niños, se desviaba a cuentas personales de tres autoridades de SERES, que terminaron condenados por la Justicia. La jefa de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, María Concepción Grosso, fue procesada y sobreseída en primera instancia. Sin embargo, en los últimos días se supo que la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal revocó ese sobreseimiento.

A fines de 2012, la jueza Elizabeth Paisán, titular del juzgado Criminal 20, procesó a tres autoridades de SERES por defraudar a la administración pública del gobierno porteño, pero sobreseyó Grosso porque entendía que no había delito. Casi un año después, los camaristas Mariano Scottoker, Juan Esteban Cicciaro y Mauro Divito establecieron que Grosso fue responsable de la “falta de supervisión y control de los gastos” del lugar, ubicado en Herrera 1175, Barracas. También por la “derivación de menores en un lugar no habilitado”. Ahora la causa volvió al juzgado 20, que tendrá que fallar otra vez con la actuación de la fiscal Susana Calleja. Desde el gobierno porteño no quisieron hablar con Infojus Noticias. “El expediente está en la Justicia”, se limitaron a decir.  

También fueron procesadas las funcionarias públicas María Vanesa Wolanik –directora General de la Niñez y Adolescencia- y Andrea Cisneros –área de Admisión, Evaluación y derivación de la dirección General de la Niñez y la Adolescencia, gestionaron la derivación de menores a la sede de la calle Herrera.

“Las tres funcionarias incumplieron sus deberes al dictar órdenes contrarias a las normas particulares contenidas en los convenios”, le dijo Abraldes aInfojus Noticias. Derivaron y avalaron el traslado de menores a una sede no autorizada, lo que habilitó el otorgamiento del correspondiente subsidio económico. El fiscal agregó que hasta hoy no recibió noticias del juzgado 20.

Las representantes de SERES procesados en primera y segunda instancia son la directora, Silvia Inés Tochoff, la secretaria Dolores Ferreiro Rivas y el presidente Jorge Alfredo Richard. Los dos últimos por la falsificación del certificado de habilitación municipal. A los tres se les trabó embargo por 500 mil pesos.

Desde la Defensoría, Comuna 4, le contaron a Infojus Noticias que los hermanos Leiva estaban en SERES porque no tenían familia que se ocupara de ellos. Durante el proceso judicial, Patricio y otros 30 nenes de la asociación fueron trasladados a la sede de Temperley, que sí estaba habilitada.

Convenios con el gobierno porteño

Cuando comenzó la causa judicial, SERES tenía vigentes dos convenios, firmados en 2010.  Uno de ellos bajo la modalidad “terapéutica” en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social. A través de este convenio la asociación se comprometía a ofrecer vacantes para ser utilizadas para  las derivaciones efectuadas por el gobierno porteño. Por ello, en 2011, el gobierno de Mauricio Macri otorgaba un subsidio diario de .47 por cada menor derivado directamente por la Dirección General de Niñez y Adolescencia.

El segundo convenio tenía que ver con la modalidad de “discapacidad”, mediante el cual se otorgaba un subsidio de 2.24 por cada menor que era derivado en forma directa desde la Dirección General de Niñez y Adolescencia.

Pijamas de importación

El gobierno porteño depositaba los montos de los subsidios en cuentas de la asociación, que a las pocas horas se transfería a cuentas de las autoridades de la asociación de los bancos Ciudad y HSBC. La Justicia descubrió que gran parte del dinero era gastado en compras efectuadas en el exterior, más precisamente en Europa.  “Se acreditó que con parte de los fondos percibidos por subsidios, adquirieron productos que no se relacionan con el giro normal de la asociación civil”, dijo el fallo de primera instancia a cargo del juzgado de Instrucción N°20. Uno de los gastos mensuales se hacía en el club Racing de Avellaneda.

En la causa, el presidente de la asociación declaró que los gastos en el local El Corte Inglés, de la ciudad de Madrid se debieron a la compra de pijamas para los niños de la asociación.  “Poco creíble”, le respondieron los camaristas de la Sala VII.

Un centro de internación

Seres se presentaba como un centro de rehabilitación con internación, un anexo de la sede central, en la localidad bonaerense de Avellaneda. Su objetivo decía, era el de brindar atención integral y rehabilitación a bebés y niñas/os, cuya problemática de salud así lo requiriera y con situaciones sociales de vulnerabilidad y riesgo.

Desde la Defensoría de la Boca-Barracas visitaron el SERES en diciembre de 2011 y constató que en el lugar había 30 niños alojados.  Los pequeños eran atendidos en hospitales pediátricos de la ciudad y que “en el ingreso de todos los niños interviene el poder judicial”. Cuando comenzó la causa judicial, el lugar se cerró.

Habilitación falsa

En la causa judicial tuvo que declarar Manuel Sandberg Haedo, titular de la Dirección General de Habilitaciones de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dijo que la documentación de la asociación era falsa. En  su declaración constó que el sello utilizado en los dos certificados tampoco coincidía con aquél que utilizaba para desempeñar tal función y que la repartición  “departamento de habilitaciones de plano” que figura en el certificado “no existió jamás, porque el departamento que ocupaba el funcionario Abel Guillermo Cammi para aquella época se denomina Departamento de Habilitaciones Simples con Plano”. También Cammi desconoció su firma en los dos certificados  y agregó que la habilitación del lugar debería ser especial y no simple.

La única habilitación que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires registra sobre el inmueble de la calle Herrera, data del 23 de junio de 1988. Se trataba de la empresa General Industria Argentina SA, cuya única actividad era la de un taller electromecánico.