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La muerte de dos nenes —de 7 y 10 años— atrapados por el fuego en un taller textil en el barrio porteño de Flores, derivó en una investigación en la Justicia Federal. En la causa, caratulada “N.N. s/averiguación de ilícito”, el juez Rodolfo Canicoba Corral busca determinar si en la vieja casona de Páez 2796 operaba una red dedicada a atraer con promesas laborales engañosas a hombres y mujeres que provenientes de países limítrofes, principalmente de Bolivia, terminaban siendo clandestinamente explotadas.

En la casa, el fuego se desató el lunes poco después de las 10 de la mañana. Los chicos que estaban al cuidado de sus tíos, Amparo Menchaca, de 41, y Julián Rojas, de 45, dormían en el sótano, donde quedaron atrapados por las llamas. Sus tíos fueron trasladados al Hospital Álvarez, donde les dieron de alta. Los vecinos dijeron que allí funcionaba un taller de costura textil y aseguran que después del incendio, otros talleres de la zona se desmantelaron.

Después del incendio, algunos de los vecinos del lugar se comunicaron al teléfono 145 de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Denunciaron que en los alrededores, día y noche, funcionan otros talleres clandestinos. Lo reiteraron también ante los agentes de la Policía Federal, el personal de la Oficina de Rescate que encabeza Zaida Gatti, de Migraciones y de Trabajo, que participaron de un allanamiento en la zona ordenado por Canicoba Corral.

Con el operativo el juez intentaba determinar si algunas de las personas que trabajaban y vivían en el taller incendiado se habían trasladado a otro, que supuestamente funcionaba en una vieja casa ubicada enfrente. “No se encontró un taller, era una casa de techos altos en la que se subalquilaban habitaciones, había una situación habitacional precaria pero no encontramos indicios que lo vincularan con el taller incendiado”, señalaron a Infojus Noticias fuentes que participaron del allanamiento. “Trabajan cociendo prendas, pero es un emprendimiento familiar”, aseguraron.

“No pudimos encontrar a nadie que hubiera trabajado en ese lugar. Los vecinos salían y hablaban, decían que en la zona funcionaban otros talleres que trabajan las veinticuatro horas, que desde el día del incendio, donde antes veían entrar a los talleristas con los bolsones de tela y ropa, ahora los vieron sacar máquinas y cargarlas en camiones”, aseguró uno de los funcionarios que participó del operativo.

“Después del allanamiento, el 145 recibió nuevas denuncias sobre otros talleres cercanos al lugar”, confirmó Zaida Gatti a Infojus Noticias e informó que “estos datos se hicieron llegar al juzgado de Instrucción N° 6, que lleva la causa”. En el juzgado aclararon que, por ahora, la investigación apunta al taller involucrado en el siniestro; y a esta otra casa en la que se dispuso el allanamiento, pero, dado que la investigación es reciente, no se descartan otras líneas de investigación.

El taller incendiado ya estaba siendo investigado. Hace siete meses, la Fundación La Alameda, presentó ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo un listado con veintiséis direcciones de lugares donde sospechan podrían funcionar talleres clandestinos y/o prostíbulos, y una de las direcciones era la de Páez 2796. La Procuraduría inició una investigación, y remitió un oficio al gobierno porteño consultando si estos lugares estaban habilitados o habían sido objetos de controles.

“Por intermedio de la presente cumplo en informar que en virtud de la nómina de domicilios reseñados en el oficio de referencia, no se registran inspecciones en materia de Higiene y Seguridad, en los mencionados a continuación”, respondió el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y detalló un listado que incluye a Páez 2796. Así consta en el documento que difundió La Alameda. Ese texto desmiente a la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, que ayer en un programa de televisión aseguró que "ese lugar no estaba denunciado como taller clandestino".

Ante el entredicho, los legisladores porteños José Cruz Campagnoli, Claudia Neira y Gabriela Cerutti presentaron ayer tres pedidos de informes para que el Ejecutivo de la Ciudad amplié la información al respecto. Neira aseguró que “el trabajo de la PROTEX en la ciudad de Buenos Aires se ve obstaculizado por la falta de cooperación de los organismos porteños. En la práctica, la gestión del PRO pareciera no reconocer la explotación laboral como una de las formas más comunes y recurrentes de trata de personas”.

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