Infojus Noticias

El conventillo de Rocha, en La Boca, se distinguió durante años por la fachada amarillo patito. Hoy el frente es una pared de ladrillo hueco revestida con cemento gris. Por delante, para ratificar que es una obra en construcción, quince tablones de madera de pino forman una inútil empalizada. Al interior hay largos tablones, caños y palos apilados. Apenas queda un techo de chapa de cinco o seis metros cuadrados, sostenido por unas cuantas tablas. Entre esas maderas, un carrito de bebé sepultado por chapas y vidrios rotos caminó el juez Andrés Gallardo esta semana.

El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la ciudad de Buenos Aires inspeccionó cuatro conventillos del barrio de La Boca, todos pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). El objetivo era constatar las condiciones de los edificios, afectados a un proceso judicial que impulsan la Defensoría del Pueblo y la Asesoría Tutelar por el incumplimiento de un compromiso histórico del IVC, de puesta en valor de las viviendas y dar una solución habitacional a cientos de familias.

El miércoles por la mañana Gallardo partió de su juzgado, en Avenida de Mayo al 600, acompañado de su secretaria, un prosecretario y un auxiliar. Un remís negro de alta gama los esperaba para llevarlos a La Boca, donde ya los esperaba un custodio del juez. Infojus Noticias fue un testigo privilegiado del operativo de inspección.

En Rocha, el primer conventillo visitado, queda una familia. No se quiere ir porque sabe que las condiciones ahí son mejores que las de los hoteles a los que el gobierno de la Ciudad suele enviar personas en forma transitoria. El resto ya fue trasladado al conventillo de Arzobispo Espinosa, donde estarán temporalmente hasta que se construyan las 23 soluciones habitacionales que están pautadas para el ex conventillo de Rocha.

Muchos decidirán quedarse en Espinosa, y quizá no vuelvan nunca al que fue su hogar. La construcción demorará un tiempo, porque los planos que se habían presentado en el juicio ya se vencieron, y el IVC los debe volver a presentar.

Al llegar a Rocha 1031/3 había ocho policías de la Metropolitana, y numerosos funcionarios trajeados que esperaban la llegada del juez. Silvina Penella, de la Defensoría del Pueblo, se adelantó a saludarlo con un abrazo. Detrás de ella, con una sonrisa rodeada de barba gris, aguardaba el Asesor Tutelar Jorge Luis Bullorini. Hugo Campos, en representación del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), fue el primero de los funcionarios del Ejecutivo porteño que saludó a Gallardo. A lo largo de la inspección en los cuatro conventillos, sería el encargado de poner el cuerpo para recibir los golpes de Gallardo. Siempre con el gesto imperturbable y soltando alguna broma cuando el juez endurecía el tono de sus comentarios.

-Van muy lento –dijo Gallardo.

Campos se enredó en explicaciones sobre los avances de las obras. Los trabajos en el conventillo, que comenzaron hace pocas semanas, deberían haberse cumplido hace dos años, según indica el expediente, al que accedió Infojus Noticias.

El terreno tiene cerca de mil metros cuadrados. A pocas cuadras de Caminito, se cotiza mucho para las constructoras y los especuladores inmobiliarios, que ven en los conventillos derruidos la posibilidad de extender sus negocios hacia el sur de la ribera. El plan de los especuladores es emular allí torres de lujo como las de Puerto Madero.

Bajo presión

El segundo conventillo inspeccionado fue el de Daniel Cerri 1150/2. Hasta allá fue toda la comitiva: juez, secretarios, funcionarios, policías. Al llegar, Gallardo constató que todavía falta desalojar a más de cinco familias, reubicarlas temporalmente, y cumplir con los trabajos de desmantelamiento y demolición.

Mientras tanto, por un plan de contingencia que ordenó Gallardo a través de una medida cautelar, hace un tiempo se levantaron algunos cuartos de durlock para paliar la urgencia de las familias que viven en peores condiciones.

Dos de las habitaciones que están en buen estado se ubican al fondo del conventillo. Mirta Araujo vive en una de ellas, y mientras el juez recorría los cuartos del frente, le contó a Infojus Noticias que las reparaciones en su casa se hicieron en los últimos días, y que “recién ayer terminaron de pintar”.

-Es habitual que los funcionarios del Gobierno de Macri apuren las gestiones cuando los vencimientos son inminentes, o la presión del juzgado ya es inevitable –dijo Gallardo.

-¿Por qué se llueve el techo? –le preguntó el juez a Campos, el funcionario del IVC,
señalando el parche de cartón entre las chapas. Cerca de diez personas, entre funcionarios judiciales y del Gobierno porteño, habían entrado a la casa de Carolina Alcaraz, cuyas dos ventanas a la calle no alcanzaban para ventilar el olor de sus perros.

-Es que hay que terminar de desmontar arriba para armar la base y evitar filtraciones –respondió Campos, y auguró una discusión de la que le sería difícil salir.

-El techo de abajo no se puede arreglar porque falta desmontar arriba, el piso de arriba no se puede desmontar hasta que no se afirme la estructura de abajo, y siempre hay alguna excusa para no hacer las cosas, Hugo –reaccionó Penella, de la Defensoría del Pueblo.

-Es que todo está relacionado –soltó Campos. Pero ya a nadie le importaba oír la excusa. Beatriz, la secretaria del juzgado, redactaba el acta que después firmarían todos, y donde quedarían asentados los incumplimientos.

En Arzobispo Espinosa hay un colorido complejo de departamentos, al que debían ir las familias censadas en 2011 en las casillas y habitaciones precarias de Rocha, Cerri y Brasil 1340. El complejo se construyó como solución transitoria, hasta tanto el gobierno de la Ciudad pusiera en condiciones los demás edificios, pero muchas de las familias allí ubicadas podrán quedarse, y asumir una deuda a treinta años, pagando cuotas mensuales que no excedan el veinte por ciento de sus ingresos.

Espinosa 351 está ubicado a dos cuadras del Hospital Argerich, y a cinco del Parque Lezama. Tiene más de cincuenta departamentos y, aunque en general está en muy buenas condiciones, todavía trabajan para refaccionar un sector. Gallardo encontró que aún no había gas en ninguna de las dos plantas del amplio complejo, a pesar de que ordenó su instalación hace más de seis meses. El IVC, a cargo de las refacciones, aseguró que la obra ya fue realizada, y que esperan a Metrogas para que conecte el servicio.

En el procedimiento, la vecina Inés Montes aseguró a Infojus Noticias que la vida en Espinosa es muy agradable, especialmente en comparación con la situación anterior, pero que no se va a quedar ahí.

-Yo quiero volver a Rocha, porque es mi barrio, viví ahí toda mi vida, y luché por mi vivienda durante casi treinta años –dijo la mujer.

En todo ese tiempo hubo muchas idas y vueltas, pero los especuladores inmobiliarios se encontraron con un compromiso de rehabilitación del barrio que asumió el IVC hace más de veinte años, y al que el Gobierno de Macri no puede renunciar. El juicio promovido por la Asesoría Tutelar y la Defensoría del Pueblo porteña es para que el Ejecutivo cumpla con las obras a las que se obligó, y en el marco de la acción de amparo que tramita el juzgado de Gallardo, hay veintiún conventillos.

Hace dos años ordenó el desalojo y reubicación de las familias, la demolición de los edificios y la construcción de soluciones habitacionales dignas, que se les ofrezcan en un plan de pagos accesible. Como respuesta, Macri lo recusó, y lo apartaron de la causa. El expediente pasó por manos de varios jueces, hasta que llegó al despacho de Andrea Danas, y se dio marcha atrás con las cautelares pensadas para paliar las situaciones más urgentes. Recién en agosto se la Cámara devolvió las actuaciones al juez con más recusaciones de la Justicia porteña, que volvió a exigir al Ejecutivo que cumpla con los planes de obra.

Veintisiete años de conflicto

En el edificio de Brasil 1340 hay tres plantas. Es una mole de cemento y rejas en la que todavía viven cuatro familias. Los pasillos silenciosos, similares a los de un pabellón carcelario, puede leerse: “IVC ratas, hijos de puta, queremos nuestra vivienda” y “Basta de mentiras, vivienda para todos, aguanten las familias”.

Gonzalo Duarte, un joven de diecinueve años que va a ser papá cuando termine el verano, se quejó de que el IVC nunca le consultó su situación, y anticipa que si no se lo tiene en cuenta para una vivienda en otro lado, llegará el día en que se deba demoler el hogar de tránsito y a él lo dejen en la calle.

Su planteo es cierto pero complejo: cuando fue censado en 2011, formaba parte del grupo familiar de su madre. Su hermana, que tiene dos hijos, vive al lado suyo en otro cuarto similar, y entre los dos no superan los doce metros cuadrados. Cocina, baño, cuarto y sala de estar son un mismo ambiente. Una cama en el medio, una televisión y dos repisas es todo el patrimonio de Gonzalo. Su madre ya se mudó al complejo de Arzobispo Espinosa, con su pareja y una tercera hija, pero los jóvenes avisan que no tienen diálogo con ella.

A casi todas las órdenes de Gallardo, Campos y los funcionarios del IVC y el Gobierno de la Ciudad propusieron plazos de una semana, diez o quince días. En principio, en una semana se comenzará a construir en el terreno de Rocha, en diez días se terminará de desalojar a las familias de Cerri, en una semana habría gas en Espinosa, y en un quince días no habrán personas en la mole de la avenida Brasil. A todo eso le deben seguir obras nuevas, para levantar soluciones habitacionales dignas para las familias que vivieron allí durante muchos años, pero eso demorará otros cuantos meses.

El conflicto de los conventillos lleva veintisiete años, los desalojos de estos cuatro fueron ordenados en 2011, y en el transcurso de los últimos dos años, el expediente pasó por manos de cinco jueces -desde que Gallardo fue recusado, hasta que volvió a su juzgado en agosto-. Resulta entendible entonces que a las familias les cueste creer que en diez o quince días la gestión de Mauricio Macri ponga fin a su agonía.