Infojus Noticias

El juez Andrés Gallardo, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la ciudad de Buenos Aires, realizó una inspección sobre cuatro conventillos del barrio de La Boca pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). “Va muy lento”, le confió a Infojus Noticias cuando quiso calificar el avance de las obras que ordenó hace varios meses, y que el Gobierno de la Ciudad se comprometió a realizar en el marco de un programa de recuperación del barrio que se lanzó en 1984.

El procedimiento se realizó para constatar las condiciones en las cuales se encontraban los edificios, afectados a un proceso judicial que impulsan la Defensoría del Pueblo y la Asesoría Tutelar por el incumplimiento de un compromiso histórico del IVC, de puesta en valor de las viviendas y dar una solución habitacional a cientos de familias. El juez Gallardo había ordenado el desalojo y relocalización de las familias en forma transitoria, para poder encarar obras de refacción y acondicionamiento de los edificios. Las estructuras son inhabitables y están al borde del derrumbe. Los trabajos avanzaron, pero los resultados aún son escasos y llegan con mucha demora.

La inspección se realizó en los edificios de Rocha 1031/3, Daniel Cerri 1150/2, Arzobispo Espinosa 351, y Av. Brasil 1340. En Arzobispo Espinosa hay un colorido complejo de departamentos, al que debían ir las familias censadas en 2011 en las casillas y habitaciones precarias de Rocha, Cerri y Brasil. El complejo se construyó como solución transitoria, hasta tanto el Gobierno de la Ciudad pusiera en condiciones los demás edificios.

Espinosa 351 está ubicado a dos cuadras del Hospital Argerich, y a cinco del Parque Lezama. Tiene más de cincuenta departamentos y, aunque en general está en muy buenas condiciones, todavía trabajan para refaccionar un sector. Gallardo encontró que aún no había gas en ninguna de las dos plantas del amplio complejo, a pesar de que ordenó su instalación hace más de seis meses. El IVC, a cargo de las refacciones, aseguró que la obra ya fue realizada, y que ya se habían contactado con Metrogas para que conectara el servicio.

Antes de llegar a ese complejo, las familias vivían entre chapas y cartón, muy precarias a pesar de alguna que otra pared de ladrillos o material. Muchos chicos, viviendas de cuatro por cinco metros en el mejor de los casos. En el procedimiento, la vecina Inés Montes aseguró a Infojus Noticias que la vida en Espinosa es muy agradable, especialmente en comparación con la situación anterior, pero que no se va a quedar ahí. “Yo quiero volver a Rocha, porque es mi barrio, viví ahí toda mi vida, y luché por mi vivienda durante casi treinta años”.

Rocha fue demolido casi en su totalidad. Todavía queda un cuarto donde vive una familia, pero las condiciones ahí son mejores que las de los hoteles a los que el Gobierno suele enviar personas en forma transitoria. Gallardo entró al terreno pisando escombros y acompañado de la secretaria del juzgado, el prosecretario –que registraba la inspección con una filmadora- y un auxiliar. A su lado, un custodio cerraba la comitiva judicial, y le daba la espalda a un carrito de bebé destruido, mimetizado con las maderas y chapas derrumbadas.

El juez constató que aún falta desmontar parte de la estructura y limpiar el terreno, para comenzar a construir. Los planos de las nuevas unidades funcionales fueron presentados en el juzgado hace mucho tiempo, pero terminaron vencidos por las dilaciones del Gobierno porteño. Hugo Campos, funcionario del IVC, se comprometió a que se presentaran nuevamente en el transcurso de la semana próxima. Sin ese trámite, la construcción no puede comenzar.

En Cerri todavía falta desalojar a más de cinco familias, reubicarlas temporalmente, y cumplir con los trabajos de desmantelamiento y demolición. Apenas se reubicaron algunas familias en el edificio de Espinosa, pero no se avanzó mucho con las obras. Mientras tanto, por un plan de contingencia que ordenó Gallardo a través de una medida cautelar, se levantaron algunos cuartos de durlock para paliar la urgencia de las familias que viven en peores condiciones.

Dos de las habitaciones que están en buen estado se ubican al fondo del conventillo. Mirta Araujo vive en una de ellas, y mientras el juez recorría las habitaciones del frente, le contó a Infojus Noticias que las reparaciones en su casa fueron realizadas en los últimos días, y que “recién ayer terminaron de pintar”. Es habitual que los funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri apuren las gestiones cuando los vencimientos son inminentes, o la presión del juzgado ya es inevitable.

En el edificio de Brasil hay tres plantas. La reja que antecede a la puerta y el vidrio roto del ventiluz anticipan un escenario complicado. Al abrir la puerta, cuatro custodios asignados por orden de Gallardo recibieron a la caravana de funcionarios. Primero ingresó Gallardo, con la secretaria del juzgado, a cargo de la redacción del acta. Detrás, Jorge Luis Bullorini, asesor tutelar de primera instancia, y Silvina Penella, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Últimos, refunfuñando, Hugo Campos y otros funcionarios del Gobierno porteño. Allí se desalojaron casi la totalidad de las personas, aunque resta trasladar a cuatro familias. Los pasillos, similares a los de un pabellón carcelario, llevan el mensaje claro de quienes habitaron ese esqueleto derruido. Los graffitis rezan: “IVC ratas, hijos de puta, queremos nuestra vivienda” y “Basta de mentiras, vivienda para todos, aguanten las familias”.

A casi todas las órdenes de Gallardo, Campos y los funcionarios del IVC y el Gobierno de la Ciudad propusieron plazos de una semana, diez o quince días. En principio, en una semana se comenzará a construir en el terreno de Rocha, en diez días se terminará de desalojar a las familias de Cerri, en una semana habría gas en Espinosa, y en un quince días no habrán personas en la mole de tres pisos de Av. Brasil, para comenzar nuevas obras en ese espacio.

El conflicto de los conventillos lleva veintisiete años, los desalojos de estos cuatro fueron ordenados en 2011, y en el transcurso de los últimos dos años, el expediente pasó por manos de cinco jueces -desde que Gallardo fue recusado, hasta que volvió a su juzgado en agosto-. A las familias les cuesta creer que en diez o quince días, la gestión de Mauricio Macri ponga fin a su agonía.

Fotos: Sol Vazquez