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El Tribunal del Trabajo 6 de San Isidro rechazó el pedido de la fábrica de cables para autos Lear de aplicar el “desafuero cautelar” para los cuatro delegados gremiales. En su resolución, los jueces consideraron que la multinacional no logró convencerlos sobre la supuesta participación de los sindicalistas en el bloqueo del ingreso a la planta de Pacheco.

Si bien los jueces Emilio Romualdi, María Jaime y Sara Nasiff resolvieron “rechazar la medida cautelar” solicitada por Lear, que enfrente un conflicto laboral por el despido y suspensión de dos centenares de empleados, aclararon que esa decisión “no implica avalar ningún tipo de reacción violenta de las partes”.

“En el estrecho marco de una medida cautelar donde el objeto de la pretensión procesal es la suspensión de la prestación de servicios del trabajador, los hechos que justificarían hacer lugar son los que deberían haber ocurrido en la planta  y que surja con claridad de las pruebas aportadas”, señalaron los jueces en una resolución de cinco páginas.

El conflicto sindical comenzó el mes pasado con la suspensión sin plazo a 330 de sus 700 operarios y continuó con varios despidos. La decisión de la empresa estadounidense, que provee de cables a Ford, generó una serie de protestas en reclamo de la reincorporación de los suspendidos, primero, y de los despedidos, después.

“Las pretensiones de la empresa estadounidense de que la justicia ‘avale’ el accionar ilegal de impedir el ingreso a los delegados, que viene llevando adelante desde hace diecisiete días en pleno conflicto colectivo, han sido categóricamente condenadas”, sostuvo el abogado Edgardo Moyano, quien defiende a los trabajadores de Lear.

Señaló que se suman cuatro fallos judiciales que  “obligaban a la empresa a permitir el ingreso de los delegados” y consideró: “Ya no quedan más excusas, Lear tiene que respetar la legislación argentina".

Lear Corporation tiene 221 filiales en 36 países y el año logró ganancias por 16 mil millones de dólares a nivel global. Los resultados de la planta de Pacheco, donde se produjeron las cesantías, llegaron a los 473 millones de pesos durante 2013.