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Durante un megajuicio de lesa humanidad en San Juan en el que son juzgados siete represores, los abogados querellantes que representan a las víctimas pidieron en abril pasado que se investigue la conducta de dos ex funcionarios de la Justicia Federal de esa provincia. Se trata del ex fiscal federal Juan Carlos Yannello y el ex secretario Raúl Plana. Se los acusó de no haber actuado a pesar de tener conocimiento de que se detenía y torturaba personas. Después del pedido de investigación de los abogados, el fiscal del Tribunal Oral Criminal, Mateo Bermejo, acusó formalmente a Yannello. Ahora una medida cautelar de la Justicia de Mendoza prohíbe al ex fiscal federal a salir del país.

La decisión toma como antecedente el caso del ex juez federal de esa provincia, Otilio Romano, que desde septiembre de 2011 se encuentra en Chile. Romano, acusado de delitos de lesa humanidad, no pudo ser juzgado todavía. El último 18 de junio, la Justicia chilena resolvió que lo extraditaran para que sea juzgado en Argentina.

Yannello renunció a su cargo de Fiscal en los Juzgados Federales de Primera Instancia de San Juan en noviembre de 2011. Un año y medio después fue acusado, en el marco del juicio, de los delitos que ahora pesan sobre él.

El testimonio de Margarita Camus fue el que incriminó a Yanello. La ex detenida desaparecida y nieta del ex gobernador Eloy Camus, declaró que durante su detención ilegal en el Penal de Chimbas, fue torturada. Tras su liberación hizo la denuncia ante el Juzgado Federal, en donde la escucharon el juez Mario Gerarduzzi, el fiscal Yannello y el secretario Plana. A pesar de que tomaron conocimiento de esa situación, ninguno de los tres hizo nada. Yannello, como representante del Ministerio Público, tenía la responsabilidad de haber investigado a partir del testimonio de Margarita Camus.

Gerarduzzi, ex juez en primera instancia, falleció hace más de diez años. Tras la declaración de Camus y el pedido de acusación de los abogados, Yannello y Plana están siendo investigados por el Tribunal Oral Criminal de San Juan por los delitos de violación de deberes de funcionario público y encubrimiento, ambos excarcelables.