Infojus Noticias

Desorden, registros incongruentes, cadáveres putrefactos, cuerpos que faltan y otros que “sobran”, y hasta féretros lujosos guardados en una habitación. Todo eso encontró el juez Andrés Gallardo cuando allanó 22 morgues hace poco más de un año. Así documentó el estado calamitoso de los depósitos de cadáveres de la Ciudad de Buenos Aires y lo detalló en un expediente. “Los cadáveres estaban literalmente apilados y en condiciones deplorables”, contó Gallardo a Infojus Noticias.

El informe del juez es clave para etender porqué el cuerpo de Luciano Arruga estuvo desde el 31 de enero al 11 de mayo de 2009 en la morgue judicial y luego fue enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Gallardo comprobó que en ningún caso se cumplía con el protocolo de identificación de los cuerpos, que deben tener una cartilla atada al pulgar del pie izquierdo, en vez de bolsas con etiquetas, tal como halló en el mejor de los casos. Cuando terminó los primeros operativos, Gallardo continuó por otros de centros de salud, hasta completar todos los hospitales porteños que tienen morgue.

La recorrida del juez Gallardo por las morgues porteñas y el informe posterior surgieron cuando la Procuración General pidió autorización a Gallardo para sepultar 23 cuerpos que estaban depositados en las heladeras de cuatro hospitales porteños: Durand, Ramos Mejía, Muñiz y Rivadavia. El juez detectó irregularidades en los registros legales de los cadáveres y comenzó una investigación. Terminó allanando las 22 morgues de los hospitales de la ciudad, la Dirección General de Cementerios y la Procuración General de la ciudad. Lo acompañaron agentes de la Policía Científica y de la División Tanatología de la Federal.

Después de acumular pruebas en 22 hospitales de la Ciudad, empezó a preparar un informe. En su juzgado se acopiaron los registros de las morgues, las historias clínicas que se pudieron encontrar, y la documentación secuestrada de la Dirección de Cementerios y de la Procuración porteña. En las morgues aparecieron cuerpos que no figuran registrados en los libros de ingreso y egreso, y más de 70 cadáveres que -según los libros- debieran estar en las heladeras pero no aparecen. De esos casos consta el ingreso, no el egreso: no se sabe dónde están.

El Gobierno porteño reaccionó rápido. Gallardo citó a declarar a los directores de los hospitales y las morgues, y a otras autoridades porteñas del Ministerio de Salud. Pero el Gobierno respondió recusando al juez no una, sino dos veces. La gestión de Mauricio Macri dilató el proceso de investigación durante más de un año, y al día de hoy, no se avanzó ni un ápice en el análisis del expediente. Las toneladas y toneladas de papel que componen la causa circularon por varias oficinas del fuero administrativo de la ciudad durante catorce meses, pero nadie pudo sentarse a trabajar sobre la documentación.

Hace catorce meses: el allanamiento

Gallardo fue al Hospital Muñiz a buscar el cuerpo de un hombre no identificado, supuestamente fallecido el 9 de febrero de 2009. Se encontró con cuatro cadáveres -uno de ellos podría ser este NN- y otros tres identificados. Los registros eran irregulares y no existía control de entrada ni de salida de los cuerpos. Los cadáveres estaban “en avanzado estado de descomposición” y las condiciones de higiene y mantenimiento eran “absolutamente deficientes e inadecuadas para un centro de salud”. En una de las cámaras de frío (en la que se guardan los cuerpos), había envases de cerveza y un televisor.

Gallardo llegó al Ramos Mejía para encontrar los cuerpos de dos bebés fallecidos poco después de nacer, en 2008. El director Eduardo Seoane le entregó dos bolsas de polietileno etiquetadas con los nombres de ambos bebés. Una bolsa tenía un cuerpo disecado. La otra “un líquido sanguinoliento y gelatinoso”, que según las autoridades, eran los restos del otro bebé. ¿La explicación? Que el hospital no tiene freezer. En la misma bolsa estaba el pie amputado de un adulto.

El único registro de esa morgue era de julio. No individualizaba los cuerpos almacenados, no reflejaba ingresos ni egresos, faltaban datos, y los que estaban tenían tachaduras. Al revisar las heladeras, los empleados encontraron el cadáver de un adulto en una bolsa. A sus pies, otra bolsa de consorcio con dos fetos. Uno de ellos tenía una etiqueta con el mismo nombre del primer cuerpo disecado.

En el Hospital Rivadavia aparecieron cuatro de los cinco cuerpos que fueron a buscar, y otros nueve de los que había algún registro. Los directivos del área “mencionaron que había otros cadáveres en un número indeterminado” que por su antigüedad, y la falta de datos, no podían identificar. El cuerpo de un bebé en una caja y fuera de las cámaras de frío desde el día anterior, otros restos tapados por cartones y en avanzado estado de putrefacción, y 73 ingresos anotados pero cuyos cuerpos no aparecen, son algunas de las señales de alarma que se activaron con el allanamiento.

El misterio de los féretros del Ramos Mejía

En dos cuartos contiguos a la morgue, había ocho féretros casi nuevos, de apariencia lujosa. En una habitación estaban los de madera, en otra los de metal, dos de ellos importados de México. Las autoridades se contradijeron: el director sostuvo que eran donaciones provenientes de un cementerio privado de Burzaco, y que no tenían ningún registro porque “habían sido ofrendas de buena voluntad”.

Daniel Priano, que se identificó como el “morguero”, dijo que habían sido enviados desde el crematorio de la Dirección de Cementerios, porque “sólo se creman los cadáveres, los ataúdes se reutilizan”. Por los féretros metálicos respondió que, como en los nichos de los cementerios locales los cuerpos ya no entran, “se utilizan para enviarlos al exterior” (sic).

El juez Gallardo ordenó realizar pericias sobre estos féretros, que hasta ahora no arrojaron resultados significativos. Mientras, se trabaja en conjunto con la Cancillería y la Aduana para determinar si los ataúdes provenían del exterior.

Explicaciones y responsabilidades

En ese entonces, Gallardo dijo aInfojus Noticias que la investigación continuaría con la organización y el análisis de la información secuestrada. El primer paso era la identificación de los cuerpos. Para eso, también pensaba citar a declarar a las autoridades de los primero cuatro hospitales allanados.

Tenían que hacerse presentes los directores, los responsables de Anatomía Patológica y los jefes de las morgues del Muñiz, el Rivadavia, el Ramos Mejía y el Durand. Pero entonces llegó la primera recusación, y después una denuncia penal contra Gallardo por abuso de autoridad y violación de secretos, delitos por los que fue sobreseído.

En base a la información procesada, Gallardo preparaba un informe que sirviera de base para una investigación penal. Denunció a Macri, pero con la recusación le retiraron los documentos y el informe nunca se pudo preparar.