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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires volvió a recusar al juez Andrés Gallardo en la causa en la que se investigan irregularidades en las morgues porteñas. Se trata de la investigación por el faltante de más de 200 cadáveres de las morgues de los hospitales públicos porteños. La gestión de Mauricio Macri frenó el expediente durante un año y con la nueva presentación sigue ganando tiempo. La Cámara de Apelaciones del fuero administrativo no tiene plazos para resolver el pedido.

El GCBA inició el expediente el año pasado, por medio de la Procuración General de la Ciudad, a partir de un pedido de autorización para sepultar veintitrés cuerpos que eran guardados en las heladeras de cuatro hospitales porteños. Esas causas, formalizadas como trámites simples en el Poder Judicial de la ciudad, no derivan nunca en una investigación. Pero Gallardo detectó irregularidades en los papeles, y tiró de la punta del ovillo.

El juez allanó las morgues de cuatro hospitales, y encontró cadáveres “literalmente apilados” y en avanzado estado de putrefacción. Los cuerpos no eran tratados bajo ningún protocolo y las condiciones de los establecimientos eran “deplorables”, según los informes judiciales. Gallardo allanó 18 hospitales más, y encontró que había cadáveres que no habían sido registrados en las actas de ingreso o egreso de los cuerpos, así como cuerpos registrados que no aparecían por ninguna parte.

En total había 216 cuerpos desaparecidos, tan sólo en los seis primeros hospitales analizados. La documentación secuestrada de los otros 16 hospitales, sumada a la de la Procuración General de la Ciudad y la Dirección General de Cementerios, acaba de llegar al juzgado de Gallardo cuando fue recusado. El juez acababa de citar a los responsables de Anatomía Patológica y los jefes de las morgues del Muñiz, el Rivadavia, el Ramos Mejía y el Durand, los primeros hospitales allanados, pero la medida debió ser suspendida.

Un expediente que pasea por los tribunales

La Procuración General presentó el pedido de recusación el 13 de agosto pasado, pero la Cámara de Apelaciones lo rechazó el 9 de abril. En simultáneo, el Gobierno porteño presentó un planteo de inconstitucionalidad sobre las medidas adoptadas por Gallardo durante el curso de la investigación, también rechazado por la Cámara y que este viernes recaló en el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Tras el rechazo de la primera recusación, el expediente volvió al juzgado de Gallardo. Mientras tanto, pasó por los despachos de los jueces Guillermo Scheibler y Pablo Mántaras.

Ahora, hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva el segundo pedido de recusación, la causa estará en manos de la jueza Lidia Lago. Desde el juzgado confirmaron a Infojus Noticias que el 4 de julio ya habían llegado las actuaciones. Con más de 27 cajas de documentación derivada de los allanamientos y pericias, la investigación se frena cada vez que un juez tiene que interiorizarse en el expediente. Se suma que si la Defensoría General no solicita la habilitación de la feria judicial de invierno, no habrá ningún movimiento en la causa hasta el 4 de agosto.

La primera presentación del Gobierno porteño se basó en un planteo de “prejuzgamiento” de parte de Gallardo, y “enemistad manifiesta” contra la gestión macrista del Gobierno de la ciudad. La nueva presentación invocó “falta de imparcialidad” y expresiones similares a las que el GCBA utilizó para fundamentar la supuesta “enemistad manifiesta” en el planteo anterior. La presentación la realizó el abogado Fernando Conti, por parte del Ejecutivo de la ciudad, informó Tiempo Argentino.

Gallardo respondió la recusación ante la Cámara, y sostuvo que los argumentos del Gobierno son "oportunistas, improcedentes y carentes de sustento fáctico y jurídico". Resaltó que el nuevo pedido de recusación "no es más que una reformulación" del pedido anterior, ya rechazado por la Sala III de la instancia superior.