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El llamado “reclutamiento de menores” se impone nuevamente en la agenda mediática momentos en los que menores-detenidos la inseguridad tienen impacto electoral, y sin dimensionar la complejidad de esta problemática reiterada. En el 2008 hemos denunciado públicamente que en la provincia de Buenos Aires los niños y adolescentes eran instrumento de organizaciones criminales, incluyendo a la policía bonaerense que los usaba como mano de obra barata descartable.

Luego de agudas críticas del entonces Ministro de Seguridad, poco antes de su renuncia, reconoció ante la justicia aquella hipótesis. La denuncia que el mismo formuló –y que hoy está en un cajón- decía: “Se hizo un reclutamiento de menores y mayores de edad en asentamientos de emergencia… les encomendarían tareas delictivas, bajo patrones criminales comunes…”, y terminaba definiendo que estos hechos ocurrieron “con intención de desestabilizar al Gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

El robo de automotores y los robos de casas marcadas, han sido las modalidades del reclutamiento juvenil más usuales, conforme quedó evidenciado en el caso“Urbani”, donde por primera vez, un reclutador fue condenado. En cambio en el caso “Barrenechea” –como en otros resonantes- se hizo todo lo posible por invisibilizar la trama oculta policial, condenando solo a los menores.

Nuevamente, y con leves variantes, en el día de ayer se da a conocer el caso de niños que fueron reclutados en la ciudad de La Plata, para robar y mendigar en la localidad de Lomas de Zamora y Avellaneda. Las circunstancias se reiteran y las lecturas e implicancias del caso podrán ser disímiles, aunque resulta llamativo que se reedite en tiempos electorales, y precisamente, en la jurisdicción donde reside uno de los candidatos.

Más allá de estas hipótesis, lo cierto es que niños y jóvenes son utilizados para cometer ilícitos, pero antes padecen circuitos de vulneración sistemática a sus derechos, que culminan en casos de gatillo fácil, por fallas e incumplimientos del sistema de promoción de derechos en cabeza de las agencias públicas locales y provinciales. Es decir, el reclutamiento es una fase más del proceso de vulneración y revictimización que concluye con la muerte anunciada del joven, que la opacidad estadística y mediática no refiere.

Las ilicitudes omisivas en el cumplimiento de las leyes de promoción de derechos a cargo del Estado, contrastan sin embargo, con el agenciamiento represivo e institucionalización que solo tiene por objeto la segregación espacial, potenciando la lesión a los derechos esenciales de esos jóvenes. Todo ello avalado por un sistema de comunicación masiva que, soslayando la función preventiva del Estado, intenta legitimar la opción criminalizante, con amplio predicamento en los sectores medios de la sociedad, dejando indemnes a los reclutadores.

Solo a modo enunciativo señalamos aquí algunos aspectos centrales que deberían tenerse en cuenta para focalizar el problema o la complejidad del reclutamiento de jóvenes para el delito:

* Los aspectos de instrumentalidad del reclutamiento juvenil están por lo general vinculados al narcotráfico (como mulas, soldados y/o consumidores), el tráfico de armas, robos de autopartes, y a los robos selectivos en casas marcadas, entre otros aspectos.

* La mayoría de los jóvenes reclutados poseen antecedentes en sistemáticas privaciones de libertad e ingresos a las agencias de protección y promoción de derechos –que no lo logran desterrar la cultura del patronato-, sin respuestas adecuadas y efectivas a su situación social, capaces de interrumpir la citada circularidad (entradas y salidas sistemáticas al circuito policial-asistencial).

* La opacidad estadística sobre limitación de libertades públicas de niños y adolescentes vulnerables, y de ingresos a los sistemas de protección de derechos, obsta a la elaboración de un programa efectivo para el desarrollo de estrategias vinculadas a la problemática del reclutamiento juvenil.

* La ausencia de un sistema de tratamiento adecuado en materia de salud mental para niños y jóvenes con graves problemas de adicción potencia la vulnerabilidad del joven que delinque para el abastecimiento de su dolencia y, por ende, en beneficio del narcotráfico.

* La desarticulación del niño con su entorno familiar y de ámbitos institucionales adecuados no favorece la salida del sistema de circularidad, cediendo terreno a los reclutadores.

* La laxitud del accionar policial en materia de infancia (averiguación de antecedentes, contravenciones, álbumes de fotos, etc.) genera estigmatización y un marco de discrecionalidad que facilita el riesgo de reclutamiento.

* Los delitos cometidos por niños y jóvenes poseen siempre marcos de instrumentación; de allí que los operadores de justicia deben superar la mera imputación policial, profundizando el análisis de autorías mediatas o intelectuales.

* La impunidad de los reclutadores permite ampliar las estrategias de captación, utilización, y circulación de niños y jóvenes en zonas de lo delictivo, donde el reclutador pocas veces se expone. Si la situación lo expone, se reservará formas de soltarle la mano al niño/adolescente frente a la justicia, o bien como gatillo fácil.

* Es importante apoyarse en las declaraciones de los niños, niñas y jóvenes que fueron víctimas directas del reclutamiento, pero también brindarles un marco judicial y político de contención adecuado, como un programa de protección para evitar represalias posteriores. Eso no implica, desde ya, dejar en impunidad los delitos cometidos por los jóvenes, los que deben ser parte del tratamiento de responsabilización penal justo.

* Para la investigación de los reclutamientos, resulta imperioso limitar la función policial al ámbito estrictamente preventivo, restándole a las fuerzas de seguridad la función investigativa que debe ser asumida cabalmente por al ámbito judicial, a través de las fiscalías y la creación de la policía judicial.

Estos aspectos que hemos enunciado someramente, son algunas aristas para abordar un fenómeno complejo afectado por reduccionismo y silenciamiento dominante. La violencia interpersonal es un producto con alta cotización en los medios de comunicación, pero la violencia institucional omisiva que se deriva del abandono, por parte de una sociedad que se niega a reconocer y a ayudar a los jóvenes en situación de vulnerabilidad es poco reconocible y lacerante por su escasa visibilidad.