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Marta Bettini llegó al edificio de la ex sede de la Amia, donde se lleva a cabo el juicio por los delitos cometidos en el centro clandestino La Cacha, en una caravana de cuatro vehículos con vidrios polarizados y guardaespaldas fornidos. La acompañó –de impecable traje azul- su hermano Carlos, el embajador argentino en España. Durante dos horas, con una memoria puntillosa, relató ante los jueces del Tribunal Oral 1 cómo su familia, hace treinta y ocho años, fue arrasada: su hermano Marcelo Bettini, su padre Antonio Bettini, su marido Jorge Alberto Daniel Devoto y su abuela María Mercedes Hourquebie fueron asesinados o están desaparecidos. El rastro de su padre y de su abuela –que tenía 77 años cuando la raptaron-, llevaron a Marta a las cuevas de La Cacha.

El vía crucis de una familia

Los Bettini eran una familia de abolengo en la vida platense. La mayoría de sus hombres y mujeres rezaban con devoción y cumplían con la misa diaria. Por eso, como solía suceder en las familias de fortuna, la persecución militar estaba estimulada por otra clase de encantos, más mundanos y materiales que la simple “guerra contra la subversión”. Esas complicidades de personas de otros ámbitos, como el eclesiástico y el empresarial, quedan al descubierto con el paso del tiempo y el avance de las investigaciones. “Nosotros queríamos que en su declaración de hoy quedaran bien blanqueadas las complicidades políticas, eclesiásticas y empresariales. Y creo que así fue”, le dijo a Infojus Noticias Luis Osler, abogado de la familia.

Ayer Marta contó ante el tribunal que el asedio empezó por Marcelo Bettini, que tenía 21 años recién cumplidos y militaba en la Juventud Peronista (JP). Había sido, tal vez, un hijo de su tiempo más que de sus propios padres. El 8 de noviembre de 1976, una patota de la policía Bonaerense lo emboscó en Tolosa junto a su compañero Luis Bearzi, que quiso escapar y fue acribillado. Bettini tomó la pastilla de cianuro justo antes de caer. La Cámara Federal de La Plata lo calificó como un homicidio y lo encuadró como delito de lesa humanidad, porque había actuado “coaccionado” para evitar la tortura y la muerte. El policía que dirigió ese operativo fue el jefe del servicio de calle de la Unidad Regional de La Plata, Julio César Garachico, uno de los imputados del juicio.

El asesinato fue sólo la primera estación del vía crucis. Cuando perdieron el contacto con Marcelo, su padre Antonio Bettini y su cuñado, el teniente de fragata Jorge Devoto –casado con Marta Bettini, la declarante- empezaron un rastrillaje sin descanso. A Devoto, en la escuela Naval de Río Santiago le dijeron que había muerto en un “enfrentamiento”, le pasaron el lugar y la comisaría que había intervenido. En la comisaría le mostraron un acta que decía que había muerto desarmado y con sus documentos en regla. Antonio Bettini –abogado prestigioso, docente universitario y ex fiscal federal- logró que el jefe de la Policía Federal, Juan Pochelú, le entregara el cadáver de su hijo. Estaba en una fosa común del cementerio de La Plata. Cuando Devoto fue a reconocerlo, vio que estaba el cuerpo de Luis Bearzi, el compañero, y le avisó a la familia. Los restos de Marcelo fueron enterrados en el panteón familiar.

En marzo se prolongó la saña contra la familia. El 16 allanaron una cochera de 4 y 50 que tenían y se llevaron al encargado, Alfredo Temperoni, que desde hacía 50 años era chofer de la familia. También se llevaron a otro empleado, Rubén Contardi, y robaron coches de la familia. El 17 de marzo, le tocó a la hija de Temperoni, María Cristina, esposa de Contardi y a Inés Alicia Ordoqui, que era prima de Rubén Contardi. Todos ellos fueron liberados luego de las penurias del cautiverio. Todos ellos pasaron por La Cacha.

El 18 de marzo, Antonio Bettini y su esposa, Marta del Carmen Francese, fueron a ver a Pochelú por Temperoni, quien le sugirió al ex fiscal que se presente a la delegación de la policía Federal. Esa tarde fue junto al teniente Devoto. Los recibió el comisario rodeado por hombres de fajina, y les dijo que no les podía dar información. Cuando iban a la comisaría 1era. notaron que los seguían dos autos. En el camino los cruzaron. Dos hombres se subieron al vehículo y apuntaron a Devoto en la cabeza, ordenándole que manejara hacia el paseo del Bosque de La Plata. Ahí encapucharon a Antonio y se lo llevaron en un Peugeot verde. A Devoto lo amenazaron y lo dejaron. Esa misma noche, volvieron a buscar al marino retirado a su casa, pero no lo encontraron.

El teniente Devoto había renunciado en 1975 a la Marina, cuando “imaginó lo que se venía, o vio algo, porque en esa época ya pasaban cosas”, dijo ayer Marta Bettini. Ese fin de semana, después de que se llevaron a su suegro, no se quedó quieto y acudió a todos sus contactos en las Fuerzas Armadas. Llamó a su tío, el contraalmirante Agustín Lariño, al oficial inspector de la Policía Federal Horacio Juan José Devoto, y al capitán de corbeta Marcos Salusttano Lobato, su primo hermano. Lobato se comunicó con oficiales del Servicio de Inteligencia Naval (SIN), y le recomendó presentarse en el Edificio Libertad, ofreciéndose a acompañarlo y asegurándole que no iba a tener problemas.

Devoto todavía confiaba en sus camaradas de arma. Fue sólo a la cita a la sede y nunca volvió. Cuando su familia llamó a su primo, Lobato, le dijo que estaba protegido y que esperaran el llamado por el rescate.En su confesión, el marino Adolfo Scilingo dijo que lo habían “tirado al Río de la Plata desde un avión completamente consciente, por traidor”.

Marta del Carmen Francese y dos de sus hijos (Marta Bettini y Claudio Bettini) huyeron a Uruguay, Brasil y luego a Europa. Pero no era todo. Ocho meses más tarde secuestrarían a María Mercedes Hourquebie, Memé, la abuela de Marta Bettini. Tenía 77 años de edad.

La abuela estuvo en La Cacha

El 3 de noviembre de 1977 hombres de civil entraron a la casa de Memé y le dijeron a la empleada doméstica y al chofer que la devolverían para el almuerzo. Nunca más la vieron. Memé y su familia habían hecho reclamos por Antonio Bettini, que llegaron hasta el nuncio Pío Laghi, a monseñor Antonio Plaza y a los papas Pablo VI y Juan Pablo II. Pío Laghi les dijo que no comprendía por qué seguían haciendo gestiones, si estaban muertos o tan torturados que nunca se los devolverían. El cardenal Raúl Primatesta no quiso reunirse con ellos “porque me comprometen”.

También hubo contactos con políticos. Ricardo Balbín –que vivió en una casa que le regaló la familia Bettini- habló con comisarios bonaerenses sin suerte. Gualberto Mostajo, un asesor de Jaime Smart, y viejo conocido de la familia se comunicó con Ramón Camps. En un asado, el jefe de la policía le dijo que la señora tenía una denuncia familiar por “aportar plata para la campaña de los Montoneros en el exterior”. Después supieron -por un escribano cercano a la familia- que era la denuncia de Armando Antonucci. “Las dos hermanas de mi madre, que nunca se interesaron en el secuestro, hicieron una denuncia policial en diciembre, y se acogieron a una norma para iniciar la sucesión. Mostajo aceptó los poderes para hacerla; él funciono como administrador de los bienes” denunció la mujer.

Tres sobrevivientes vieron a “la abuela” en La Cacha. Elvira Rosa Díaz habló de una persona de alrededor de ochenta años, era de las más golpeadas. El 5 de diciembre fue trasladada del centro clandestino. Ayer, antes de terminar la audiencia, cuando los jueces agradecieron su presencia, Marta Bettini se concedió unos segundos para agregar algo:

- Me siento orgullosa de pertenecer a una familia que ha demostrado tener un alma inconquistable.