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Infojus Noticias

25-8-2013|10:05|DD.HH. Nacionales
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El juez Daniel Rafecas investiga los delitoscometidos contra este grupo religioso

La persecución de la dictadura a los Testigos de Jehová

La APDH denunció que la última dictadura llevó adelante un plan sistemático de persecución religiosa. “La secta en cuestión sostiene principios contrarios al carácter nacional”, sostenía un decreto firmado por Videla. El juez federal de Daniel Rafecas investiga ahora los delitos de lesa humanidad cometidos contra este grupo religioso.

  • Ilustración: kitsch
Por: Juan Mattio

Desde el año pasado el juzgado federal de Daniel Rafecas investiga los delitos de lesa humanidad cometidos contra los Testigos de Jehová que estuvieron detenidos en Campo de Mayo. Un relevamiento de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) juntó más de mil testimonios en todo el país y afirma que existió un plan sistemático de persecución religiosa. Hasta hace poco se encontraban inhabilitados para el empleo público, no podían votar y no podían salir del país porque la dictadura les quitó la nacionalidad y los inhabilitó de forma absoluta y perpetua.

La persecución de los Testigos de Jehová por diferentes Estados se remonta a lo largo y ancho de la Historia. Cuando en 1935 se instaló en Alemania el Servicio Militar Obligatorio la mayoría de ellos se negó. Miles de Testigos de Jehová murieron en los campos de concentración nazis. En Argentina, desde 1971, bajo la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, hubo Testigos de Jehová condenados por “insubordinación”. El gobierno de Héctor Cámpora los incluyó en el indulto a los presos políticos. 

Un decreto firmado por Jorge Rafael Videla institucionalizó la persecución: “La secta en cuestión sostiene principios contrarios al carácter nacional, a las instituciones básicas del Estado y a los preceptos fundamentales de esta legislación", establecía el decreto.

Una sentencia de la Justicia Militar de 1978 cita una publicación del vicariato castrense para las Fuerzas Armadas: "Increíble secta que impide a los Testigos vestir uniforme y usar armas, prohíbe donar sangre, reconocer Patria, Autoridad y Bandera, lo que demuestra su inhumanidad y peligrosidad".

Para dar una idea del contexto, sólo en 1977 fueron expulsados 300 alumnos en escuelas primarias públicas por ser Testigos de Jehová. Ernesto Moreau, abogado de la APDH, afirma que su concepción religiosa cuestiona la concepción de Estado burgués: ellos niegan el culto a la personalidad, la reverencia a los símbolos patrios y la participación en la guerra. Esto último producto de una interpretación bíblica: después de terminada la Guerra de Jerusalén las espadas deben convertirse en herramientas de trabajo. También niegan la estructura jerárquica de las iglesias más visibles de Occidente: la Católica, la Ortodoxa Griega, la Anglicana en Inglaterra.

Por todas estas razones los Testigos de Jehová fueron "objetores de conciencia" y se negaron a realizar el Servicio Militar Obligatorio. Los militares los  identificaron como subversivos y los persiguieron por ser "un optimísimo instrumento de disolución, como parte de la confabulación que es la Revolución o la Subversión Universal".

Campo de Mayo

Rafecas llevaba adelante una investigación con el objetivo develar la trama detrás de los secuestros de personas ligadas a la Comisión Nacional de Valores. "Pensamos que como no estaban tabicados, los Testigos de Jehová iban a poder dar testimonio sobre esas personas", explicó una fuente del juzgado a Infojus Noticas.

Con el correr de la investigación se dieron cuenta que también los Testigos de Jehová habían sido víctimas de delitos de lesa humanidad. Pudieron dar testimonio de cómo la Cárcel de Encausados se fue transformando en centro clandestino de detención. Los militares lo habían cubierto con chapas para impedir que se viera qué sucedía en el lugar. La cárcel militar se conocía como "El Alambrado", porque era una manzana rodeada de alambre que impedían las fugas. Desde entonces se lo conoció como "Las Chapas". Los Testigos de Jehová ya no podían ver lo que pasaba en el centro clandestino. Pero siguieron escuchando los gritos de mujeres y niños y veían cómo los militares bajaban personas de los baúles de los autos.

Todos los presos militares habían sido trasladados de Campo de Mayo. Infractores de la ley militar, homosexuales; todos menos los Testigos de Jehová. Moreau afirma que los dejaron porque necesitaban mano de obra esclava, sometidos a servidumbre. Con la mayoría de los militares abocados a tareas de seguridad, los usaron para hacer funcionar el enorme predio. Tareas de cocina, de mantenimiento y fabricaban ladrillos que los militares después vendían. Podían moverse durante el día pero por la noche volvían a los calabozos.

Los Testigos de Jehová que no respetaban las órdenes que les daban los militares eran encerrados en el centro clandestino por días. La reconstrucción del funcionamiento de Campo de Mayo fue posible por su testimonio, ya que casi no hay sobrevivientes de ese centro clandestino.

Los 40 Testigos de Jehová que se quedaron hasta el final declararon haber visto pizarrones con cifras económicas que podían ser pruebas de delitos económicos y antes de irse del predio militar los obligaron a limpiar el lugar donde había funcionado el centro clandestino de detención. Los sobrevivientes afirman que encontraron cunas de madera, lo que confirma la existencia de la maternidad clandestina de Campo de Mayo.

La justicia militar

En la antesala del Consejo de Guerra de las Fuerzas Armadas existía un cartel que diferenciaba "insubordinación - Soldado" y "insubordinación - Testigo de Jehová". Las penas para un soldado común eran de 16 meses, para un Testigo de Jehová iban de 3 a 6 años de prisión. Un año de detención bajo "prisión preventiva rigurosa" se tomaba como medio año por reglamento. La mayoría de los Testigos de Jehová pasó al menos un año en esa condición y la Justicia lo computó como seis meses. El resto de la condena se cumplía en cárceles comunes.

El Estado Mayor del Ejército estableció un "Procedimiento" por escrito para los jueces al recibir declaración a los Testigos de Jehová". El interrogatorio indagaba sobre desde cuándo práctica el culto, quién lo había iniciado, dónde se reunían, cuál era el área de influencia del grupo, nombres de los compañeros de equipo, libros usados e instrucciones que le fueron impartidas.

El documento obliga a los jueces a remitir la indagatoria a la Jefatura de Inteligencia. De estos interrogatorios surgían allanamientos donde se secuestraba propaganda religiosa y se clausuraba los lugares de reunión.

Una vez en la cárcel militar, y antes de las sesiones de tortura, un capellán del Ejército los entrevistaba y trataba de convencerlos de usar el uniforme y cumplir las órdenes. Todos los Testigos de Jehová se encontraban en condición de desaparecidos, ya que a su familia no se le daba ninguna información con respecto al destino de sus hijos.

La Justicia, 37 años después, empieza a construir una investigación para juzgar estos delitos de lesa humanidad. Ante la pregunta de por qué pasó desapercibida por tanto tiempo la persecución de los Testigos de Jehová, fuentes del juzgado afirmaron que incluso en la misma comunidad estaban silenciadas estas historias.

La persecución histórica contra ellos permitió que se naturalizara, "se trata del mecanismo de invisibilización que tienen estos procesos. Hace poco se empezó a hablar sobre los delitos sexuales dentro de los centros clandestinos. Hay realidades a las que les costó más sortear los mecanismos de impunidad y silencio”. Y ante la misma pregunta, Moreau reflexionó: "También para mi, que soy militante, pasó desapercibido por muchos años. Muy pocos pueden escapar al pensamiento de la época".

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