Infojus Noticias

El Consejo Nacional de las Mujeres es responsable de las políticas públicas de igualdad de oportunidades y trato entre varones y mujeres. En sus propósitos fundamentales está “promover una transformación socio-cultural basada en la plena e igualitaria participación de las mujeres en la vida social, política, económica y cultural del país”. A un día de la de la convocatoria #Niunamenos, la presidenta del organismo, Mariana Gras, dijo a Infojus Noticias  que “la marcha ayuda a sacar el velo de hipocresía que hay en la sociedad, que es la misma que se construye desde los medios de comunicación de encuadrar a la mujer víctima de tal manera que se deduzca que fue por culpa de ella”.

-¿Qué lectura hace de la convocatoria #Niunamenos?

-Entendemos que la violencia de género es una injusticia social, y como toda injusticia social requiere del conjunto del pueblo para modificarse. La historia de nuestra patria nos demostró que cuando se trató de cambios estructurales siempre fue porque el pueblo salió a la calle. Niunamenos tiene esa entidad histórica porque nos va a permitir que, ya sea por convencimiento o por condicionamiento popular, aquellos que tienen que aplicar la justicia en el marco de la ley 26485 lo hagan. La marcha de mañana ayuda a sacar el velo de hipocresía que hay en la sociedad, que es la misma que se construye desde los medios de comunicación de encuadrar a la mujer víctima de tal manera que se deduzca que fue por culpa de ella. Cuando si por acción u omisión dicen “la mato por celos”, da a entender que si vos haces lo que el victimario te pide podés evitar la situación de violencia. Esto es mentira: sin darse cuenta le están dando entidad al victimario. La hipocresía de aquellos que son parte de medios o programas que cosifican a las mujeres y a la vez ponen el cartel de “#Niunamenos bienvenida sea, porque nos permiten instalar el tema y hablarlo.

-¿Cómo es la situación con la ley 26485 “de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres?

-Fue votada por el legislativo en el 2009 y reglamentada en 2010 de una forma inédita, en el marco de lo que a nosotros nos parecía que correspondía. Esto significó  involucrar a todos los sectores y lograr participación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Hasta en foros participativos de organizaciones sociales, cuando por lo general muchas leyes se reglamentan en un escritorio. Después de trabajar esa reglamentación durante un año, se llegó al consenso que es lo que rige en la actualidad. Aquello que no está reglamentado es lo que tiene que ver con el capítulo procesal, porque esas modificaciones son competencia de las provincias.

-¿Hay resistencias de sectores del Poder Judicial para instrumentar la ley?

-Todavía estamos esperando una mayor democratización del Poder Judicial que permita esto. De todas formas trabajamos junto a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema (OVD) y hemos trabajado en la sensibilización y en la formación de actores judiciales, aunque la verdad es que no se ve reflejado en la totalidad del proceso judicial. Por ejemplo, está prohibido hacer una audiencia de conciliación o de mediación en situaciones de violencia de género y es aun hoy, a cinco años de la reglamentación de la 26485 y seis de la sanción, que seguimos peleando con jueces y juezas que siguen generando instancias de mediación y conciliación. Como si fuera un conflicto laboral y las partes tuvieran la misma posibilidad de discusión.

-¿Cómo se trabaja para desarmar la violencia?

-En Argentina tenemos un programa como “Ellas hacen”, que es inédito a nivel mundial y tiene dos sujetos políticos: unos son las mujeres madres de tres hijos o más, que son las excluidas o expulsadas del sistema laboral, y las otras son las mujeres en situación de violencia. Es el primer programa que comprende 100 mil destinatarias hoy por hoy, de las cuales 60 mil manifestaron que están atravesando situaciones de violencia al incorporarse. El 40 por ciento se separó al cobrar el segundo sueldo y esto habla de forma clara que si existe la posibilidad real que la mujer pueda tomar su decisión, la independencia se logra. Esto tiene que ver con la convicción que tiene la presidenta de la Nación de trabajar con el resto de los ministerios para lograr una política de Estado articulada frente a una situación particular. Uno de los planteos que se escucha es que el presupuesto no es suficiente pero se debe pensar de forma amplia las políticas de empoderamiento y protección para las mujeres: la Asignación Universal por Hijo y por embarazo, las capacitaciones de salud reproductiva y la entrega de anticonceptivos para frenar la violencia obstétrica, el material que se está difundiendo en el Ministerio de Educación, la línea 144 que permite hacer denuncias todo el año. Todo eso tiene un presupuesto que es integral porque la problemática de la violencia de género atraviesa a toda la sociedad.

-Uno de los reclamos de #Niunamenos es la creación de un registro oficial único de víctimas. ¿Hay cifras oficiales?

-Estamos trabajando para construir una estadística completa que abarque la complejidad, y no solo los femicidios. Por lo general los procesos de construcción de este tipo de datos pueden llevar entre 4 o 5 años, y el Estado lleva un año y siete meses procesando información. Queremos medir qué tipo de violencia hay, cómo y dónde se presenta y cuáles son los lugares donde no se atiende, todo para seguir profundizando las políticas. Ver el problema en su complejidad a partir del cruce de estos datos nos va a permitir una radiografía de la violencia para saber dónde hay que hacer modificaciones.

MM/RA