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La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creó la Unidad Fiscal Especializada en Ciber-delincuencia (UFECI), que estará a cargo del fiscal Horacio Azzolín. Esta unidad podrá intervenir en casos delitos constituidos como ataques a sistemas informáticos, o cuando se utilicen sistemas informáticos para cometer ilícitos. El organismo tendrá especial atención en el ámbito de la criminalidad organizada. También, estará habilitado para parte de todo proceso en el que sea necesario realizar investigaciones en entornos digitales.

La resolución 3743/15, que crea la UFECI, tiene fecha de hoy. “Las diversas formas y conductas mediante las cuales se ejerce el cibercrimen exigen intensificar las tareas para su abordaje, de un modo articulado y atendiendo a sus especificidades. En este sentido, cobra especial relevancia reparar en el significado que este fenómeno criminal ha adquirido a nivel mundial, como una modalidad emergente de la delincuencia trasnacional organizada, tal como ha sido tratado desde la Organización de las Naciones Unidas”, señala el escrito. La UFECI es “una estructura que pueda dedicarse con exclusividad al tratamiento de este tipo de delincuencia”.

El fiscal Azzolín ya había sido designado el año pasado como referente en temas vinculados la ciberdelincuencia. Gils Carbó precisó que la Unidad también podrá intervenir “en supuestos de localización de imputados a través de Internet”.

Entre otras funciones, UFECI podrá intervenir en los casos de su competencia y asistir a los/as magistrados/as del Ministerio Público Fiscal de la Nación que así se lo requieran; recibir denuncias y realizar investigaciones preliminares y genéricas;  actuar como nexo entre la Procuración General de la Nación, los magistrados y magistradas de este Ministerio Público Fiscal y los diferentes actores e instituciones nacionales e internacionales con incidencia en cuestiones vinculadas a la temática.

También articular con las procuradurías, unidades fiscales y demás áreas de la Procuración General, a los efectos de la implementación de estrategias eficaces para el abordaje de la ciber-delicuencia; interactuar, en particular, con la Dirección General de Investigaciones Fiscales y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), a los fines del adecuado asesoramiento de los/as fiscales sobre los recursos tecnológicos y herramientas de apoyo técnico, laboratorios, métodos de investigación, obtención, análisis y preservación de la prueba, disponibles en el país;  desarrollar estudios acerca de las reformas reglamentarias y legislativas necesarias, y  elaborar informes y diagnósticos sobre esta clase especial de criminalidad.

“La gravedad y complejidad del fenómeno, su relevancia nacional e internacional y su constante crecimiento tornan necesario potenciar la actuación del Ministerio Público en la materia, ampliando su capacidad de intervención y profundizando todos los ejes de trabajo que se vienen desarrollando”, señaló la jefa de los fiscales a través de la resolución.

MFA/RA