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Desde la segunda mitad del siglo XX, las familias del pueblo correntino de Gobernador Virasoro sufrieron las relaciones carnales de los Navajas Artaza, dueños del establecimiento yerbatero Las Marías, con las dictaduras militares.

En 1977 las desapariciones de los obreros rurales Marcelo Peralta y Neris Pérez marcaron una herida de impunidad que todavía no cicatriza por una justicia inerte. Para junio está previsto el primer juicio por la desaparición de Pérez y las detenciones ilegales de otros trabajadores yerbateros.

Hay tres militares imputados por los delitos de lesa humanidad. En 2008, la Justicia imputó a Adolfo Navajas Artaza pero al poco tiempo el juez federal Antonio Chalup lo sobreyó, en un expediente donde se inhibieron 18 magistrados que se negaron a investigar  al  empresario.

En los años ´70, las condiciones laborales para los obreros rurales del molino yerbatero eran indignas, por eso empezaron a organizarse gremialmente. Marcelo Peralta era yerbatero y Neris Victoriano Pérez era tractorista del establecimiento Yerbatero Las Marías. Los dos eran delegados gremiales de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y estibadores (FATRE). Todos los trabajadores de Las Marías se afiliaron al sindicato. “Era tan injusta la relación patrón - obrero que las reivindicaciones no terminaban nunca. No había estándares de seguridad y lo que decía el patrón era palabra santa, le confió a Infojus Noticias Miguel Ángel Argüello, un ex vecino de Virasoro y militante de Derechos Humanos.

La organización sindical molestaba mucho a los Navajas Artazas. “Las órdenes del patrón se respetaban siempre, pero cuando empezó la lucha por las reivindicaciones laborales las cosas cambiaron”, contó Argüello. Los empresarios temían no llegar con los tiempos de las cosechas de té y yerbamate y no les gustaba el protagonismo de los obreros.

El 7 de junio de 1977, un grupo de tareas hizo una razzia en Virasoro. Esa noche los militares mataron a Peralta  “en su rancho”, recordó un vecino. Fueron los mismos asesinos que sacaron a Neris de su casa en calzoncillos y lo metieron en un Ford Falcon. Nunca más lo vieron. En la casa se quedó su mujer y sus hijos.  

El nombre de Adolfo Navajas Artaza alias “Don Toco” es conocido en todo Corrientes. El dictador Juan Carlos Onganía lo designó interventor federal de Corrientes, cargo que ocupó entre 1969 y 1973. También fue intendente de Gobernador Virasoro y ministro de Acción Social durante la presidenciade facto de Reynaldo Benito Bignone. Junto a su hermano Pablo son dueños del establecimiento Las Marías, fundado por su padre Víctor Navajas Centeno en 1924, un año antes del nacimiento de Adolfo.

En el pueblo todavía se acuerdan del aniversario de la muerte de Centeno, poco antes del golpe de 1976. Los trabajadores de Las Marías organizaron una huelga. Esa fecha era importante para los Navajas Artazas, venía un párroco y ofrecía misa para la familia empresaria y lo vivieron como una ofensa imperdonable.

Las causas judiciales

Por los hechos de Las Marías hay dos causas judiciales por delitos de lesa humanidad que  terminaron fusionándose y se tramitan en la ciudad de Paso de los Libres. El año pasado el establecimiento yerbatero fue allanado por la Justicia.

En junio comenzará el juicio a cargo del Tribunal Oral Federal de Corrientes, que está presidido por Víctor Alonso y lo acompañan los jueces vocales Lucrecia Rojas y Fermín Ceroleni, quienes ya condenaron con duras penas a otros represores.

Una de las causas es por la desaparición de Neris. En 1997, su hijo Catalino Pérez, tuvo acceso a la confesión del policía Ramón Alberto Giménez, que contó que actuó como “entregador” en el secuestro de su padre. A partir de ese momento comenzó la investigación en la Justicia. En el operativo del secuestro de Neris también participó el policía José Anchetti, asesinado tiempo después por “un capitán de apellido Sacco”. Según Giménez, fue “por miedo de que hablara”. Sacco trabajaba para los Navajas Artaza. Además fue interventor en Virasoro después del golpe del 24 de marzo de 1976.  El ex capitán Juan Carlos Sacco es uno de los imputados en el juicio.

Los otros acusados son el ex teniente Héctor Torres Queirel y el ex general Llamil Reston, quien fue ministro del Interior y de Trabajo durante la dictadura de Rafael Videla.  En marzo de 2010, el juez federal de Paso de los Libres concluyó que Llamil “en su carácter de Comandante de la Brigada III de Infantería de Curuzú Cuatía, se encontró a cargo de la Jefatura de la Subzona 24 en el período comprendido entre diciembre de 1976  y enero de 1979 por lo que su posición jerárquica  permite responsabilizarlo penalmente como autor mediato de los hechos investigados”.

La otra causa es por detenciones ilegales a dirigentes gremiales, integrantes de la Federación de Trabajadores Rurales y del Sindicato de Trabajadores de la industria de la Alimentación (STIA). Las víctimas son Ramón Aguirre, Marcelo Acuña, (fallecido) Pablo Franco, Carlos Escobar, Héctor Sena, Juan Gómez y Luis Benítez Alvez.

“Muchos sobrevivientes están dispersos y cuesta armar una estrategia continua. Algunos siguen trabajando en productoras de yerbamate”, dijo una fuente judicial.

“Los obreros fueron detenidos en sus francos, en abril de 1976. Les inventaron causas. Los militares los trasladaron a la comisaría local, pero después a otras sedes policiales”, contó Argüello que también estuvo en la lista negra y tuvo que renunciar a su trabajo y irse de Virasoro para no ser secuestrado.

Por la desaparición de Marcelo no hay causa judicial. “Tal vez más adelante se abra un expediente. La familia no hizo una presentación formal. Todavía tienen mucho miedo, ellos siguen viviendo en Gobernador Virasoro”, dijo a Infojus Noticias latitular de la Red de Derechos Humanos de Corrientes Hilda Presman.

El poderoso empresario Adolfo Navajas Artaza fue imputado a principios de 2008 por la desaparición de Neris y por el asesinato del policía Anchetti, pero esa investigación nunca prosperó. Familiares y sobrevivientes cuestionaron al fiscal que nunca apeló. El juez Chalup lo dejó libre de culpa y cargo un día después de ser llamado a indagatoria por la causa que investigaba los hechos de la  desaparición de Neris. “La situación fue irregular porque fue demasiado rápido. No se sostuvo la apelación en la Cámara de Casación Penal”, le dijeron a Infojus Noticias fuentes judiciales.

En el expediente también figura que el cementerio privado de los Navajas Artaza fue puesto a disposición de las fuerzas de seguridad para enterrar NN.

Desde la Comisión Provincial de Derechos Humanos, afirmaron a Infojus Noticias que al igual que en el pueblo jujeño de Ledesma, donde tiene su poderoso ingenio el empresario Carlos Pedro Blaquier (hoy procesado), en Viraroso también hubo “connivencia” del empresario con “la represión que sufrieron los sindicalistas”. Las detenciones de la cúpula sindical se dieron con la excusa del cumplimiento de la Ley 13.985 de sabotaje industrial argumentaban boicots para imputar a los trabajadores.

A pesar de las presiones de la  empresa, que se define como “ética ante todo” desde los organismos de Derechos Humanos solicitan la "desclasificación de los archivos" de las policías provinciales y en Corrientes el "juzgamiento a la complicidad civil y empresarial como el caso del establecimiento Las Marías y su responsable Navajas Artaza".