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Tras la reunión el viernes entre la delegación del Gobierno argentino y los representantes de los fondos buitre, se abre una semana clave y definitiva para las negociaciones. Hoy, los representantes nacionales viajaron a Nueva York para continuar en la búsqueda de un acuerdo. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anunció que la comitiva estará integrada por el secretario de Finanzas, Pablo López; el de Legal y Administrativa, Federico Thea, y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona. La reunión será mañana a las 12 (hora argentina), según comunicó Daniel Pollack, el mediador asignado por el juez Thomas Gries.

El último encuentro se realizó el viernes en las oficinas de Pollack y solo asistieron los representantes argentinos. Pollack dijo, en un comunicado, que luego de la breve reunión, se comunicó con los representantes de los holdouts por teléfono y anunció nuevas reuniones antes del vencimiento del plazo fijado para el 30 de julio.

Luego de las reuniones, el Ministerio de Economía mantuvo su posición: “si los litigantes no proveen garantías a la República, un stay (medida cautelar) sigue siendo la mejor opción para permitir que se avance hacia una solución en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables para el 100% de los bonistas”.
Argentina ratificó al mediador “que está dispuesta a continuar” con los encuentros y discusiones que sean necesarias.

El gobierno manifestó su “preocupación por la falta de resolución” del juez distrital, Thomas Griesa, en la audiencia desarrollada el pasado martes, “respecto a las mociones y alternativas presentadas ante la Corte”. Entre ellas, “las presentaciones de bonistas del canje y diversas instituciones financieras; lo que mantiene bloqueado el cobro de los fondos ya pagados por Argentina”, detalló el comunicado del Ministerio de Economía.

Este miércoles -30 de julio-, vence el plazo formal para que Argentina entre en default técnico si no se concreta el pago a los acreedores reestructurados, cuyos fondos el Gobierno giró el día 26 de junio, por un monto de 1151 millones de dólares, de los cuales 539 fueron depositados en el Bank of New York Mellon (BONY). Sin embargo, el juez Griesa dio orden a los distintos eslabones del circuito de pagos para que no dejen cobrar a los bonistas. “Es decir, actuó como un bloqueo de cobro que recayó sobre dinero que es propiedad legítima del 92,4% de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010”, subrayó Economía.