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La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó un escrito ante la Justicia para pedir ser querellante en la causa que investiga los crímenes cometidos durante la última dictadura contra Eduardo Saiegh. En el proceso ya integra la querella el mismo empresario, junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El caso Saiegh es uno de los paradigmas de la responsabilidad civil y financiera en el terrorismo de Estado perpetrado por el gobierno militar, pero aún no tiene condenas.

El 31 de octubre de 1980 cuando la División Bancos de la Polícia Federal lo secuestró, Eduardo Saiegh era el vicepresidente y acreedor mayoritario de la entidad financiera que había fundado cinco años antes: el Banco Latinoamericano de Inversión (BLI). Durante una semana lo torturaron en la sede del Banco Nación, donde lo obligaron a confesar delitos que no había cometido para justificar una posterior intervención de su entidad bancaria. Fue el vicepresidente hasta que el presidente y el vice segundo fueron citados y obligados a firmar la liquidación del banco.

Según Saiegh, el ataque y el desapoderamiento del BLI se debieron al interés del vicepresidente del BCRA, Alejandro Reynal, en hacerse de los títulos de Austral Líneas Aéreas, depositados en la banca de Saiegh como garantía por una deuda de la aerolínea con el banco. La empresa tenía un pasivo superior a los 250 millones de dólares, y uno de los accionistas era el primo de Reynal. Con la maniobra, el gobierno de facto buscaba estatizar Austral y trasladar ese pasivo a las espaldas del Estado nacional.

Saiegh denunció el hecho tras la recuperación de la democracia, pero su causa judicial tuvo numerosos obstáculos hasta convertirse en emblema. Recién con la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se reactivó la vía judicial. El expediente tramitó en el juzgado de Daniel Rafecas hasta que fue apartado por la Cámara Federal, y la instrucción dependió del fiscal Carlos Rívolo, también separado por mal desempeño. El mismo banquero pidió el juicio político del fiscal, en abril de 2012, porque Rívolo no impulsó la causa -iniciada en 2009- “injustificada e ilegalmente”.

Ahora la UIF quiere sumarse a la querella. Sbatella, el titular del órgano antilavado, insiste en que no sólo debe atacarse al “delito económico” sino que debe desbaratarse “la economía del delito”, que en los casos de delitos de lesa humanidad, ha permitido subsistir en la ilegalidad a los responsables del terrorismo de Estado. Uno de los argumentos del economista es que al no haberse reparado esa situación económica, los criminales de lesa humanidad prosiguen en el ilícito de generar terror a través de la garantía de la impunidad.

No es la primera vez que la UIF solicita sumarse  la querella en delitos de lesa humanidad. Otros casos significativos en el intento de esclarecer el rol civil y la responsabilidad de los actores financieros y económicos de la dictadura son las causas de Papel Prensa y la de los hermanos Iaccarino, muy similares en los hechos a la de Eduardo Saiegh. En su caso particular, se suma el componente antisemita de los militares, que lo sometieron a los peores vejámenes con una saña que ellos mismos refirieron como “castigo” por ser judío.

Saiegh promovió su querella denunciando extorsión, torturas y desaparición forzada. A todo eso ahora se suma el impulso de la UIF, que intenta demostrar que en el núcleo dirigido por José Alfredo Martínez de Hoz -acusado directamente por Saiegh- cometió el delito de lavado de activos de orígen ilícito. El desapoderamiento de las empresas y del capital privado no sólo era una motivación más al momento de cometer un delito: también era un fin en sí mismo que permitía poner coto al desarrollo de las alternativas económicas que no eran neoliberales. Una vez que encontraron una mecánica para lavar ese dinero, los genocidas se nutrieron de esos fondos para evadir a la justicia y continuar en la ilegalidad sin sufrir grandes dificultades.