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“La violencia en temas de drogas está ligada a la intervención policial: a través de la tolerancia, la complicidad o directamente a través del gobierno o control de los territorios”, planteó Gabriel Bombini, juez de Garantías N°5 de Mar del Plata. Lo hizo en el marco de la 12° Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas que se desarrolló a lo largo de la jornada de ayer en el Senado. En el panel sobre “Violencia urbana, seguridad y drogas”, el magistrado centró su exposición en torno al fracaso de la aplicación de la ley de desfederalización de estupefacientes en la provincia de Buenos Aires y propuso estrategias para abordar la problemática de la narcocriminalidad.

El juez Bombini estuvo acompañado por el sociólogo Pablo Martínez, del área de Información e Investigaciones de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar); Juan Monteverde, referente del Movimiento Giros, de Rosario; el abogado Roberto Carlés, coordinador de la comisión redactora del proyecto de reforma de Código Penal y Ruth Diamint, profesora en la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora independiente del Conicet.

En el Salón Azul de la Cámara Alta, ante unas 500 personas, Bombini basó su exposición en su trabajo como juez de Garantías de Mar del Plata. Desde el año 2005, cuando la provincia de Buenos Aires adhirió a la ley 26.052, que propone el traspaso a la justicia provincial de las causas por tenencia o microtráfico de drogas, su juzgado empezó a recibir causas que antes iban a la Justicia Federal.

A partir de la desfederalización, la justicia provincial comenzó actuar sobre “el final” de las organizaciones, criminalizando “a los sectores más vulnerables: fundamentalmente mujeres de los sectores más degradados, donde la venta de drogas apunta muchas veces a una economía de subsistencia, y a menores de edad o menores adultos”, indicó.

“Son eslabones fungibles (que se consumen con el uso). Su encarcelamiento no afecta el funcionamiento de la economía ilegal”, agregó.

Para Bombini, el principal problema de la ley de desfederalización es que el delito de microtráfico tiene la misma pena que el de narcotráfico a gran escala. “Se cambió la competencia pero no las escalas penales”, criticó.

“La política de desfederalización ha fracasado en la reducción de la violencia urbana y en su intento por perseguir a las grandes organizaciones criminales”, sostuvo  Pablo Martínez, de la Procunar. El sociólogo presentó un estudio estadístico que muestra que en la provincia de Buenos Aires, entre el 2005 y el 2008, las causas judiciales por microtráfico crecieron exponencialmente. Sin embargo, en ese mismo período, las investigaciones de la Justicia Federal contra organizaciones narcocrimnales no solo no se incrementaron si no que se redujeron.

Según el especialista de la Procunar, la desfederalización tampoco avanzó en su objetivo de reducir el uso de drogas. “Es absurdo pensar que el incremento en la persecución de delitos menores va a incidir en la reducción del consumo de estupefacientes, porque no hay vínculo entre la persecución penal y los hábitos de consumo”, sostuvo Martínez.

Nacrotráfico y violencia

Juan Monteverde, referente de Giros, un movimiento con amplio trabajo territorial en Rosario, se refirió al crecimiento de la violencia en los barrios de su ciudad, donde en los últimos años se disparó la tasa de crímenes, que llegó a cuadruplicar la media nacional. “No podemos explicar los homicidios solo por el narcotráfico ni por la desigualdad social, tiene que ver también con el déficit habitacional y con un modelo agroexportador”, sostuvo.

“En Rosario se planteó un modelo de ciudad competitiva en la cual se brindaron facilidades a inversores que fueron el caldo de cultivo para el lavado de dinero. Mientras en los barrios se tercerizó la venta de drogas, en otros lugares se desarrollaron las inversiones inmobiliarias”, explicó y subrayó: “Ahora estamos viendo que la plata no vino solo de la soja”.

El referente de Giros también destacó el perfil de los muertos por la violencia en Rosario: el 40 por ciento de los 264 homicidios que hubo el año pasado fueron jóvenes de entre 15 y 25 años. “Los que matan y mueren por temas de drogas no son los que la disfrutan”, afirmó.