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“Lamentamos que haya un gran ausente aquí, el que dio las órdenes y se llama Fernando de la Rúa”, dijo María Arenas. Fue hoy al final de su declaración en el juicio por el asesinato de su esposo Gastón Riva y de otros cuatro manifestantes, el 20 de diciembre de 2001. Murieron por las balas que dispararon los policías de la policía Federal, en las inmediaciones de la Plaza de Mayo y la Avenida 9 de Julio.

La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, estaba citada para declarar pero no pudo asistir. El tribunal informó que presentaba un fuerte estado gripal. Hebe y otras madres fue atacada con los caballos de la Montada cuando intentaban proteger a los manifestantes en la Plaza

Arena fue la primera testigo de los 45 convocados hasta fines de mayo. En total se espera que por este juicio pasen unos 600 testigos. La esposa de Rivas recordó la tragedia que vivió su familia cuando el gobierno de la Alianza ordenó despejar la plaza. El ex presidente De la Rúa fue sobreseído por estos hechos, pero tanto la fiscalía como la querella que integra el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidieron la revisión de esta decisión en la Corte Suprema, algo que aún está pendiente.

Gastón tenía 30 años y tres hijos con María, de ocho, tres y dos años. Esa mañana salió de su casa para ir a la mensajería en la que trabaja y cuando le tocó llevar unos sobres al centro, se indignó con la violencia de la represión. Se sumó a los manifestantes, y con la moto intentó llegar a la plaza. Poco después de las cuatro de la tarde, María lo vio por televisión: estaba tirado boca arriba en avenida de Mayo, a unos 50 metros de la avenida 9 de julio. Y lo subieron a una ambulancia.

Desde entonces María se aferró a buscar la verdad. “Quería saber si sufrió, si se dio cuenta que se estaba muriendo”, recordó hoy. “Un año tardé en encontrar al fotógrafo freelance que le sacó muchas fotos a Gastón, antes y después cuando la vida se le estaba yendo”, dijo. La búsqueda de María fue intensa: encontró al médico que asistió a su marido en la ambulancia, al chico que iba con él en la moto cuando lo mataron, y se acercó al SIMECA (sindicato de motoqueros) para pedirles ayuda. Hoy le pidió al tribunal integrado por José Martínez Sobrino (presidente), Javier Anzoátegui, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín (juez sustituto), que hagan justicia.

Diego

Esa tarde, apenas a media cuadra de Gastón, las cámaras filmaron la cara ensangrentada de Diego Lamagna, un muchacho de 26 años que había viajado desde Sarandí para sumarse a la protesta. Su hermana mayor, Karina, vivía en Puerto Madryn y hoy recordó que para velarlo necesitaban recuperar el DNI de Diego. Lo tuvo que ir a buscar a la comisaría de La Boca. “Se burlaban a nuestras espaldas: ‘¿Quién era ese negro?’, decían y quisieron darme sus cosas en una bolsa toda ensangrentada, que rechacé”. Lo enterraron el 24 de diciembre. En la sala SUM de Comodoro Py, Karina pidió justicia.

Carlos “Petete”

Después fue el turno de Marta, la mamá del militante del Movimiento de desocupados 29 de Mayo, Carlos "Petete" Almirón. Marta llegó desde Lanús para contar a los jueces que cuando veló al hijo que crio sola, con ayuda de su madre, había cientos de personas, amigos y compañeros de militancia de su hijo a los que ella conoció ese día. “Ellos, Carlos, y su amigo Alberto Esperanza llegaron a la plaza, pero los sacaron”, dijo. Después se quebró: “me lo devolvieron en un cajón”, susurró. No sabe qué paso ese día exactamente, no tuvo fuerzas para reconstruirlo: “yo no pude preguntar, no sé, me hace mal. Me costó todos estos años reconocer que no está, escuchaba la puerta y pensaba que era él”. Carlos tenía 23 años, entonces.

Alberto

Cuando el jueves 20 de diciembre de 2001 De la Rúa despegó a las 19.52 del techo de la Casa Rosada, Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón ya habían muerto por las balas que dispararon los policías de la Federal en las inmediaciones de la Plaza de Mayo y la avenida 9 de Julio. Más tarde, Alberto Márquez, un viejo militante justicialista, cayó con una bala en el pecho en la Plaza de la República, cerca del Obelisco. Su esposa Marta Pinedo estaba con él y hoy recordará ante los jueces las circunstancias de su muerte.

Son ocho los ex agentes de Asuntos Internos de la Federal que esa tarde, cerca de siete y media de la tarde, respondiendo a las órdenes del ex comisario Orlando Oliverio, ingresaron en dos autos y una camioneta por la avenida 9 de Julio, frenaron frente a un grupo de manifestante y se bajaron para disparar contra un grupo de personas que descansaba de las corridas e intentaban volver a la Plaza de Mayo.

Los sobrevivientes

La de Martín Galli fue una declaración extensa. Él estaba en el mismo lugar y a la misma hora en la que Márquez fue fusilado. El disparo lo recibió en la nuca y esa bala sigue en su cabeza. A Galli lo salvó “El Toba” Héctor García, militante en los 70 que tiene a su hermana y a su cuñado desaparecidos, y que ese 20 de diciembre –pese a las balas- se emperró en salvarle la vida a ese muchacho. Y lo hizo. Ante el TOF 6, Martín recordó que ese día después de trabajar fue con un amigo al epicentro de las manifestaciones porque vio como policías de a caballo le pegaban a las Madres de Plaza de Mayo.

—¿Usted milita o militaba en alguna organización? —, le preguntó el defensor Virgilio Loiácono, entonces secretario Legal y Técnico de la presidencia y ahora abogado de Rubén Santos, entonces jefe de la Federal.

—No—, lo cortó Martín—. Pero no entiendo por qué me lo pregunta—, agregó.

En más de dos horas, Martín recordó que los que dispararon “llevaban chalecos de la Policía Federal” y estaban “organizados para reprimir”. “Los caballos entraban todos juntos para que no llegaramos a la Plaza, los hidrantes iban donde tenían que reprimir, y se comunicaban y daban órdenes por radio”. Los defensores advirtieron que había contradicciones con lo que dijo durante la instrucción, pero el joven fue contundente: le llevó tiempo recuperar la memoria sobre lo sucedido, tuvo que empezar un tratamiento porque la angustia no lo dejaba vivir.

Después será el turno de Claudia Aguilera Farías, una joven que esa tarde con sus compañeros de HIJOS, como no lograron llegar a la Plaza de Mayo, se replegaron en la zona del Congreso. Allí, Claudia intentó defender a una mujer ciega que los policías estaban intentando llevarse. Le respondieron con un balazo con posta de goma en la cara. “¿Tengo el ojo?”, preguntaba insistentemente en el calabozo de la comisaría 6° antes que a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) la trasladaran al Hospital Santa Lucía.

El único funcionario del gobierno encabezado por De la Rúa que llega a juicio es el ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov. En el banquillo de los acusados lo acompañan 16 ex policías federales, entre ellos Rubén Santos, el jefe de esa fuerza durante el operativo. Por eso en la sala SUM de los tribunales de Comodoro Py, donde se desarrolla la audiencia, la custodia está a cargo de Gendarmería.