Infojus Noticias

A Juan Gelman, el poeta argentino que murió ayer a los 83 años en tierras mexicanas, lo obligaron a vivir buscando justicia. La dictadura argentina asesinó a su hijo Marcelo y, en coordinación con militares uruguayos, a su nuera María Claudia. Además secuestró durante cuatro días a su hija Nora Eva y lo alejó de su nieta Macarena los primeros 23 años de su vida. En ese peregrinaje por tribunales y estrados, él y su familia recibieron más de un cachetazo, pero lograron, a golpes de obstinación y coraje, resquebrajar el pacto de silencio que rondaba la tragedia desatada sobre sus seres queridos.

Marcelo y Nora Eva

El 24 de agosto de 1976, cuatro hombres de civil irrumpieron en el departamento de su hija Nora Eva en un segundo piso de la calle Medrano, y la encañonaron a ella y su novio Luis Edgardo Peredo. Después de revisar toda la casa, les ordenaron que los llevaran a la casa de su hermano Marcelo Ariel Gelman. Él y su compañera María Claudia García, que estaba embarazada de siete meses, militaban en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y en Montoneros. Los secuestraron y los llevaron al centro clandestino de torturas que funcionaba en un taller mecánico del barrio de Floresta, que en la jerga judicial se lo conoce como Automotores Orletti. Allí, a Gelman y al novio de Nora los torturaron con picana eléctrica y los sumergieron en un barril con agua con las manos esposadas en la espalda: el submarino mojado. Cuatro días después, Nora y su compañero fueron liberados en la zona de Liniers.

Sin embargo, la primera causa judicial sería la que investigó el destino final de su hijo. Se inició en octubre de 1976, a raíz de la denuncia de un prefecto de nombre Juan Mansilla, que cuando se dirigía a su trabajo vio varios autos, un camión y una ambulancia, y unas veinte personas de civil que soltaban bultos al río Luján, en San Fernando. El prefecto denunció lo que había presenciado en la Oficina de Guardia de la Prefectura, que envió una comisión de buzos que hallaron ocho tambores de 200 litros fondeados en el lecho del río. Los barriles estaban sellados y encadenados, y adentro de cada uno, entre una mezcla de cal y cemento, había un cadáver descalzo. Dos mujeres y seis varones.

El expediente -nro. 29.696- que se instruyó en el juzgado federal de San Martín, no llegó a desentrañar la identidad de aquellos cuerpos sin vida, pero sí cómo habían sido ultimados. El informe de la morgue del cementerio determinó que siete habían sido ejecutados con un tiro en la nuca y el otro asesinado de un golpe, unos diez días antes. Los cuerpos fueron sembrados, sin tumba ni nombre, el 20 de octubre de 1976 en el cementerio de San Fernando.

Muchos años después, en una causa judicial iniciada en 1989 en las justicia federal de San Isidro –nro. 4439/89-, el Equipo de Antropología Forense individualizó cinco de aquellos ocho muertos sin pasado olvidados en el camposanto. Juan Gelman supo el 7 de enero de 1990, radicado en México, que su hijo Marcelo Ariel era uno de ellos. Los otros cuatro correspondían a Ana María del Carmen Pérez, los hermanos Ricardo y Gustavo Gayá y Dardo Albeano Zelarayán. Todos habían pasado un cautiverio en los pisos grasientos de Orletti.

Por esos tiempos, el presidente Carlos Menem lanzó los decretos de indulto que incluían a algunos guerrilleros y a los militares de mayor rango que no habían sido amnistiados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final del gobierno de Raúl Alfonsín. Era un perdón que lo incluía por su militancia en Montoneros –también había militado en el Partido Comunista y las FAR- hasta 1979. El poeta lo consideró una ignominia y lo repudió de plano: “Me están canjeando por los secuestradores de mis hijos de otros miles de muchachos que ahora son mis hijos”, le dijo al diario Página/12.

En 1999, Gelman reveló el pasado de Eduardo Cabanillas que todavía era un general en actividad en una carta abierta al general Martín Balza publicada en la contratapa de Página/12. Pero no sería hasta unos años más tarde, después de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que comenzó a juzgarse el secuestro y crimen de Marcelo Gelman (entre otras 65 víctimas que pasaron por el centro clandestino). El jueves 31 de marzo de 2011, después de diez meses de audiencias orales, fueron condenados cuatro ex miembros de la SIDE. El ex general Eduardo Cabanillas, a quién el poeta señalaba públicamente como el responsable del homicidio de su hijo, fue castigado con prisión perpetua, porque a las torturas y secuestros, los jueces del Tribunal le sumaron los cinco homicidios de los tambores del río Luján. Los agentes civiles de inteligencia Honorio Martínez Ruiz, Eduardo Alfredo Ruffo y Raúl Guglielminetti, recibieron penas de más de 20 años.

María Claudia

“A Marcelo lo torturaron y a mi nuera no le pegaron, la trataron bien, le llevaron comida y ropa limpia: la estaban cuidando para alguien”, declaró Berta Shuberoff en junio de 2011, en el juicio que se llevaba a cabo por el plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura. El caso de María Claudia García Iruretagoyena también fue investigado en la causa 13.445/99, más conocida como el Plan Cóndor, cuyo juicio oral comenzó en marzo de este año y está en pleno proceso.

María Claudia, embarazada, fue llevada a Uruguay en un avión clandestino por José Nino Gavazzo, el segundo jefe del Departamento III del Servicio de Información y Defensa (SID) a la sede de ese organismo en Montevideo. Fue una investigación del diario oriental La República, y la indagación personal de Juan Gelman y su mujer, Mara, las que determinaron que María Claudia fue vista en ese lugar por soldados que hacían guardia y por datos indirectos de otros presos, como Sara Méndez. María Claudia fue sacada del centro clandestino para dar a luz en noviembre de 1976, casi con certeza en el Hospital Militar. Luego fueron devueltas al SID, y a fines de diciembre la madre fue retirada. Según un soldado de guardia, los militares Ricardo Arab y Rodríguez Buratti, le dijeron mientras la sacaban: “a veces hay que hacer cosas jodidas”.

Macarena y “Gelman vs Uruguay”

Las abuelas María Eugenia Casinelli de García –una de las doce fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo- y Berta Shuberoff junto a Juan Gelman iniciaron, en plena dictadura, una búsqueda tenaz de su nieta. El 15 de mayo de 1977, Casinelli firmó junto a otras doce abuelas un hábeas corpus colectivo en forma de carta dirigido a la justicia de Morón, en el que denunciaban el secuestro de bebés junto a sus madres. En ese peregrinaje por las entrañas de la justicia, sufrieron más de un revés. Por ejemplo, el habeas corpus presentado a favor de Marcelo el 22 de mayo de 1979, que fue rechazado sin ninguna consideración el 2 de julio de ese año.

Juan Gelman buscó a su nieta sin respiro desde que desapareció María Claudia. En 1983, cuando estaba el exilio, fue al Vaticano y allí un sacerdote le dijo que la niña había nacido. Gelman supo, recién en 1998, del vuelo secreto en el que habían trasladado a su nuera, y comenzó una campaña de presión internacional para que avanzara la investigación.

En el Uruguay de Jorge Batlle no había ninguna ayuda oficial: estaba vigente la Ley de Caducidad, y una amnistía que impedía que se juzgue a militares y policías de la dictadura (1973-1985). Finalmente, con una investigación incansable, llegaron a la joven localizada en marzo de 2000. Había sido entregada al matrimonio Tauriño Vivian, formado por un comisario uruguayo y su esposa, quienes la anotaron como hija propia. La justicia argentina ordenó los análisis de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos y en junio de ese año se confirmó que era María Macarena Gelman García.

En Uruguay, el camino para juzgar a los responsables del asesinato de María Claudia resultó todavía más espinoso. En 2009 la propia Macarena hizo campaña para la anulación de la Ley de Caducidad. Pero el referéndum fracasó. A partir de entonces, Gelman y Macarena denunciaron al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 24 de febrero de 2011, la Corte dictó sentencia favorable condenando al país en el caso Gelman vs Uruguay. Fue la fisura necesaria para agrietar el cerco de injusticia de aquel lado del charco.

A fines de octubre de 2011, el Congreso uruguayo declaró imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Un día después, la Justicia ordenó el procesamiento con prisión preventiva de José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Valentín Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo Medinade por el homicidio especialmente agravado de María Claudia García Iruretagoyena. El 21 de marzo de 2012, bajo el gobierno de José Mujica, el Estado uruguayo acató el fallo de la CIDH y reconoció sus culpas en la violación a los derechos humanos del caso Gelman.