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Entró en vigencia una ley destinada a ampliar los derechos de las personas hipoacúsicas. En Argentina “la discapacidad auditiva constituye el 18% de las discapacidades en el país, la cual se reparte en un 86,6% de dificultades auditivas y un 13,4% de sordera", según un informe del Ministerio de Salud de la Nación publicado en 2012.

 

La ley 26.923 sancionada el 27 de noviembre establece que las empresas prestadoras de servicios de telefonía celular -Personal, Movistar, Claro y Nextel- deberán vender equipos que sean compatibles con ortesis y prótesis auditivas para personas hipoacúsicas.

 

Actualmente esos teléfonos son difíciles de encontrar para las personas que tienen dificultades auditivas. Si los teléfonos celulares no son compatibles con los audífonos, cuando la persona quiere escuchar utilizando de manera combinada los dos aparatos se produce una interferencia que hace imposible la conversación.

 

La  nueva norma establece que en un lapso que determinará la Secretaría de Comunicaciones de la Nación que depende del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, “los precios de los equipos compatibles con ortesis y prótesis auditivas no deberán ser superiores a los precios de equipos del mismo rango sin dicha tecnología”. Al mismo tiempo, el servicio de telefonía celular también deberá tener el mismo costo que el servicio convencional.

 

Las empresas que no cumplan con esta disposición serán apercibidas y luego multadas. El incumplimiento persistente podría significar la caducidad de la licencia para prestar el servicio.

 

El proyecto que dio origen a la sanción de esta norma fue presentado por la ahora exsenadora entrerriana Elsa Ruiz Díaz y acompañado por el también exsenador Daniel Filmus.

 

“Esta ley busca resguardar el derecho a la igualdad y a la no discriminación y evitar que este sector quede al margen de servicios básicos usados en la actualidad. Y los celulares hoy en día no son un servicio de lujo sino que se han convertido en un elemento básico incorporado a nuestra cotidianeidad”, comentó la legisladora el día de la sanción de la ley en el Congreso.

 

La propuesta “se inscribe en el marco general de reconocimiento y ampliación de derechos que este gobierno ha impulsado en la última década, en especial en la búsqueda de asegurar la inclusión social, laboral y económica como ciudadanos de pleno derecho a las personas con discapacidad, trabajando desde parámetros de diseño para todos y de accesibilidad universal”, agregó.

 

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