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Las quejas de los clientes de las empresas de telefonía móvil son permanentes: las llamadas se cortan, la cobertura es débil, el servicio de datos es intermitente y pocas veces funciona el 3G que se cobra en los planes. A esto se suma que es difícil lograr que en los servicios de atención al cliente el que llama para reclamar logre ser atendido por un empleado de la firma. Y que en situaciones de emergencia, como lluvias fuertes, las líneas colapsan. Ayer, en la Comisión de Defensa del Consumidor de Diputados, un representante de las empresas Claro, Personal y Movistar respondió preguntas de los legisladores. 

 

Las empresas fueron convocadas a la reunión de la comisión para que expliquen las persistentes fallas y cortes del servicio de telefonía celular. Asistió Norberto Capellán, presidente de la Cámara de Informática y Comunicaciones, que respondió las preguntas de los legisladores. Según dijeron personas que estuvieron en la reunión, Campellán reconoció que el servicio prestado por las empresas es deficiente. Consultado por Infojus Noticias, Campellán negó haber afirmado eso.

 

Durante la reunión el diputado Julio Solanas, del Frente para la Victoria, se refirió a un conflicto que involucra a la empresa Telecom Personal en la provincia de Entre Ríos. El viernes 10 de mayo la empresa dejó sin servicio a todos los usuarios. La Asociación de Consumidores de Entre Ríos (Adecen) presentó una denuncia en la que está actuando Juan Carlos Albornoz, el defensor del consumidor de la provincia.

 

La Defensoría citó a la empresa a una audiencia de conciliación el 22 de mayo. Telecom Personal no se presentó y los denunciantes ratificaron la denuncia. Adecen pide que la empresa deje de incumplir la ley de defensa al consumidor y que les otorguen un crédito de 200 pesos a cada usuario perjudicado. 

 

Albornoz dijo a Infojus Noticias que, ante la ausencia de la empresa en la audiencia, “fueron imputados ya que se cumplieron los requisitos legales y formales”. “Pedimos –contó- un informe a la Comisión Nacional de Comunicaciones que ratificó que ese día hubo un corte del servicio, en función de eso hicimos la imputación. La empresa tiene hasta el martes 4 de junio para elevar una propuesta”.

 

La denuncia es considerada prioridad por Pedro Baéz, el ministro de Cultura y comunicación de la provincia: "El Gobierno y las asociaciones de consumidores esperábamos respuestas responsables, pero la empresa se dio el lujo de no asistir", manifestó el ministro a los medios locales y sostuvo que el Gobierno provincial insistirá con la defensa de los usuarios.

 

El diputado Solanas presentó el martes un proyecto de resolución para solicitar que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, utilice los medios a su alcance para que “las empresas responsables de los cortes en el servicio telefónico móvil compensen, indemnicen y reparen prontamente los prejuicios ocasionados a los usuarios damnificados. Pretendemos que se apliquen rigurosamente todas las medidas sancionatorias previstas en la normativa”.

 

Otra denuncia

 

Esta semana trascendió otra causa judicial que involucra a las empresas Claro, Movistar, Nextel  y Personal. En este caso no se trata de la calidad del servicio sino de la gestión de los datos de los clientes. La causa se originó en una denuncia presentada por la ONG Consumidores Financieros ante la justicia comercial de la ciudad de Buenos Aires.

 

Fernando Shina, abogado patrocinante de la ONG, explicó a Infojus Noticias: “Detectamos por denuncias que nos llegaron la existencia de una base de datos oculta. Cuando un ciudadano presenta su DNI en cualquier locutorio para pedir un Veraz, le salen unos datos. Pero a los bancos y telefónicas que son clientes de Veraz se les muestra otra información”. Con estos informes, las empresas telefónicas toman decisiones comerciales en base a datos que los ciudadanos desconocen que están en poder de la empresa. Entonces, una persona que cree que tiene una situación crediticia regularizada y quiere comprar una nueva línea a una empresa y esta se la niega en función de una información que tiene de manera oculta. “Hay una duplicidad de los datos”, sostiene Shina.

 

La denuncia se funda en que la ley de datos personales fija un plazo máximo para acumular datos: “Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años”, dice el artículo 26. En la causa, la empresa Veraz reconoció que tiene un convenio con las empresas de telecomunicaciones para administrar las bases de datos.

 

La denuncia presentada por Consumidores Financieros a la justicia sostiene que Veraz borra después de cinco años los datos de la base “pública”, pero no del servicio que le presta a las telefónicas. De esta manera, las telefónicas reducirían el riesgo comercial violando la ley de datos personales. El periodo máximo de cinco años para conservar datos crediticios también fue ratificado en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Napoli contra Citibank, en 2011.