Infojus Noticias

"Se atienden si no a todos, a la mayoría de los cambios propuestos", destacó el secretario de Justicia,  Julián Álvarez, al finalizar la explicación de las modificaciones introducidas en los tres dictámenes de leyes que se aprobaron por mayoría hoy en el plenario de comisiones del Senado. Los principales cambios y agregados fueron producidos en la reforma a la Ley de Abastecimiento,  que es la iniciativa que genera mayor discusión: fue muy criticado por los empresarios, pero defendido por las asociaciones de consumidores. La principal modificación es que se deja fuera del alcance de la futura ley a las micro, pequeñas y medianas empresas "que no detenten posición dominante en el mercado".

Además, se limitarán las facultades de la Secretaria de Comercio para ordenar clausuras temporales y para hacerlas deberá solicitar autorización judicial. Y el nuevo texto elimina la posibilidad de realizar clausuras definitivas, como prevé la ley actual. Pero más allá de las discusiones que generó la reforma a la Ley de Abastecimiento, el proyecto de creación del foro especial fue respaldado ampliamente –sobre todo por las organizaciones de consumidores e incluso por el bloque radical- y el Observatorio de Precios logró apoyos dispares.

Al explicar los cambios, Álvarez preciso que las modificaciones fueron el resultado de un debate. Y eso mismo fue lo que destacó el senador radical Gerardo Morales y saludó la presencia de los secretarios Álvarez y Augusto Costa, de Comercio, junto con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. "La verdad es que aquí hubo un debate y el Ejecutivo tomó cambios. Eso sin perjuicio de que estamos en contra de la ley de abastecimiento", agregó Morales.

Las exposiciones, que se prolongaron durante poco más de cuatro horas, permitieron escuchar las consideraciones de 22 representantes de organizaciones de consumidores y empresarios. Entre los primeros hubo un fuerte respaldo a las tres propuestas del Ejecutivos y sugerencias de realizar algunos cambios menores. Por el contrario, las críticas de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la organización Será Justicia, que reúne a abogados que respaldaron al fiscal José María  Campagnolli, agitaron los fantasmas del freno a las inversiones y hablaron de “inseguridad jurídica”.

Cómo quedaron los dictamenes

Además de exceptuar a las pymes, el dictamen del proyecto de la Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo (Abastecimiento) incluyó la aclaración de que las normas que podrá dictar el Ejecutivo en el ejercicio de las facultades que le otorga la ley son de carácter reglamentario. También establece que las empresas podrán exigir a la autoridad de aplicación la reconsideración de las medidas que adopte, cuando pudieran ocasionarles un grave perjuicio económico.

Se agregó también que la autoridad de aplicación podrá determinar el resarcimiento económico que corresponda por los eventuales perjuicios derivados de medidas adoptadas. El dictamen de mayoría también incluyó que la determinación de las sanciones será en función de la dimensión económica de la empresa y se tendrá especialmente en cuenta el capital en giro. Además, se establece que la extensión de la clausura preventiva deberá ser requerida judicialmente y no podrá exceder el plazo de 30 días.

Los cambios en el proyecto de ley del  sobre el Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo (fuero del consumidor) incluyeron  que la competencia del COPREC y del Juez en las Relaciones de Consumo se determina por el lugar de consumo o uso, por el de celebración del contrato, por el del proveedor o prestador o por el domicilio de la citada en garantía, a elección del consumidor o usuario. Y, además, se suprimió la referencia a los Juzgados Federales de Primera Instancia, aclarando que la competencia que ejercerán las Cámaras Federales en el interior corresponderá a los recursos directos contra las resoluciones del Auditor en las Relaciones de Consumo y las sanciones administrativas aplicadas en el marco de las Leyes Nº 22.802, Nº 24.240 y Nº 25.156.

En el dictamen del proyecto para la creación del Observatorio de Precios se estableció que al integrarse el Observatorio se invitará a los organismos locales, públicos o privados, que por su competencia pudieren resultar interesados.

Respaldo pleno de los consumidores

Las críticas de Funes de Rioja no fueron las únicas. También el titular de Maizar (Asociación de Maíz Argentino, Alberto Morrelli, cuestionó el proyecto y defendió “la transparencia del mercado” para autorregularse en lugar de la intervención estatal. Y otro de los que atacó la posibilidad de que el Estado intervenga ante el abuso de la posición dominante o el desabatecimiento programado o la suba discrecional de precios fue el abogado Guillermo Lipera, quien habló en nombre de Será Justicia y contrapuso la ley a la realización de nuevas inversiones privadas.

Pero los apoyos llegaron desde las distintas asociaciones de consumidores. El primero fue Héctor Polino, titular de la Asociación de Consumidores Libres. "Veintiocho grandes empresas concentran el 80 por ciento de la producción de productos de consumo masivo", subrayó Polino al abrir la lista de oradores, apenas pasadas las 13.30.

Desde la Asociación de Consumidores Argentinos, Fernando Blanco, sostuvo que se trataba de “un hecho histórico para el derecho del consumidor” y la titular de Padec (Prevención, Asesoramiento y Defensa del Consumidor), Isabel Novosad, desafió a los senadores que se oponen a los proyectos: “Existe una gran opacidad en el mercado financiero pero no escuché aquí la preocupación de ningún legislador por ese tema”.

“La ley del mercado es la ley del más fuerte y hasta parece que es más importante que la Constitución. Si hay legisladores que creen que la ley del mercado está por encima de la Constitución deberían decirlo”, insistió Novosad.

Críticas e intereses

"Inconstitucional, inoportuna e irrazonable", dijo Daniel Funes de Rioja, el hombre que envió la UIA para cuestionar el proyecto. Llegó junto al director ejecutivo de la entidad, Martín Etchegoyen, leyó un texto que contaba con el aval del titular de la UIA, Héctor Méndez, y apenas se quedó unos minutos en el Salón Azul, en el primer piso del Senado, donde se hizo el encuentro que fue la continuación del plenario de comisiones iniciado la semana pasada.

Pero en este encuentro no participaron los senadores Ernesto Sanz y Gabriela Michetti, que fueron muy activos durante el debate de la semana pasada, donde estuvieron los empresarios que más cuestionaron la iniciativa oficial.

Funes de Rioja dijo que el proyecto de ley contenía "una delegación discrecional de facultades discrecionales para aplicar discrecionales sanciones que serán irreversibles".  Sentado a unos metros de él, el secretario Costa anotó varias frases pero no le respondió directamente. Las respuestas llegaron al finalizar el encuentro, con el dictamen de mayoría comenzándose a firmar.

"Nos gustaría que los empresarios hablen más de los derechos de los consumidores", reclamó Álvarez a la salida del plenario y Costa completó: "Algunas de las personas que vinieron a discutir, vinieron a defender intereses particulares. Se tomaron las propuestas que tenían que ver con los consumidores".