Infojus Noticias

Los titulares de doce sociedades, entre las que hay mutuales, cooperativas, cerealeras, una cooperativa de vivienda, crédito y consumo, y otras empresas, continuarán en la mira de la Justicia federal por el lavado de 54 millones de pesos provenientes del pago indebido de una deuda que el Estado se encontraba en posición de negociar e, incluso, objetar. Ante la solicitud de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante, la sala IV de la Casación anuló los sobreseimientos con los que en 2013 la Cámara Nacional de Apelaciones había beneficiado a los imputados.

La resolución de la Casación que ahora devuelve la causa a la Cámara de Apelaciones lleva la firma de los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Éste último, consideró que los sobreseimientos se debían revocar. Los otros dos magistrados, con distintos fundamentos, evaluaron que el caso debía volver a la Cámara de Apelaciones, para que evalúen nuevamente las pruebas con las que el juez de instrucción, Sergio Torres, había dispuesto el procesamiento en 2012.

La causa es un desprendimiento de otra que se inició en el año 2008, a raíz de una denuncia presentada por el ministerio de Economía de la nación. Por entonces, la fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) detectó que un grupo de funcionarios de esa cartera habían autorizado el pago irregular de una deuda de reaseguro de la ex Caja Nacional de Ahorro y Seguro (CNAS). “Se autorizaron para afrontar sentencias dictadas en el extranjero (en Inglaterra) cuando el Estado se encontraba en inmejorable posición para negociar”, explicaron a Infojus Noticias desde la UIF. Y puntualizaron: “Era una sentencia que no tenía fuerza ejecutoria en Argentina e incluso podían objetarse, está viciado de nulidad”.

Las maniobras

Los pagos habían sido autorizados en octubre del 2007 por el contador Juan Cayetano Intelisano, titular de la subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de Economía, y se efectivizaron a través de tres cuentas bancarias: 9.173.729,12 pesos a favor de Jorge Rodríguez; 5.396.311,25 pesos a favor de Darío Morresi y 39.393.071,12 pesos a favor de Jorge Roberto Pallavicino. En esa causa, en 2010, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 Julián Ercolini procesó a un grupo de funcionarios de Economía y del Instituto Nacional de Reaseguros (INDER) por administración fraudulenta de fondos públicos  y, entre otros, como partícipes necesarios a los cobradores.

El seguimiento de la ruta del dinero que entró en las cuentas de Morresi, Rodríguez y Pallavicino permitió abrir otra línea de investigación. “Separar el bien de su origen es una de las formas de introducir el dinero al mercado lícito”, explican desde la UIF. Lo que se detectó en este caso es que el dinero ingresado a las cuentas de Morresi y Rodríguez rápidamente entró en una “cadena de endoso y traspaso de cheques”. “Lo que recibió Rodríguez en 19 cheques a favor de Donatel SA y esta los endosó para otras firmas; y lo mismo Morresi que lo hizo a favor de Avincor SA”.

El juez de instrucción Sergio Torres procesó a quienes estuvieron involucrados en la operatoria con los cheques, entre otros puntos, porque entendió que “las firmas involucradas no se ocuparon de averiguar los antecedentes de la procedencia del dinero” y porque detectó “la falta de endoso de esos cheques en el traspaso de una firma a la otra” y “el alto monto de los cheques en comparación con la capacidad operativa de la sociedad que los entregaba”, por ejemplo. Con este argumento coincide la querella encabezada por la UIF, que entiende que los implicados conocían la procedencia ilícita de los bienes que estaban colaborando para introducir en el mercado formal.

MB/LC