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La Cámara Federal de Salta confirmó el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma en Jujuy, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Es por considerarlo partícipe necesario de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, y en particular en la “Noche del Apagón”. También afecta a Alberto Enrique Lemos, gerente administrativo de la compañía.

El Tribunal confirmó el procesamiento dispuesto en noviembre del año pasado por el juez Fernando Poviña, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy. Se los acusa de cómplices en los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada en tres hechos en concurso real, informaron a Télam fuentes judiciales.

Una de las víctimas fue el médico Luis Ramón Arédez, ex intendente de Libertador General San Martín, la localidad donde se halla el ingenio Ledesma. Arédez entró en calidad de detenido desaparecido durante la noche del 24 de marzo de 1976. Según los testimonios recabados durante el juicio, Arédez fue torturado, ejecutado con dos tiros en la cabeza y enterrado bajo los cañaverales de Ledesma. Las otras dos víctimas son Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián.

El fallo reconoció la colaboración de los imputados para llevar adelante las detenciones, al señalar que las fuerzas represivas que operaron durante la madrugada del 24 de marzo de 1976 y los días posteriores, “contaron con la autorización dada para el uso de vehículos de la empresa”. Señaló además que tal colaboración se prestaba desde la creación de la unidad de Gendarmería con asiento en Ledesma.

La resolución estableció que "tal asentimiento fue prestado por el presidente del directorio (Blaquier) y ejecutada por su administrador general (Lemos), ya que tratándose de una empresa de la envergadura y grado de organización que poseía Ledesma, era imposible disponer de sus vehículos y apoyo logístico, sin instrucciones o aquiescencia del presidente del directorio”.

"En suma, dado por sentado (con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal) que existió tal colaboración consentida de parte de la empresa, nada desmiente la imputación que se formula en cuanto que los vehículos fueron entregados voluntariamente y más aún, al no existir registros de dicha circunstancia y al haberse efectuado los operativos en horas de la madrugada del día en que se produjo el golpe de Estado, cabe deducir que había conocimiento de la ilegalidad del operativo", añadió la Cámara.

Antenor Ferreyra, abogado de Adriana Arédez (una de las hijas del ex intendente) no coincidió con el pedido de la fiscalía y la resolución del juez de procesar a Blaquier sólo como cómplice. Para el letrado, el empresario no sólo prestó asistencia logística a los represores con su flota de camionetas, sino que también fue uno de los ideólogos de las desapariciones. “Ellos elaboraban las listas, daban las órdenes y tomaban decisiones. No eran simples colaboradores”, le dijo a Infojus Noticias.

El fallo confirmó también el aporte de Ledesma no sólo la noche en que se verificaron las detenciones ilegales, sino durante los meses siguientes al golpe. La Cámara consideró acreditada la actividad política y sindical de las víctimas, y en particular la de Arédez, quien como intendente había obligado a la empresa Ledesma a pagar impuestos al municipio, de lo que hasta entonces se encontraba eximida. También sostuvo que la actividad política de las victimas generó enfrentamientos con la empresa, los que quedaron acreditados por publicaciones de la época. La Cámara confirmó además la resolución del juez instructor que fijó embargos por un millón de pesos a Blaquier y 500 mil pesos a Lemos.

La querella del juicio denunció amenazas

“Acudimos al programa de protección de testigos y denunciamos ante el jefe de fiscales para denunciar las amenazas, los mensajes intimidatorios y los seguimientos que están sufriendo los testigos”, relató Ferreyra a Infojus Noticias. Además, ratificó públicamente la denuncia de presiones realizadas desde los medios de comunicación locales, “casi todos en manos de los mismos dueños del ingenio Ledesma”, porque desde allí “se amedrenta a la población de San Martín diciendo que si los testigos siguen declarando en los juicios, las empresas se van a ir y van a dejar a la gente sin trabajo”.

A fines de julio de 1976 fueron secuestradas alrededor de cuatrocientas personas, durante la “Noche del Apagón”, de las que 55 continúan desaparecidas. Adriana Arédez es querellante en la causa que inició su madre Olga, fallecida en 2005 por una enfermedad que se produce ante la exposición a la zafra de la caña de azúcar. Ferreyra es su abogado, y también patrocina a la APDH, querellante en la causa Burgos, la otra en la que se investiga la responsabilidad de Blaquier y su empresa en los secuestros, desapariciones y ejecuciones sucedidas en el marco del terrorismo de Estado.

“Blaquier y su gente se manejan ofreciendo dinero a algunas personas, amenazando a otras y presionando al fiscal y a los jueces. Tienen abogados muy influyentes”, insistió Ferreyra. El letrado que defiende al dueño del ingenio Ledesma es Jorge Valerga Aráoz, uno de los ex camaristas del tribunal que juzgó a los ex comandantes de la dictadura en el Juicio a las Juntas, en 1985.

“Son los eternos golpistas de la Argentina”

Ferreyra también se refirió a la campaña impulsada desde el diario La Nación para proteger a la familia Blaquier Arrieta. Para el abogado, “es una barbaridad” que el diario de los Mitre defienda al dueño de Ledesma. “Buscan acompañar a todos los empresarios que están siendo investigados por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad. Ellos han sido los verdaderos beneficiarios del genocidio argentino”, sentenció.

El abogado se refirió así a las causas que investigan la participación de los directivos de las empresas Ford, Mercedes Benz y Papel Prensa, entre otras, en la desaparición forzada y las torturas a las que fueron sometidos trabajadores, delegados sindicales y militantes políticos.

El diario La Nación publicó el lunes pasado un editorial titulado “Organizaciones violentas amenazan a la Justicia”. Allí hace alusión a la supuesta presión que denunció el ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda de parte de la organización política La Cámpora, y que luego no impulsó ante la Justicia –estamento al que pertenece-. También se refirió a un escrache que la organización Tupac Amaru le realizó “al doctor Carlos Pedro Blaquier”, y manifestó con preocupación que “hasta pudo costarle la vida al empresario si el auto no hubiera estado blindado”.

Al día siguiente, el periodista Adrián Ventura publicó en el mismo diario una nota en la que planteó un “Polémico trámite en el juicio a Blaquier”. Allí cuestiona la designación del fiscal que impulsa la causa, Pablo Pelazzo y el procesamiento del empresario. También impugna la designación del juez federal Fernando Poviña, que relevó a Carlos Olivera Pastor, señalado como responsable de dilatar el proceso durante tres años, el tiempo que demoró en llamar a indagatoria a Blaquier.

HIJOS también expresó su repudio al editorial en un comunicado que difundió a través de su web. “Desde sus tribunas de papel apropiado vilmente intentan hablar de ‘la violencia’ supuestamente perpetrada por otros, en este caso organizaciones sociales y políticas”, comienza el texto. Y denuncia: “Fueron ellos, los Mitre, Magnetto, Herrera de Noble y los Peralta Ramos, los que participaron en la violencia del terrorismo de Estado y sus delitos de lesa humanidad”.