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La Cámara de Casación Penal  convalidó la actuación del fiscal Carlos Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), como fiscal ad hoc en el juicio que se le siguió a Luciano Benajamín Menéndez en La Rioja por los asesinatos de los curas Carlos Murias y Gabriel Longueville  en julio de 1976. En el juicio, junto a Menéndez, fueron condenados el ex comodoro Luis Estrella y el ex comisario general, Domingo Vera.

La Sala IV de Casación, integrada por los camaristas Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, confirmó ayer las condenas contra los tres represores y descartó los argumentos de los imputados por considerar que no pudieron justificar de qué forma fueron perjudicados por la intervención de Gonella. Para la defensa de los represores, el fiscal no contaba con la aprobación del Senado. Si la Cámara hacía lugar a este planteo, las condenas podrían haber sido anuladas. A la expectativa por la decisión que fuera a tomar la Sala respecto de los juicios por crímenes de lesa humanidad llevados adelante por fiscales ad hoc se le sumó las acusaciones que giraban en torno a Gils Carbó por haber validado nombramientos en estas condiciones.

“La Sala confirmó la decisión del Tribunal Oral de La Rioja y rechazó los recursos presentados  por las defensas de Menéndez, Vera y Estrella”, dijo a Infojus Noticias, una fuente judicial. “Uno de los puntos más importantes es que se rechazaron los argumentos en contra de la actuación de Gonella. Los tres jueces votaron a favor.

Uno de los puntos más salientes de la resolución de la Cámara es la referencia a la designación de un fiscal ad hoc. “Como consecuencia de ello, toda vez que el supuesto no se refiere a un caso de designación de titular, se rige por lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley nº 24.946 que establece el régimen de sustitución de los miembros del Ministerio Público, hasta tanto se cubra la vacante definitivamente conforme el mecanismo también previsto en la misma ley”.

La semana pasada el fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de Gils Carbó en una causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el nombramiento. La investigación comenzó por una denuncia del senador radical por la provincia de Chubut Mario Cimadevilla. El senador sostiene que Gils Carbó cometió los delitos de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público al nombrar a Gonella.

Por este motivo, el colectivo Justicia Legítima, del que Gils Carbó forma parte, emitió un comunicado donde advirtió que estos pedidos de indagatoria responden “al interés de un sector de la justicia argentina que se resiste a promover una actuación judicial diferente frente a delitos que le importan a la sociedad. Agregaron que este cuestionamiento a los magistrados subrogantes y ad hoc del Ministerio Público “esconde el velado propósito de paralizar el proceso juzgamiento de delitos contra la humanidad y de entorpecer investigaciones respecto de fenómenos delictivos de alta relevancia social”.

“En definitiva, esto es un claro mensaje al interior del sistema judicial, destinado a impedir que el Ministerio Público se organice y sea más eficiente en el cumplimiento de las funciones y deberes asignados por la Constitución Nacional”, finalizaron.

“Se quiere opacar el trabajo que estamos haciendo. Es conocida públicamente la importancia que tiene la Procelac en el marco de la Procuración General, la investigación de la criminalidad económica es central en la gestión actual”, le había dicho Gonella aInfojus Noticias sobre el pedido de indagatoria a Gils Carbó.

El juicio y la condena

El juicio por el homicidio de los curas Carlos Murias y Gabriel Longueville concluyó en diciembre de 2012 con la condena a prisión perpetua de los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella, y el policía Domingo Benito Vera. El Tribunal Oral Federal de La Rioja los encontró culpables de ambos homicidios en  el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

Carlos Murias, franciscano conventual, y Gabriel Longueville, presbítero de nacionalidad francesa, fueron secuestrados el 18 de julio de 1976 en la parroquia del departamento riojano de Chamical y aparecieron asesinados poco después. Trabajaban en tareas sociales junto al obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, quien estaba investigando estos crímenes cuando fue perseguido por una ruta riojana y encerrado por un vehículo. Su cuerpo apareció a 25 metros del lugar donde volcó. Estaba extendido y con la nuca destruida a golpes. La autopsia confirmó que murió por los golpes en la cabeza que le dieron tras haberlo retirado del vehículo, en el que ya había recibido un fuerte impacto en el tórax.

“En la parte de atrás del asiento trasero de la camioneta, Angelelli llevaba una carpeta con documentación de una investigación que estaba haciendo sobre los crímenes de Murias y Longueville. Ese fue el motivo inmediato del asesinato. Y la prueba de eso es una copia de esa carpeta que el oficial Peregrino Fernández vio en el escritorio de Albano Harguindeguy”, dijo a Infojus Noticias, Luis Miguel Burneto, director de Centro Tiempo Latinoamericano, entidad que sigue los preceptos solidarios que marcó Angelelli y que es una de las partes representadas en la querella del juicio por el crimen del obispo que comenzó este lunes en La Rioja.

El juicio oral y público se desarrolla frente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, y tiene como principales imputados a Menéndez y Estrella, ya que todos los demás imputados en el caso: Albano Harguindeguy, Jorge Rafael Videla y el ex policía Juan Carlos Romero fallecieron, por lo que se declaró la extinción de la acción penal.