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"Argentina dio un gran paso. Primero porque se ha revelado la información (sobre los delitos de lesa humanidad) y segundo porque se han hecho memoriales como en el que estamos hoy. Que la ex ESMA sea hoy un lugar histórico donde funcionan organizaciones de derechos humanos, donde funciona parte de la televisión pública del Ministerio de Educación, me parece muy significativo", dijo el relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue.

El representante de la ONU formuló estas declaraciones luego de presentar su informe "Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión" durante un acto en el ex centro de detención de la ESMA, donde estuvo acompañado por el ex juez español Baltasar Garzón; el viceministro de Justicia, Julián Álvarez, entre otros funcionarios del Gobierno.

En el informe presentado primero ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, también disponible en el sitio oficial de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos del organismo, La Rue describe cómo se establece el derecho a la información en virtud del derecho internacional de los DDHH y analiza las limitaciones permisibles del acceso a la información. "El informe para mí era completar el círculo del análisis legal del derecho a la verdad. Como dije, el derecho a la verdad estaba vinculado a la lucha por las desapariciones y para averiguar por los de los desaparecidos, un derecho de las familias de las víctimas. Estaba vinculado a la Justicia, porque la verdad es el primer paso para la justicia. Estaba vinculado a la lucha contra la impunidad", sostuvo.

Y agregó: "Yo insisto en mi informe en que nadie muere mientras tenga quien le recuerde. Y no podemos dejar morir a nuestras víctimas del pasado, a nuestros mártires". "No debemos permitir que el país vuelva a repetir jamás esta historia. Esto implica mantener memoriales, mantener la historia, algo que se va construyendo con un proceso honesto de búsqueda de información", dijo.

Según informó la Agencia Telam, durante el acto el relator especial destacó una vez más que el país ha "evolucionado a conciencia sobre la importancia de documentar el pasado" y consideró que "ese nivel es importante para construir nuestra memoria histórica al igual que contar con esa información para hacerlo. Insisto en que el informe tiene que ver con el derecho a la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos, pero también como en otros derechos".

Por su parte, el exjuez Baltasar Garzón, presidente del Consejo de Administración del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), señaló que el informe cuenta con datos estadísticos y conclusiones que "entran en profundidad en el derecho sobre la información, a las obligaciones de los estados de facilitar esa información a las víctimas o familiares".

El informe de La Rue "entra en un análisis profundo de los límites de esa razón de estado que a veces se anega como excusa para que los ciudadanos no tengan esas fuentes de información que a veces contienen elementos de inculpación en contra de aquellos que de forma sistemática, o desde el Estado, violentan derechos fundamentales", agregó.

Por su parte, el viceministro de Justicia, Julián Álvarez, llamó a profundizar el debate sobre la Ley de Servicios de Comunicación, y dijo que "uno de los aspectos centrales es poder delegar el poder al pueblo. Una de las discusiones centrales que estamos dando es que la verdadera democracia y que esa delegación de poder hacia el votante pueda ser libremente ejercida".

"Cuando mañana estamos a punto de festejar 30 años de democracia, este debate que estamos dando hoy es central para el desarrollo de la institucionalidad democrática que estamos viviendo en nuestro país", agregó Alvarez, quien disertó en el primer panel junto a Garzón y Jorge Grandi, director de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO.

El cierre del acto contó con otro panel que formuló sus comentarios acerca del informe de La Rue y que estuvo integrado por Remo Carlotto, diputado nacional y presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados; Sebastián Rollandi, director nacional de Relaciones Institucionales y Comunitarias de la AFSCA; y Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa y co autora de la Ley de Medios.

Del mismo modo participaron en la lista de oradores Carlos Pisoni, subsecretario de Promoción de los Derechos Humanos; Pedro Mouratián, interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), y Cynthia Ottaviano, Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.