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En diciembre de 1975, María Gregoria Pérez, detenida por la ley “antisubversiva” 20.840, asistía al juzgado como acusada. Desde su detención el 21 de octubre de ese año, había sido torturada de todas las maneras posibles. Tanto que a los veinte días, los verdugos hicieron una pausa por las hemorragias renales y ginecológicas que le provocaron. Después de haberse recuperado, los tormentos se reanudaron. La primera vez les había contado a la jueza federal subrogante Elsa Corsi de Lindström y el entonces secretario del juzgado federal de Resistencia, Roberto Domingo Mazzoni, que la declaración policial había sido firmada después de las torturas, y nada había pasado. Ahora, ante la nueva presencia de Mazzoni y el Prosecretario Domingo Reska (ya fallecido), se negaba a hablar en su indagatoria sin la presencia de un abogado defensor. El aire del despacho se cortaba con una hoja de afeitar. En ese momento entró un joven con un paquete para Mazzoni.

-Le manda a usted un regalo el Señor Thomas.

El señor Thomas era Alcides Thomas, el temible comisario de la Brigada de Investigaciones de la policía de Chaco. En el paquete había un arma de fuego. Mazzoni la saco, la contempló, la revisó y la apuntó hacia la declarante.

-Anote Reska, que la detenida va a comenzar a declarar.

Un guardia que estaba presente le advirtió que el arma estaba cargada. Después le dijeron que su abogado era un hombre de apellido Tissembaum.

Otra de las veces, exhausta de la tortura, se desabrochó un botón y le mostró a Mazzoni las marcas de las quemaduras de cigarrillos. Las varias veces que fue llevada a declarar, Pérez pidió que quedaran constancias y se investigara el suplicio al que la sometían en las dependencias policiales. Incluso ante el juez federal Ángel Córdoba, en diciembre de 1976, cuando ya estaba presa en Devoto. Nunca nadie movió un dedo.

El de Gregoria Pérez es uno de los más graves entre los cinco casos por los cuales el ex fiscal Mazzoni irá a juicio, y uno de los cuatro que se le achacan a su colega, el ex juez federal Ángel Córdoba. Pero no son los únicos. En jurisdicciones de varias provincias, la justicia investiga su pasado: qué investigaron y qué no jueces, secretarios, fiscales y defensores oficiales durante la dictadura. En Chaco, al parecer, nada: en 1975, varios detenidos denunciaron apremios ilegales en la causa 1518/75. El juez que la recibió la separó del expediente principal porque estaba involucrado personal judicial. Nunca llamaron a los denunciantes a declarar. Los médicos los revisaron sólo cuando iban a ser condenados por la ley 20.840, pero nunca cuando revelaron que habían sido atormentados.

El fiscal federal Patricio Nicolás Sabadini, el fiscal general subrogante Carlos Martin Amad, y el fiscal federal de la Unidad de Derechos Humanos, Diego Jesús Vigay, al pedir la elevación a juicio oral, consideraron que los ex funcionarios judiciales habían sido parte de una asociación ilícita, además de cometer privaciones ilegales de la libertad –Mazzoni contra cinco personas; Córdoba contra ocho-, e imponer tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos –Mazzoni, cuatro; Córdoba, nueve-. Les cargan archivar las denuncias en comisarías, no investigar los avisos de torturas evidentes de los detenidos que eran indagados en sus despachos por la ley 20.840 (ley antisubversiva), y el rechazo inmutable de los habeas corpus de los peregrinos que golpeaban a su puerta rogando por sus desaparecidos. Si bien “no llevaron a cabo de modo activo los tormentos ni las privaciones ilegítima de libertad”, dice el documento al que accedió Infojus Noticias, “por sus cargos de Fiscal y Juez Federal al momento de los hechos, revestían especiales deberes de protección frente a la libertad e integridad física de los detenidos” y la omisión de investigar “debe serle imputada como si la hubiesen llevado de modo activo”, opinan los fiscales.

Además, incluyeron en la elevación al penitenciario federal Pablo Casco como integrante de la asociación ilícita, y por el delito de tormentos agravados contra Hugo Alberto Dediu y Carlos Raúl Aranda. Dentro de la Prisión Regional Norte (Unidad 7), donde se registraron torturas sin límite, Casco –68 años, estudios terciarios incompletos- comandaba la “Guardia dura o la Guardia de Casco”.

Otros casos

Aníbal Ponti, el delegado de la Juventud Peronista en la regional IV, de Chaco, fue detenido dos veces. La primera, en marzo o abril de 1974, cuando le volaron -sin orden de allanamiento- la puerta principal de su casa. En la Brigada de Investigaciones lo dejaron unos cuarenta días en los que se usó picana eléctricaen la boca, ano y genitales, todo tipo de golpes y asfixia. Cuando lo denunció anteel médico policial Dr. Grillo, los secretarios Carlos Flores Leyes (f), Mazzoni y Reska (f) y el Juez Federal, le dijeron que las heridas podían ser producto de la falta de higiene. Finalmente le dictaron falta de mérito y en enero de 1975, lo volvieron a detener. Pasó siete años preso.

Mirta Susana Clara y su esposo Néstor Salas fueron detenidos el 5 de octubre de 1975. Fueron llevados a la Brigada de Investigaciones donde Mirta, a pesar de su embarazo, fue torturada. También Néstor. En diciembre de 1975, fueron a declarar al juzgado federal. Contaron de las torturas, que su esposo aún tenía marcas en las piernas por las quemaduras. Reska les dijo que no podían hacer nada. Mirta insistió en el cuidado de su embarazo y en cuál sería el lugar del parto. Mazzoni reaccionó levantando el teléfono y preguntó: “Brigada ¿a la Sra. SALAS es necesario preguntarle algo más?”. En el verano de 1976, el juez Córdoba y el aún secretario Mazzoni la visitaron en la Alcaidía, donde estaba detenida. Volvieron a denunciar lo sucedido, y pidió nuevos cuidados ya que a los tres meses de embarazo había comenzado con contracciones. No logró conmoverlos. Su esposo Néstor Salas fue asesinado.

Un mes antes que al matrimonio Salas, una patota de Gendarmería y de la policía provincial se llevó a Hugo Ramón Barúa. Como casi todos los procedimientos, se hizo de noche, en su propia casa, sin orden de allanamiento ni buenos modales. En una habitación fue interrogado por un gendarme a golpes de puño, mientras otro le apoyaba un arma en el ombligo. Fue llevado a los golpes hasta los autos, que estaban a 300 metros. Todo el operativo había contado con la presencia de Mazzoni. Barúa estuvo preso varios años. Tuvo tuberculosis pulmonar, postrombosis y úlcera varicosa. Su declaración indagatoria, fue tomada en la sede de Gendarmería sin abogado defensor. Flores Leyes lo amenazaba con ratificar una declaración anterior si no quería volver a la Brigada.

Norberto Mendoza, Ricardo Vassel, Osvaldo Uferer, Eugenio Domínguez Silva y Nora del Valle Giménez de Valladares sufrieron torturas similares. Nunca la justicia federal chaqueña investigó sus denuncias, a pesar de que lo hacían a los gritos.

Descargos

Roberto Mazzoni llegó a la justicia Federal de Chaco el 22 o 23 de mayo de 1974 como secretario Penal. El 6 o 10 de agosto de 1976 ascendió a fiscal, donde trabajó hasta el 22 de abril de 1992. El menemismo le dio un nuevo impulso: el 23 de abril de 1992 escaló a Fiscal General hasta diciembre de 2007, cuando se jubiló.

En el expediente, se defendió con un guión ya remanido: que en esa época se manejaban otros conceptos, que había, en el ámbito del juzgado, conocimientos limitados, y que con “el advenimiento de la democracia” se fueron “conociendo cosas” que antes eran “comentarios” pero nunca “certezas”. Y agregó, para demostrar su inocencia, que tenía un primo desaparecido. Lo que podría ser hasta un indicio sólido para refutar su propia versión: no podía desconocer que lo que denunciaban una y otra vez los presos en las indagatorias no era nada descabellado.

Respecto de los hechos, Mazzoni los negó situándose en otro lado. Dijo que era imposible que hubiera presenciado la detención de Ponti,  en enero de 1975, porque siempre veraneaba en Mar del Plata. Recordaba con exactitud la detención de Mirta Clara, el 9 de octubre de ese año, pero estaba en el allanamiento de una estancia llamada “la Sonia”, que le pertenecía a un señor de apellido Bertotti, cerca de General San Martín. Tampoco había participado un mes antes, en la detención de Barúa, porque estaba en el bar “La Biela” donde habían volado el baño con una bomba casera. Jamás, agregó, María Gregoria Pérez le mostró “abriéndose la ropa ante mí” que había sido torturada. Y arguyó la presencia del abogado defensor en esa declaración, como prueba de que nunca pudo haberle mostrado el arma.  

Córdoba llegó al Poder Judicial años antes del Golpe de Estado. En su defensa, dijo que fue recomendado por personas enfrentadas a los militares, y que en 1976 pensó en renunciar, pero no lo hizo porque uno de sus colegas le advirtió que no iba a permitirle futuros reclamos. Y fue aún más lejos: dijo que había sido advertido por investigar un hábeas corpus: “El río Paraná es muy ancho”, le habría dicho una voz anónima al teléfono.

Los fiscales no creyeron sus relatos benevolentes. El tribunal oral que va a decidir si son ciertas, ya debería haberse conformado. Algunos candidatos se apartaron. Otros no pueden por haber participado en otros juicios. No es una labor simpática arremeter, treinta y ocho años después, contra la propia casta.