Liberan el archivo audiovisual del Juicio a las Juntas
Hoy se abre el Archivo Audiovisual del Juicio a las Juntas Militares. En las 530 horas de material fílmico quedaron registrados todos los testimonios, alegatos y la sentencia que tuvieron lugar entre abril y diciembre de 1985. A partir del lunes se podrá consultar en Memoria Abierta.
En el Museo del Libro de la Lengua, a las 6 y media de la tarde se expondrá un fragmento del material del juicio a 9 militares como responsables de violaciones de derechos humanos durante la última dictadura cívico militar.
La Cámara Nacional de Apelaciones decidió que se registrara el desarrollo del juicio en su totalidad con las cámaras de Argentina Televisora Color (ATC). Sin embargo fue transmitido en diferido solo una pequeña selección del material grabado en cada jornada y sin audio. La única etapa del juicio que se transmitió con sonido fue la lectura de la sentencia.
La presentación del archivo estará a cargo de Valeria Barbuto, directora de Memoria Abierta, Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos, Alberto Sileoni, ministro de Educación y un mensaje grabado de Daniel Hernández Ruiperez, rector de la Universidad de Salamanca, la cual colaboró con el proyecto. El panel lo completa León Arslanian, quien fuera uno de los jueces del tribunal.
La actividad se cerrará con una mesa debate donde se encontrarán la antropóloga jurídica María José Sarrabayrouse Oliveira y el sobreviviente del centro clandestino “El Vesubio”, Jorge Watts, con la coordinación del vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Horacio Ravenna.
A partir de mañana estará disponible en la web (www.memoriaabierta.org.ar) el catálogo, con el nombre de todos los testigos y la fecha de su declaración, el Diario del Juicio, fotografías de AGRA, un listado con toda la bibliografía disponible sobre el tema y una presentación del archivo. El lunes, con cita previa, se podrá acceder a las 530 horas de material audiovisual en la sede de Memoria Abierta.
Alejandra Oberti, socióloga y directora del archivo de Memoria Abierta, explicó a Infojus que el material estaba guardado pero no en condiciones de ser consultado por el público: “Las cintas fueron grabadas en el formato que en ese momento usaba ATC y resultaba de muy difícil acceso. Hubo que digitalizarlo para ponerlo a disposición de los investigadores y el público en general”. El uso del material es irrestricto y no se podrá copiar sin autorización de la Cámara Nacional de Apelaciones.
“La justicia en sus procedimientos siempre encuentra cierta tensión con la publicidad de sus actos. Ahora se discute qué hacer con los registros de los juicios actuales. Se está filmando y se está resguardando, eso es lo importante”, agregó Oberti.
La historia del juicio
La causa fue instruida, en un principio, por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas por orden del Poder Ejecutivo el 13 de diciembre de 1983. Frente a la “demora injustificada” del tribunal militar en la instrucción, el 4 de octubre de 1984 la Cámara Nacional de Apelaciones le quitó el conocimiento de la causa al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y continuó los pasos procesales, terminando el sumario y llevando adelante el juicio.
El informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada por Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983, fue presentado en 1985 y relevó la desaparición de “cerca de nueve mil personas”.
Las audiencias orales fueron entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. En septiembre se leyó la acusación de la Fiscalía y entre octubre y noviembre la defensa presentó sus alegatos.
El tribunal integrado por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanian, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D´Alessio dictó sentencia el 9 de diciembre de 1985, fundada en 709 casos presentados durante el juicio. Condenó a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Orlando Agosti a cuatro años y seis meses de prisión, a Roberto Viola a dicisiete años de prisión y a Armando Lambruschini a la pena de ocho años de prisión. Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, también integrantes de las juntas militares, fueron absueltos.
Los jueces que habían integrado el tribunal decidieron en 1988 enviar a Noruega, bajo la custodia del Parlamento de ese país, una copia del material para garantizar su seguridad.
Desde que la Corte Suprema de Justicia declaró en 2005 la inconstitucionalidad de la leyes de impunidad Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987), se reabrieron las causas por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar y ya hay cerca de 400 genocidas condenados.
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