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El reclamo por la urbanización de la villa Rodrigo Bueno llegará mañana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Un delegado, acompañado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) expondrá en la sede de la OEA en Washington los riesgos a los que se enfrentan a diario por vivir en un barrio precario que no tiene cloacas, agua potable, gas y una conexión eléctrica irregular. Darán un panorama de la causa judicial que empujan desde 2005 en la que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se niega a reconocerlos como barrio, a pesar de que existen desde hace casi 30 años.

Diego Armando González, de la manzana 3, será el representante de los vecinos de la villa porteña ubicada a pocas cuadras de Puerto Madero, entre la Reserva Costanera Sur y la Ex Ciudad Deportiva de la Boca. “Es muy importante para nosotros que esta participación siente precedente y visibilice la situación de nuestro barrio”, dijo a Infojus Noticias Luis Espinosa, otro de los delegados de la villa.

La audiencia se titula “Situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes de asentamientos urbanos en América” y se da en el marco de 154° Período de Sesiones de la CIDH. La exposición podrá seguirse en vivo, a las 18.45hs, desde la página del organismo.

Las gestiones para que la CIDH pusiera en agenda la problemática de la vivienda y las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en las villas, favelas o barrios precarios comenzó a mediados del año pasado. La muerte de Gastón, el nene de 13 años que se ahogó en el pozo ciego  de su casa hace poco más de una semana, empujó la decisión de que la Rodrigo Bueno sea el ejemplo que se lleve a Estados Unidos como caso paradigmático en términos de barrios vulnerables.

“La Comisión aceptó tener una audiencia para escuchar a las organizaciones y los fundamentos de por qué ese tema tiene que estar en su agenda de temas. Se escribió un documentos de 50 páginas con casos de todo América Latina que mañana va a estar en la mesa. La muerte de Gastón puso en carne viva lo que le estábamos diciendo a la Comisión en abstracto. No le estábamos contando un cuentito de colores. Las violaciones al derecho a la urbanización y a la integración tenía un caso dramático”, dijo a Infojus Noticias Eduardo Reese, director del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS.

En el barrio todos coinciden en que el fallecimiento de Gastón se hubiese evitado con la urbanización. Su muerte, cuya investigación aún está en trámite en la Fiscalía de Instrucción N°12, es el ejemplo extremo de las vulnerabilidades que atraviesan los vecinos del barrio Rodrigo Bueno todos los días. Su familia construyó un segundo pozo ciego porque el primero no había sido destapado por el gobierno porteño. En ese agujero negro de barro y suciedad se ahogó el nene de 13 años. Los vecinos lo auxiliaron poniendo en riesgo su propia vida. La ambulancia a la que llamaron no pudo entrar porque no hay lugar para vehículos en los apretados pasillos laberínticos de la villa.

“En estos barrios se da una violación a derechos básicos que nosotros englobamos como ´hábitat digno´. El gobierno de la Ciudad ha demostrado ser un incumplidor serial de estos derechos y lo que es peor hay jueces que fallan a favor de estas violaciones”, analizó Reese.

El camino judicial por la vivienda digna

La presentación ante la CIDH llega en un momento clave para el barrio: el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad tiene que expedirse sobre su derecho a ser reconocidos e integrados al resto de la Ciudad. La causa judicial por el pedido de urbanización se inició en 2005 cuando un grupo de vecinos inició una acción de amparo ante un inminente desalojo. Ese año un proyecto inmobiliario detrás del que estaba el grupo IRSA buscaba levantar los Solares de Santa María en el mismo terreno de la Rodrigo Bueno.

Seis años después, la magistrada de primera instancia Elena Liberatori hizo lugar al pedido, ordenando la urbanización. Esta sentencia fue apelada por el Gobierno de la Ciudad. Y el último 30 de septiembre en un fallo divido los jueces Fernando Juan Lima y Esteban Centanaro de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires revocaron la sentencia y rechazaron el reclamo de los vecinos.

Los magistrados sostuvieron que las familias no tenían ningún título que avale la ocupación y que la permanencia en bienes públicos no otorga derecho a reclamar la propiedad. En disidencia, la jueza Mabel Daniele propuso rechazar la apelación del gobierno. Planteó que la demanda se inserta en el contexto “del progresivo empeoramiento de las condiciones de vivienda y de la grave situación de emergencia habitacional en que se hallan sumidos desde hace décadas los sectores más vulnerables”.

Frente a este retroceso, la Defensoría General volvió a apelar y esta vez el expediente recayó en el Tribunal Superior de Justicia porteño. En un carril paralelo, en diciembre la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires junto a la Defensoría General de la Nación presentaron un proyecto de ley para urbanizar el barrio, la iniciativa todavía no tuvo tratamiento.

MFA/RA