Infojus Noticias

La Defensoría General y la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires presentaron un proyecto de ley para “completar la urbanización” de la villa Rodrigo Bueno, detenida por un fallo de la justicia porteña. El mes pasado, la Defensoría General apeló la medida ante el Tribunal Superior de Justicia. Ahora promueve una iniciativa legislativa para que el Gobierno de la ciudad asuma las tareas de integración urbana.

El barrio está sobre la Costanera Sur, en un extremo de Puerto Madero. Junto a la reserva ecológica, en una franja de cuatro hectáreas de tierra, viven alrededor de dos mil familias. Son terrenos ganados al Río de la Plata, junto a la vieja Ciudad Deportiva de Boca Juniors. Si bien en 2011 un fallo de la jueza Elena Liberatori ordenó al Gobierno porteño urbanizar la villa, la Cámara de Apelaciones lo revocó hace tres meses.

El Gobierno porteño argumenta el impedimento para construir viviendas en esa área por las disposiciones del Código de Planeamiento. A la vez, sostiene que el asentamiento es incompatible con la Reserva Ecológica, aunque la historia de la villa se remonta a varios años antes de que se estableciera la reserva, según las constancias judiciales.

El Defensor general, Horacio Corti, aseguró que “el barrio está integrado a la Reserva y a la ciudad” y que por eso sólo resta “completar la urbanización”. Esas tareas implican conectar los servicios públicos y que haya calles “como en cualquier otro lugar de la ciudad”. Explicó que el barrio “se va creando lentamente y algún tipo de servicio llega, pero llega mal”. Dijo que hay riesgo eléctrico con peligro del incendio y que el agua a la que acceden los vecinos no es potable ni accesible en todas las manzanas.

El ex juez porteño considera que el fallo que revocó la decisión de urbanizar el barrio “es insólito”. Y llamó a los jueces a conocer villa: “Han tomado decisiones sin ver a los vecinos, sin venir acá, sin recorrer estas calles”, cuestionó en una conferencia de prensa en el local de la junta vecinal del barrio.

Los delegados habían anticipado en octubre que trabajaban con la Defensoría en la iniciativa legislativa. “No nos quedemos en las casas, preocupémonos por organizarnos para hacer más cosas por el barrio”, dijeron en aquel entonces. La propuesta va acompañada de un proyecto elaborado por arquitectos y voluntarios que se ocuparon de los aspectos técnicos para que la idea sea viable. “Creemos que la Legislatura prontamente aprobará este proyecto”, confió Corti a la agencia Télam.

Alejandro Amor, defensor del Pueblo, planteó que en la ciudad “hay 200 mil personas que no tienen agua potable ni cloacas” y concluyó que eso “es ausencia del Estado”. Sostuvo que “tiene que estar presente donde realmente existe mayor nivel de vulnerabilidad y de exposición de la sociedad”, y explicó que eso significa “integrar socialmente a todos los vecinos”. Adelantó que buscarán replicar esta iniciativa con todas las villas de la ciudad, y llamó a participar a los vecinos.

Desde el gobierno porteño se expresó varias veces la intención de erradicar la villa. Es el reclamo de un grupo empresarial que pretende construir una torre en los terrenos de la antigua ciudad deportiva. Amor descartó esa opción y dijo que la idea es “que no sea problema de un gobierno, sino que sea una política de Estado permanente”. Y resumió: “Queremos instalar una política de Estado para la integración social de todos los barrios”.