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Una nueva jornada en el juicio se llevó adelante contra los dirigentes populares Luciano Nardulli y Diosnel Pérez Ojeda, por presunta “usurpación” durante la toma del Indoamericano en diciembre de 2010. Entre otros hoy declaró el cura José María "Pepe" Di Paola, y la hermana de Bernardo Salgueiro, una de las personas que murió durante la represión. El juicio se realiza en la sede de Tacuarí al 100 que tiene el Poder Judicial porteño. Allí, la jueza  del juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas  (PCyF) N° 21 lleva adelante las audiencias.

Las audiencias continuarán el miércoles y, según explicaron fuentes judiciales, se espera que el viernes declaren los imputados y se realicen los alegatos de las defensas y la querella, paso previo a la sentencia. Hoy ante la jueza declararon cinco testigos que fueron interpelados por Paula Quinteros y Nicolás Tauber, abogados de los imputados.

En diciembre de 2010 el padre Pepe era párroco en la Villa 21-24 y contó que a los imputados los conocía “sólo de nombre”.  Habló sobre la situación en aquel entonces en las villas y “, las circunstancias en las que tomó conocimiento de lo sucedido en el Parque Indoamericano y el modo en que se vinculó con lo ocurrido”, explicaron desde el Poder Judicial porteño. Después declaró Jorgelina Salgueiro, hermana de Bernardo Salgueiro, de 22 años, que murió en aquel diciembre, dijo que conocía a Pérez Ojeda y describió la relación con él y con su familia.

“No se puede tapar el sol con la mano”, le dijo a la jueza el ex legislador Facundo Di Fillipo, al considerar “loco” e “irrisorio” que se lo acuse a Pérez Ojeda de la ocupación del parque cuando “él mismo le había alertado de que había empezado la toma para buscar una intervención en forma pacífica”.

Hoy también declararon Diana Kordon, de la “Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo” (Liberpueblo) y Carlos Chile, secretario general de la CTA Capital. 

El miércoles, en lo que será la última audiencia previo a los alegatos, declararán el premio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel; Gustavo Moreno, asesor tutelar ante la Cámara del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario; y Enrique Fukman, de la Asociación de Ex - Detenidos Desaparecidos” (AEDD).

La audiencia anterior

En la audiencia del viernes pasado, la más extensa de todas las que se realizaron en el juicio, declararon ante la jueza, legisladores, ex legisladores y un periodista de Telefé. Gran parte del debate, se basó en la incorporación de las pruebas en el juicio. El fiscal general adjunto de la Ciudad, Luis Cevasco y la fiscal Celsa Ramírez, a cargo de la Fiscalía PCyF N° 35, presentaron prueba documental, fílmica y de audio. Se incluyeron videos  de canales de televisión y filmaciones de la Policía Federal que registraron los momentos previos a la represión, informaron desde el Poder Judicial porteño

En cuanto a los audios, los fiscales presentaron diversas entrevistas realizadas a los acusados en distintas radios. La defensa pidió la nulidad de la entrevista realizada a Nardulli por “FM La Boca”. También se agregó una copia del decreto que acreditaría que la Corporación Buenos Aires Sur administraba el predio tomado. Se trata de la corporación que inició la denuncia.

“Cada minuto que pasa queda claro que se trata de una persecución política y no se busca conocer lo que pasó en el Indoamericano”, dijo a Infojus Noticias Nicolás Tauber uno de los abogados los acusados.

Augusto Telias, periodista de Telefé Noticias, fue el último testigo aportado por la fiscalía. El viernes relató lo que vio cuando cubrió la toma. Se refirió a la situación que encontró y los cambios que observó con el trascurso de los días.

Después fue el turno de los testigos de la defensa: declararon el  legislador Marcelo Ramal y los ex legisladores porteños Martín Hourest y Rocío Sánchez Andía. Contaron cómo fueron los hechos que precedieron a la toma, los sucesos que presenciaron durante la ocupación, la conferencia de prensa realizada el 8 de diciembre de 2010, las negociaciones de las que participaron entre los ocupantes del predio y la policía, la reunión en Casa de Gobierno realizada para buscar soluciones a la situación de sus ocupantes, explicaron fuentes judiciales. La defensa les preguntó si había habido alguna persona que coordinara la toma o fuera responsable de organizar lo que sucedió. La fiscalía no hizo preguntas.