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“Anoche no pude dormir”. Esa fue la reacción de Diosnel Pérez Ojeda ante la apertura del juicio donde se lo acusa, junto a Luciano Nardulli, de instigar la toma de tierras que tuvo lugar en el Parque Indoamericano. De ser encontrados culpables, ambos estarían enfrentando penas de hasta seis años de cárcel.

Las audiencias que los tiene como imputados a partir del conflicto que se desarrolló en diciembre del 2010 por la ocupación de tierras del predio de Villa Lugano, comenzaron el pasado 16 de octubre en la sede tribunal de Tacuarí 138. Allí, los dirigentes de izquierda Pérez Ojeda y Nardulli ocuparon el banquillo de acusados bajo la causa caratulada en principio como “usurpación de espacio público” y luego modificada a “instigación a la toma del Parque Indoamericano”. Ellos, junto a varios referentes barriales más, fueron señalados por la justicia como los organizadores y coautores de la toma.

“Durante la primera audiencia tuvieron lugar las declaraciones de la fiscalía, entre cuyos testigos se encontraban seis efectivos de la Policía metropolitana y miembros de Buenos Aires Sur, organismo a cargo de la mantención y cuidado del Parque Indoamericano, todos ellos presentes durante la jornada de la toma”, expresó Nicolás Tauber, abogado defensor en la causa y miembro del colectivo Libre el Pueblo. Además, dijo: “Durante la sesión se pidió a los testigos identificar a los acusados para verificar si ellos habían estado presentes durante los disturbios, ante lo cual no pudieron reconocer a ninguno de los dos”.

En la segunda audiencia, que tuvo lugar el viernes 17 de octubre, declararon ante la jueza Cristina Lara otros cinco efectivos policiales y un periodista de América 24; allí tampoco se pudo constatar que los acusados hayan participado de los hechos por los que son acusados. Sólo se logró detallar que “había gente que estaba adentro del parque, que había una barricada y que se habían hecho loteos con sogas”, según explicaron fuentes judiciales.

Uno de los puntos sobresalientes de la causa reside en las versiones opuestas sobre el comienzo de la toma. Según la fiscalía, donde intervienen Celsa Ramírez y Luis Cevasco, se afirma que la ocupación habría tenido lugar a partir del día 6 de diciembre; “Según la evidencia presentada, se sabe que el 4 de diciembre inclusive, ya había empezado la toma por parte de diversos grupos de vecinos”, indicó Tauber. Por otro lado, el comisionado Alberto Ojeda declaró en la segunda audiencia que hasta el 8 de diciembre a las seis de la tarde la “la situación era normal” pero no se había realizado ninguna usurpación.

El Parque Indoamericano había sido tomado por familias de las distintas villas que conforman la Comuna 8 de la CABA, aledañas al predio. Estas reclamaban soluciones habitacionales acorde a lo estipulado por la Ley 1770 de Urbanización. La Policía Metropolitana, con refuerzos de la Federal, realizó un operativo que desembocó en una fuerte represión y dejó un saldo de dos muertos: Rosemarie Chura Puña y Bernardo Salgueiro.

La posible sentencia para los dos acusados alcanzaría los 6 años de prisión, entre la causa de la toma en cuestión y la presunta incitación a volver a tomar el predio días después. “Como la causa en principio valía 3 años, podía resultar excarcelable; por lo cual la fiscalía decidió agregar la segunda causa y sumar en total los 6 años, para lograr una sentencia definitiva”, explicó el letrado defensor.

Los imputados

“Nos han acusado de ser haber sido nosotros quienes empezamos la toma, y quienes organizamos a los vecinos para generar disturbios. Es una acusación sin sustento para hacernos quedar como chivos expiatorios”, afirmó a Infojús Pérez Ojeda, presidente de la delegación vecinal de Villa 20 y militante del Frente Popular Darío Santillán.

Por su parte, Luciano Nardulli, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa, dijo: “Esto, claramente, resulta una persecución política por parte del macrismo, y una manera de sentar un precedente para criminalizar la protesta social”, y agregó “Es muy simple: el Gobierno de la Ciudad en vez de combatir la pobreza, combate a los pobres”.

La toma del Parque Indoamericano, además de derivar en el procesamiento de Pérez Ojeda y Nardulli, abrió una causa sobre las muertes de Bernardo Salgueiro y Rosemarie Chura Puña; ambos fallecidos durante la represión que tuvo lugar durante el desalojo de la toma. Varios peritajes indicaron que las balas utilizadas por la policía durante el operativo habían sido adulteradas con plomo. La causa por los asesinatos, que aún espera una apelación con fecha indefinida, absolvió a 13 efectivos de la Metropolitana que se encontraban implicados en la represión.

Otros involucrados en la causa de la toma, como es el caso del dirigente barrial Alejandro "Pitu" Salvatierra, delegado de Villa Soldati, y Noemí Ruejas, del barrio Los Piletones, llegaron a un acuerdo mediante una mediación penal. Salvatierra, en reiteradas manifestó de manera pública la presencia de punteros del macrismo entre los civiles durante la toma, quienes habrían instigado a generar disturbios entre los ocupantes.

“El problema de fondo en todo esto es la precarización que existe en la zona suroeste de la Ciudad, que es donde mayor concentración de villas hay. El predio que se tomó en principio no es más que lo que el mismo Estado debía otorgar para generar 1600 viviendas, según se aprobó en agosto de 2005”, indicó Nardulli en referencia a la Ley 1770. Además, señaló la represión como una demostración del rasgo “represivo y xenofóbico” que encarnan las políticas de Mauricio Macri.

Diosnel Pérez Ojeda fue uno de los primeros en acompañar y escuchar los reclamos vecinales. “Eso fue lo que me llevó a que me señalen como instigador o provocador. Es una búsqueda del macrismo para juzgar a alguien y lavarse las manos”.

Comuna 8: estigma y pobreza

“Aféctase a la urbanización de la villa 20, el polígono comprendido por la Av. Francisco Fernández de la Cruz, eje de la calle Pola y línea de deslinde con el Distrito U8. El mencionado polígono será destinado a viviendas y equipamiento comercial”, dictamina el artículo 2 de la Ley de Urbanización aprobada en 2005, y pone el foco en el territorio de la Comuna 8, que comprende los barrios de Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano. Esta zona representa el mayor epicentro de villas y barrios de emergencia en territorio porteño. “La toma puso sobre la mesa lo que hoy es el gran reclamo de problemas habitacionales en la Ciudad. Las instalaciones en lugares abandonados son producto es de la necesidad de familias en la precariedad total”, dijo Nardulli.

“Es claro que la posición del gobierno de la ciudad se basa en políticas empresariales que obligan a ignorar la crisis habitacional que atraviesa la zona sur de la Ciudad”, dijo Alejandro “Pitu” Salvatierra a Infojus. “Si se hubiera cumplido con las leyes de urbanización que vienen siendo incumplidas desde hace casi diez años, la toma nunca se hubiera llevado adelante. Pretenden segregarnos entre pobres hacia el Conurbano”.

En la Comuna 8 de la CABA existen unas 20 villas y asentamientos, lo que equivale a un total estimativo de 300 mil personas que viven en situaciones de precariedad urbana, si se tiene en cuenta al 40 por ciento de población que suele quedar marginada de los censos oficiales.

Como testigos en defensa de los acusados, se encuentran acompañando el proceso diversos referentes de la militancia política y por los derechos humanos como Diana Kordon y Enrique Fukman, reconocidas figuras como Adolfo Pérez Esquivel, el legislador Marcelo Ramal, y la diputada Victoria Donda.

Las audiencias continuarán a partir del próximo lunes. El 27, 29 y 31 de octubre continuarán los testimonios propuestos por la defensa y se expondrán los alegatos finales de las partes.