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La jueza María Laura Garrigós de Rébori, titular de la asociación Justicia Legítima, encabezó una conferencia de prensa este mediodía para referirse al inminente fallo de la Corte sobre la constitucionalidad de la reforma al Consejo de la Magistratura. Fue en la sede de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y la acompañaron el fiscal de Derechos Humanos, Jorge Auat, y el defensor general de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Kestelboim. Hoy habían publicado una solicitada en Página/12, titulada “Democracia o corporación”. La presidenta del colectivo compuesto en su mayor parte por jueces, fiscales y defensores, comenzó planteando que “la Corte probablemente esté reunida decidiendo nuestro futuro” y que lo que resuelva el máximo tribunal “va a marcar un antes y un después”.

La conferencia desarrolló lo contenido en el comunicado que se publicó a la mañana, en la que se plantea que “la democratización es una deuda pendiente del Estado de derecho”. En la conferencia, Garrigós, Auat y Kestelboim coincidieron en que “independientemente de lo que resuelva la Corte, este proceso no va a parar hoy”.

La jueza se refirió a la politización de la Justicia, e invirtió los términos. Sostuvo que “la política se ha judicializado”, pero que en el Poder Judicial “la política ya estaba”. Graficó que se ha abierto una ventana que permite “mirar adentro del Poder Judicial y que el Poder Judicial mire hacia afuera”. Tomó los fundamentos de la sentencia a José Pedraza como una muestra de ello.

Auat recordó que cuando se inició el debate, “nuestra propuesta era instalar una discusión postergada” y explicó que el Poder Judicial en su conjunto “no fue atravesado por la democracia”. El fiscal señaló que las reformas “son el mojón, la piedra angular con la que pretendemos comenzar a cambiar la historia”.

Al referirse a la Corte Suprema y el fallo que se espera para hoy o mañana, indicó que “la Corte tiene una oportunidad histórica”. Y agregó: “Esperamos un gesto reflexivo desde el punto de vista republicano, democrático”. Para el fiscal, “no hay ninguna posibilidad de interpretar la Constitución fuera de su anclaje democrático” y por eso, “pensarla como restricción de la soberanía popular es malversar su objetivo y su inteligencia”.

Para finalizar, Kestelboim insistió con en que “la alternativa es la corporación judicial o la democratización que viene siendo retrasada hace 30 años”. Recordó el argumento de las “cuestiones políticas no judiciables” que exponía la Corte Suprema para no tratar determinados temas a lo largo de su historia, y sostuvo que “hoy sí las resuelve, pero debe hacerlo teniendo en cuenta la soberanía popular, eso es lo que esperamos de esta Corte”.

“Democracia o corporación"

En la solicitada que publicó hoy Justicia Legítima se ratifica el respaldo al paquete de leyes de reforma judicial sancionadas por el Congreso, y en especial a la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura. En el texto se afirma que esas leyes “constituyen el andamiaje básico para la tardía democratización de la justicia.

La entidad expresó que la “tardía democratización de la justicia es una deuda pendiente del Estado de derecho”, que brega por una administración judicial “independiente de los poderes formales y fácticos” y del “poder interno del propio sistema judicial”.

“Esta disconformidad se tradujo en un vendaval de acciones judiciales que, por vía del forum shopping, provocaron múltiples decisiones en favor del pretendido derecho al sufragio privilegiado. No sucedió lo propio con los sectores académicos y el abanico de las fuerzas políticas, que trazan estrategias e inscriben sus alianzas en pos de los comicios, como es natural en el juego democrático”, señaló la solicitada.

En su defensa de la elección popular de los consejeros, Justicia Legítima – colectivo abierto a todo ciudadano que comparta los objetivos de la entidad con el único requisito de ser mayor de edad- dijo que no sólo “la ley es compatible” con la Constitución Nacional, sino que consagra “el resguardo de la soberanía del pueblo, la democracia representativa y el consiguiente fortalecimiento de la participación ciudadana”.

Justicia Legítima remata la solicitada señalando que “ante la impostergable necesidad de fortalecer el cambio, ya no queda tiempo ni lugar para sostener inocencias”.