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“Pretenden una democracia tutelada, donde hay democracia siempre y cuando la expresión de los sectores populares no ponga en riesgo sus intereses”, dijo el senador Marcelo Fuentes contra quienes se oponen a la reforma del Consejo de la Magistratura. Fue en el cierre del segundo encuentro regional sobre la democratización de la Justicia, en la ciudad de Neuquén. De la última mesa también participó el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, el senador Miguel Ángel Pichetto, y el subsecretario de relaciones con el Poder Judicial, Franco Picardi.

La actividad tuvo lugar en la Universidad del Comahue, en un aula magna colmada de asistentes, que lleva el nombre de “Salvador Allende”. En la apertura, la rectora Teresa Vega recordó a un estudiante desaparecido hace diez años, Sergio Ávalos. A lo largo de la jornada, relataron sus experiencias y compartieron opiniones distintas personalidades de la política y la Justicia local y de Río Negro. Se destacó la presencia de víctimas de la violencia institucional, ética, cultural y de género, invitados para caracterizar la realidad del complejo entramado judicial de la región.

El senador Fuentes sostuvo que “es una constante histórica que cada vez que se expanden derechos o se limitan privilegios, aquellos sectores que creen afectados sus intereses generan un abroquelamiento despiadado”. Miguel Ángel Pichetto, jefe de la bancada oficialista del Senado, apuntó contra Servini de Cubría y definió como “lamentable” el reciente fallo de la jueza en el que declaró inconstitucionales cuatro artículos de la ley del Consejo de la Magistratura, y se negó a continuar la inscripción de frentes electorales para la elección de consejeros. “Es una disposición más de esta Justicia 'cautelar', que es toda una industria para paralizar la acción del Estado en favor de los intereses corporativos”. Para terminar, llamó a “doblegar a la que es una de las últimas corporaciones conservadoras”.

Para el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, “la reforma del sistema judicial es un debate de las tres décadas de la democracia”. Planteó que la mayor parte de la población tenía una idea del Poder Judicial como algo lejano, de gente muy preparada que resuelve en forma estudiada y profunda. “No era una imagen casual, sino una construcción elitista, de un Poder que se cree superior a los otros dos poderes del Estado”.

Franco Picardi, subsecretario de relaciones con el Poder Judicial, resaltó que la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) envió un modelo de recurso de amparo a todos los Colegios del país para que se realizara una presentación masiva de inconstitucionalidad. “Eso es corporación”, resumió. Alberto Aparicio, delegado de la FACA que votó en contra de la presentación, también participó del encuentro, junto a Carlos Arias, presidente del Colegio de abogados y procuradores de la ciudad de Neuquén. Ambos pusieron de manifiesto la actitud corporativa de la mayor parte de los que componen los dos espacios.

El panel de las víctimas

En el primer panel participó Nadia Díaz, la defensora del pueblo de la provincia de Río Negro. Pidió una Justicia “para el pueblo”, y aludió al caso de Daniel Solano, la investigación sobre la desaparición y presunto asesinato de un joven salteño en el que está implicada la policía rionegrina.
Diego Pereira habló en nombre de la Comunidad Mapuche de Río Negro, y reclamó que “no debe haber una Justicia para los pueblos originarios y otra para todos los demás”. La directora de Afirmación de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Ángela Jaramillo, explicó que la génesis de la legislación sobre pueblos originarios surge en la OIT, porque los núcleos sociales indígenas eran utilizados para el trabajo golondrina.

El auditorio se conmovió con la historia de Ivana Rosales, un caso extremo de violencia de género e institucional. Su marido, Mario Garoglio, intentó asesinarla dos veces: ahorcándola y a golpes. Fue condenado apenas a cinco años de prisión, pero estuvo prófugo hasta que prescribió la pena. Amenazó a Ivana con “quitarle lo más preciado”, pero el fiscal desoyó los pedidos de auxilio. Violó a sus dos hijas y una de ellas se suicidó durante el juicio por los abusos. “Creo que queda claro que esto tiene que cambiar”, cerró Ivana.

Sandra Rodríguez fue la última oradora del panel, la compañera de Carlos Fuentealba. Sostuvo que cuando la Justicia llega tarde, “garantiza la impunidad”. Expresó que “no deben haber más casos como el de Carlos”. Señaló a la Justicia como “cómplice de los victimarios que nos empujaron hasta este lugar”. Antes de terminar, discutió el título de la jornada y sostuvo que “la sociedad no le habla a la Justicia, le grita, le exige respuestas acordes a lo que el pueblo necesita”.

Los paneles técnicos

El constitucionalista Eduardo Barcesat enunció una de las normas nacionales más antiguas, el artículo 3 de la ley 27, donde se establece que “la primera función del Poder Judicial es asegurar la observancia de la supremacía de la Constitución Nacional aún sobre los actos de los otros poderes que entren en contradicción con ella”. A ese texto aludió la jueza Servini de Cubría para declarar inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura.

Barcesat dijo: “dónde estaban estos jueces durante la dictadura, cuando yo enunciaba ese texto en más de 5 mil hábeas corpus y no obtenía ninguna respuesta”. En un rápido repaso por la historia judicial argentina, Barcesat denunció que “desde 1930, el Poder Judicial ha convalidado la usurpación del poder político, la tortura y la desaparición”.

El fiscal general del Tribunal Oral Federal de Río Negro, Marcelo Grosso, relató que cuando comenzó a trabajar en la justicia, tomó un caso de una denuncia de amenazas de una mujer contra su esposo. Cuando desde el juzgado libraron la notificación para citarlos a declarar, se enteraron de que la señora ya estaba muerta y el hombre detenido. Ese primer paso en el Poder Judicial lo conmovió y le marcó la importancia de dar respuestas rápidas.

También participaron de la jornada Alfredo Maisonave, ex presidente del Colegio de abogados de Neuquén; Beatriz Gentile, delegada de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Neuquén; Carlos Arias, presidente del Colegio de abogados y procuradores de la ciudad de Neuquén; y Alberto Aparicio, delegado de la FACA, que recordó que la entidad “en algún momento defendió a muchos abogados perseguidos por impulsar causas justas” y lamentó que ya no sea así. Martín Doñate, legislador rionegrino, concluyó que “lo que la sociedad le pide a la Justicia es que deje de ser corporativa”.