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La cementera Loma Negra volvió a estar en el ojo de la tormenta. Investigada por sus posibles nexos con la represión militar en los ´70, la Procuración General de la Nación produjo un contundente informe que compromete a sus máximos responsables, salvo a su histórica dueña Amalia Lacroze de Fortabat, fallecida en 2012. Las pruebas son irrefutables: el informe demuestra que la empresa obtuvo ganancias extraordinarias en aquella época tras ahorrarse el pago de indemnizaciones y de juicios  laborales. La Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) detectó que la empresa redujo la relación entre el costo laboral y los resultados positivos en un 53 por ciento durante la última dictadura y que a partir de marzo de 1977 "disminuyó abruptamente el monto estimado para afrontar juicios laborales".

El análisis contable también muestra que Loma Negra se benefició con la política económica del gobierno de la dictadura que permitió a las grandes empresas adquirir a baja tasa de interés préstamos en dólares, que luego resultaron licuados con la estatización de esa deuda a partir de octubre de 1982.

Esos resultados, que fueron difundidos por la página fiscales.gob.ar, se dieron “en el marco de la persecución al movimiento obrero y del avasallamiento de sus derechos que caracterizó al terrorismo de Estado”, y coincidió temporalmente con el asesinato del abogado de los trabajadores de la firma, Carlos Moreno, el 3 de mayo de aquél año.  Las conclusiones son parte de un informe preliminar elaborado por la OFINEC, a cargo de la contadora Judith König, en el marco de la asistencia al fiscal Federal de Azul, Walter Romero, quien interviene en la investigación sobre la posible responsabilidad de los directivos de Loma Negra S.A. en la privación ilegal de la libertad, tortura y homicidio de aquél abogado. En abril de 2005, Fortabat y su hija Inés Lafuente vendieron el paquete de control de Loma Negra al grupo brasileño Camargo Correa Cimentos, que pagó por esas acciones 1025 millones de dólares.

Carlos Moreno fue secuestrado en la noche del 29 de abril de 1977, confinado en una chacra de Tandil donde fue sometido a torturas y asesinado el 3 de mayo de ese año con un disparo en el corazón, tras un intento de escape. Moreno era abogado asesor de la Asociación de Obreros Mineros de la Argentina —AOMA— y propulsor de diversas causas laborales contra Loma Negra SA por enfermedades ocupacionales y reclamos por la implementación de medidas de seguridad e higiene que resultaban esenciales.

En marzo de 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata condenó por el caso a prisión perpetua a los coroneles retirados Julio Tommasi y Roque Pappalardo y al suboficial mayor del Ejército, José Luis Ojeda, como responsables de la privación de la libertad, tormentos agravados y el homicidio del abogado. También, fueron condenados a 15 y 11 años de prisión los hermanos Emilio y Julio Méndez, quienes cedieron la chacra que funcionó como el centro clandestino de detención conocido como "la quinta de Méndez". En la sentencia, el Tribunal ordenó impulsar y profundizar una investigación penal sobre el “directorio de la cementera Loma Negra”.

En el marco de esa pesquisa, la OFINEC relevó la información de 118 libros contables correspondientes al período 1975-1983, que estaban secuestrados en la Fiscalía Federal de Azul. "De la tarea realizada surge que la empresa obtuvo resultado negativo únicamente en el balance que cerró el día 31 de marzo de 1976, y que en todos los períodos subsiguientes obtuvo ganancias que se fueron incrementando a lo largo de los años, logrando un pico máximo en el ejercicio que cerró el día 31 de marzo de 1981", subrayó la OFINEC en el informe.

Desde 1975, la empresa "pasó de soportar pérdidas por más de 100 millones de pesos a obtener ganancias que se incrementan a lo largo del período, logrando un pico máximo de casi 150 millones de pesos durante el ejercicio contable que cerró el día 31 de marzo de 1981". La OFINEC infiere que "la empresa logró incrementar su margen de rentabilidad a lo largo del período a través de una reducción de costos, entre ellos, el costo laboral que refiere a los sueldos y jornales de los trabajadores vinculados a la producción".

El documento, en esa parte, explicita: "Esta involución de la participación de los asalariados en el total de ingresos de la empresa se dio en el contexto de persecución gremial, que incluyó el secuestro y posterior asesinato del abogado laboralista Moreno que presentaba las demandas judiciales contra la empresa Loma Negra". En otras palabras, según la oficina del Ministerio Público, "se verifica una abrupta caída en el monto que la empresa reservaba para hacer frente a posibles juicios laborales, que ocurre en el mismo momento en que irrumpe en el poder la Junta Militar y se produce luego el asesinato del abogado que llevaba a cabo esos litigios".

Finalmente, el informe  concluye que a lo largo de la dictadura la empresa se vio beneficiada con una menor presión impositiva, que cayó de representar el 8% de las ventas en 1975/1976 a sólo el 3% en el ejercicio 1982/1983.