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 RICARDO LORENZETTI. El presidente de la Corte estuvo en el ojo de la tormenta  todo el año. Ensalzado por algunos referentes de la oposición, pasó a ser  bastardeado por ellos mismos cuando se conoció su voto por la constitucionalidad  de la Ley de Medios. Meses antes, había acompañado la posición contraria a las  leyes de reforma judicial que impulsó el oficialismo para lograr la democratización  del sistema. Firmó el fallo que declaró inconstitucional la elección popular de los  jueces y abogados que integran el Consejo de la Magistratura, pero reconoció fallas  en el funcionamiento del Poder Judicial. Como solución, propuso que las reformas  fueran impulsadas por comisiones de jueces, secretarios y empleados judiciales. 

 MARÍA LAURA GARRIGÓS DE RÉBORI.La jueza que presidió la Cámara Criminal  y Correccional hasta hace pocas semanas, hoy integra la nueva Cámara de  Casación Penal de la justicia ordinaria. Precoz impulsora de los juicios por delitos  de lesa humanidad, adquirió notoriedad en 1996, con un fallo histórico en favor del  periodista Horacio Verbitsky, querellado por el entonces presidente de la Nación,  Carlos Menem. A partir del surgimiento y desarrollo del colectivo Justicia Legítima,  el grupo de operadores judiciales que milita en favor de reformas en la  administración del servicio de justicia, recobró relevancia en la escena pública, y  sus pares la designaron al frente del grupo.

 HORACIO DIAS. Desde 2005 integra la Cámara de Casación Penal de la justicia ordinaria. Proviene del Tribunal Oral Nº 21, pero tiene una larga carrera que incluye subrogancias en otros dos tribunales, la titularidad de un juzgado correccional, el paso por uno de instrucción y por la Cámara de Apelaciones de San Martín. Hincha de Lanús y fan de Los Redonditos, en los ’90 pateaba los tribunales como oficial de justicia calzado con unas All Star y con el pelo hasta la cintura. Se destaca por su solidez técnica: coronó sus ocho años en el TOF 21 con una explicación llana y coloquial de la condena al sindicalista José Pedraza a 15 años de prisión, y a otros 16 cómplices y  policías, por el asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra.

ALEJANDRA GILS CARBÓ.La procuradora general de la Nación asumió su cargo a mediados de 2012. Sin embargo, en 2013 fue que se hizo más visible su estrategia respecto a la política criminal. Creó procuradurías especializadas para promover la investigación estructurada y la promoción de la prevención contra los grandes ejes del crimen organizado en la Argentina: la trata, el lavado, el narcotráfico, la violencia institucional, y para la investigación de los crímenes de lesa humanidad. El fiscal Guillermo Marijuan pidió citarla a indagatoria por los nombramientos de los fiscales ad hoc, tildándolos de “irregulares”, pero el juez Sebastián Casanello desestimó la denuncia y sostuvo que se trata de una atribución propia de la procuradora.

RAÚL EUGENIO ZAFFARONI. El ministro de la Corte firmó el único voto en disidencia a la declaración de inconstitucionalidad de la elección popular de los integrantes jueces y abogados del Consejo de la Magistratura. Crítico del sistema penal actual, preside la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal, que hace dos semanas concluyó el proyecto de Código que le entregarán a la Presidenta de la Nación. Con su voto en la declaración de constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Zaffaroni selló una pieza de doctrina digna de estudio en lo que respecta a la democratización de la palabra.

GRACIANA PEÑAFORT. La abogada de 36 años sorprendió a todos con su solidez en las audiencias públicas que la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó antes de declarar la plena constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Allí acudió en nombre del Estado, para respaldar los pilares jurídicos de una norma que se destaca por su extendida legitimidad a lo largo y a lo ancho del país. Durante la exposición, hasta les arrancó una sonrisa a varios de los ministros de la Corte. Mucho tuvo que ver su pluma para que fueran viables jurídicamente los reclamos de las organizaciones y de la sociedad civil, expresados en las audiencias públicas que tuvieron lugar durante la gestación de la ley. 

PAULA ASARO. La fiscal debió llevar adelante la instrucción del caso Ángeles Rawson, a punto de concluir. Durante el transcurso de la investigación debió lidiar con hipótesis mediáticas, desviaciones y falsos testimonios que podían desorientarla. Todo quedó zanjado cuando una pericia demostró que había ADN del encargado del edificio, Jorge Mangeri, bajo las uñas de Ángeles. Algunas semanas antes, se había autoinculpado ante Asaro durante una declaración testimonial. Antes de terminar esa investigación, dos nuevos casos resonantes cayeron en manos de la fiscal: el crimen de la diseñadora Celina Bergantiños, y el asesinato del financista Miguel Ángel Graffigna.

OTILIO ROMANO. El ex juez mendocino fue imputado en agosto de 2010 por más de cien delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar bajo su desempeño como fiscal y como juez subrogante. Un día antes de ser destituido, en diciembre de 2011, huyó a Chile con un visado especial por ocho meses, mientras le negaban el “asilo político”. Recién en agosto de 2013, la Corte Suprema de Chile aprobó su extradición y dictó su arresto domiciliario en Viña del Mar. En septiembre finalmente llegó a Mendoza y fue alojado en los calabozos de la Unidad 32 de los tribunales federales. A partir del 17 de febrero, será juzgado junto al también ex juez Luis Miret y otros cuarenta imputados. 

 LILIANA CATUCCI.La magistrada de la Cámara Federal de Casación Penal integra  el máximo tribunal penal desde su creación, durante el gobierno de Carlos Menem.  Junto a Mariano Borinsky y a Ana María Figueroa, conforman la Sala III, la que  confirmó el fallo que condenó a Fernando Carrera por la “Masacre de Pompeya”. El  tribunal confirmó la sentencia por los delitos de robo agravado, homicidio culposo  agravado y portación de arma de guerra sin licencia. Con el voto de Borinsky y  Figueroa, la Cámara absolvió a Carrera del delito de abuso de arma, y le redujo la  pena a la mitad –quince años-. Catucci votó en disidencia, ratificó todos los delitos  y pidió que se lo condenara a veinte años.